Economía

¿Se puede vivir con una renta básica de 590 euros al mes? La propuesta para acabar con la pobreza severa en España

  • Oxfam Intermón propone un plan que daría cobertura a 10 millones de españoles
  • Supondría un gasto de 6.405 millones de euros, un 0,55% del PIB
  • Para sufragarla, apuesta por mejorar la progresividad del sistema fiscal
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El relator de la ONU sobre la extrema pobreza explicó hace unos días sus conclusiones sobre la realidad de España. En su informe, reflejó la existencia de dos Españas que conviven, una de ellas pobre y que lucha por sobrevivir frente a la que no tiene problemas para llegar a final de mes. Para acabar con la primera, recomendaba la implantación, entre otras medidas, de una renta mínima nacional que aliviase las urgencias de aproximadamente un cuarto de la población, la que se encuentra en situación de pobreza (un 26%, según los datos de Eurostat). Oxfam Intermón calcula que, para acabar con buena parte del problema, los hogares españoles más vulnerables deberían asegurarse una renta mensual de al menos 590 euros.

En pleno debate sobre la idoneidad o la cuantía de este ingreso garantizado, la oenegé ha publicado el informe 'La hora de rescatar a las personas' en el que, además de defender esta medida, ha puesto cifras al proyecto de renta básica, 590 euros mensuales como cantidad mínima que necesitarían los hogares españoles, una base que se vería aumentada después de acuerdo con una serie de complementos.

Para elaborar este esbozo de renta mínima, Intermón establece dos grupos de población que podrían recibir esta ayuda permanente. Primero, el que forman todos los hogares "por debajo del umbral de pobreza severa" (40% o menos de la mediana de ingresos), que tendría derecho a 590 euros mensuales, más 150 euros por menor de edad. Segundo, el constituido por los hogares "por debajo del umbral de la pobreza relativa" (60% o menos de la mediana de ingresos), que cobrarían al mes 100 euros por menor de edad a su cargo y 150 en el caso de familias monoparentales.

Estas cantidades podrían complementarse con las diferentes ayudas procedentes de las Comunidades Autónomas y la Administración, a las que invita a "estimular el empleo o costear los gastos de vivienda". En todo caso, Intermón es crítica con el sistema y cuestiona su fiabilidad al adolecer de ciertas limitaciones como su escasez, su temporalidad, su condicionalidad, la dificultad burocrática para su acceso o la dependencia de la situación presupuestaria, entre otros.

Intermón calcula que casi diez millones de españoles podrían tener derecho a esta renta, que supondía un coste para el Estado de 6.405 millones de euros, un 0,55% del Producto Interior Bruto (PIB).

Para conseguir los fondos necesarios, Intermón apunta a una optimización de la política fiscal "mejorando la progresividad del sistema" mediante una aproximación de los tipos marginales de las rentas del ahorro a las del trabajo en el IRPF, ampliaciones en las bases imponibles en el Impuesto sobre Sociedades y un mayor esfuerzo en la lucha contra el fraude fiscal y la armonización territorial del impuesto sobre el patrimonio.

La puesta en marcha del Gobierno de coalición supone una puerta abierta para el establecimiento de un Ingreso Mínimo Vital

El debate sobre la conveniencia de una renta básica para los ciudadanos se ha reactivado tras la puesta en marcha del Gobierno de coalición. Uno de sus integrantes, Unidas Podemos, se ha mostrado a favor de un "ingreso básico generalizado" que los morados llevaron en su programa electoral cifrándolo en 600 euros por persona, que de manera progresiva podría llegar a los 1.200 en función de los miembros del hogar.

Sin embargo, el acuerdo de Gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos no habla en ningún momento de cifras y se limita a desarrollar un "Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social que tendría una fase inicial con el "aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables" y que cristalizaría finalmente en un "mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".

Pablo Iglesias, actual vicepresidente de Derechos Sociales, aseguró hace una semana que desde su cartera ya se está trabajando en ello, con el objetivo de conseguir "la puesta en marcha de una prestación estatal de la Seguridad Social que mejore sustancialmente la implantación de una garantía de ingresos, como un derecho ciudadano para toda la población". Según sus planes, afectaría al mismo rango de personas (cerca de 10 millones de personas) que contempla la idea de Intermón.

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