Madrid
Las familias españolas afrontan la crisis vírica con un estado financiero preocupante a causa del confinamiento -derivado de las sucesivas prrórogas del estado de alarma-, el cierre de negocios o las restricciones a la movilidad. Como consecuencia de ello, en torno a seis millones de personas en España pueden ver quebrar su sostén económico llevándoles al borde de la pobreza, según los últimos datos aportados por la Fundación Foessa, dependiente de Cáritas.
Este grupo forma parte de la denominada "sociedad insegura", una parte de la ciudadanía que se mueve en el filo de la navaja y que ante una eventual crisis se vería abocada a la pobreza. A esto habría que sumarle, además, el número de personas que se encuentran en exclusión social en España. En concreto, 8,5 millones, el 18,4% de la población, según el último informe de Foessa presentado en junio del año pasado.
La responsable de los programas de inclusión sociolaboral de Acción contra el Hambre, Ana Alarcón, sostiene que la realidad nos muestra que crece el número de personas que necesitan alimentos, que hacen colas en los comedores o que sufren más para llegar a final de mes. "Las familias con hijos y personas dependientes que estaban en situación de riesgo de exclusión ya se encuentran en exclusión por la actual crisis sanitaria. Han cruzado el umbral de la exclusión".
De esta forma, considera que teniendo en cuenta los datos sobre la destrucción del empleo y la precarización laboral, la pobreza va a aumentar exponencialmente. "Además, no solo aumentarán la desigualdad y la pobreza, sino que crecerá el número de trabajadores pobres (aquellos que tienen empleo, pero no es suficiente para que lleven una vida con las necesidades básicas cubiertas)", declara Alarcón.
Vulnerabilidad extrema
En este contexto, el Servicio de Estudios de BBVA también alerta de que un tercio de los hogares de nuestro país se encuentra en una vulnerabilidad económica extrema. Es decir, no cuentan con una hucha suficiente para poder subsistir ni siquiera tres meses. Además, más de 6,18 millones de hogares no serían capaces de cubrir sus costes de vida (alimentación, electricidad, gas, préstamos, móvil, comunidad de vecinos, colegio, universidad, seguros, etc.) con sus propios recursos. De esta manera, si se tiene en cuenta que fue en marzo cuando se inició el estado de alarma, no llegarían a junio sin tener que recurrir a algún tipo de ayuda.
Así, el 16% del total de núcleos familiares, es decir, 3,05 millones, no estaría en condiciones de afrontar todos los gastos ni siquiera un mes, es decir, que ya tendrían que haber necesitado un sustento público o privado. Hasta finales de abril los bancos recibieron más de 525.000 solicitudes de moratorias tanto hipotecarias como para otro tipo de créditos, mientras que cerca de 300.000 autónomos y pequeñas empresas habían percibido una financiación avalada por el Estado.
Un segundo grupo de hogares, indica el documento, se considera financieramente vulnerables; esto es, que aguantarían hasta nueve meses (finales de 2020), lo que supone un 23% del total. Este colectivo está compuesto por 4,31 millones de familias. Por último, habría otros 7,99 millones de núcleos que podrían afrontar sin problemas más de nueve meses y que, por tanto, su situación es holgada.
Dificultades económicas
Tal y como expresa Salvador Busquets, director de Cáritas Barcelona, "después de esta crisis sanitaria, vendrá una crisis social y económica. Estamos empezando a notar las consecuencias y hay que estar preparados".
En Madrid y Barcelona la entidad estima que han multiplicado por tres las peticiones de ayuda que recibían antes del estado de alarma decretado por el Covid-19. En torno al 80% de estas peticiones sociales ha sido para cubrir necesidades básicas, como la alimentación y el hogar (pago de alquileres, realquileres o suministros). En este sentido, piden poner el foco en tres colectivos principales, que son las familias con menores sin recursos, las personas que viven de realquiler y las personas en situación administrativa irregular.
Desde la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) afirman que durante la crisis del coronavirus ha aumentado un 30% la demanda de alimentos. En cuanto a la cifra de personas, su portavoz Ángel Franco, estima que si en 2019 se atendieron en torno a 1.100.000 personas -unas 100.000 al mes-, ahora, a causa de la crisis del coronavirus, atienden a unas 30.000 personas más al mes.
"El confinamiento ha afectado mucho, puesto que ha bloqueado y dificultado el voluntariado, ya que la mayoría de los voluntarios son personas mayores o jubiladas que al ser población de riesgo no pueden ayudar. Además, la crisis y el estado de alarma han hecho que crezca el número de desempleados, de personas con Ertes, etc.", apunta Franco.
En este sentido, el estudio de BBVA Research concluye que las dificultades por las que están atravesando los ciudadanos se reflejan, entre otros fenómenos, en el volumen de moratorias hipotecarias, en el número de Ertes presentados por las empresas, así como en la financiación que se está demandando a la banca para evitar tanto quiebras como cierres masivos.
