El presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, lo expresó gráficamente esta semana: "Sánchez nos quiere meter la mano en el bolsillo". El programa socialista pasa de puntillas sobre la subida de impuestos. Después de un amplio sumario sobre aspectos sociales se refiere a la justicia fiscal, que consiste en que "quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales". Lo que el PSOE esconde: habrá subida del IRPF para las rentas que superen los 60.000 euros.
En este apartado, sin llegar a mencionar siquiera el IRPF, hace solo mención a una progresividad que "no conllevará ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos, y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes para acomodarla a los ingresos de los ciudadanos". El jefe de Política Macroeconómica y Financiera, Daniel Fuentes, uno de los pesos pesados del Gobierno en materia económica se confesó abiertamente en el debate celebrado esta semana por elEconomista. "No hemos renunciado a la subida de impuestos a las rentas altas" y posteriormente la situó a partir de los 60.000 euros.
En el programa electoral ha desaparecido toda mención a los impuestos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negó que vaya a producirse y atribuyó su inclusión en el proyecto de Presupuestos a "la necesidad de incorporar la propuesta de Unidas Podemos".
A la luz de estos datos y manifestaciones, está claro que los socialistas esconden la subida tributaria, que piensan aplicar cuando lleguen al Gobierno.
La coincidencia de su programa con el de Unidas Podemos no concluye aquí. La semana pasada, en la clausura del congreso de la Empresa Familiar, escuchamos cómo la ministra de Hacienda se lanzaba contra la Comunidad de Madrid por la bonificación de más del 90% que aplica en los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones. Montero amenazó con suprimir estas bonificaciones si vuelven a gobernar y armonizar estos tributos.
Un mensaje en el que insistió Pedro Sánchez el miércoles, en su primer mitin de campaña en Cataluña. El presidente en funciones aprovechó, paradójicamente, para azuzar a los catalanes porque pagan más impuestos que los madrileños. Uno de los señuelos utilizados por los independentistas para movilizar a sus seguidores.
Los socialistas olvidan que la competitividad fiscal es una las normas que rige el funcionamiento de la UE, donde se preconiza que los territorios más eficientes en la administración de sus recursos puedan ofrecer ventajas fiscales a sus ciudadanos o a sus empresas.
Este es el caso de Irlanda, con un Impuesto de Sociedades del 12%, o de algunos países del Este, así como de Holanda o Luxemburgo, que atraen inversiones gracias a la baja fiscalizad a las empresas.
Otras autonomías como Andalucía también podrían haber bajado los impuestos como ha hecho Madrid
¿Podría haber bajado los impuestos autonómicos Montero en los cinco años (2013-2018), que ejerció como consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía, si hubiera gestionado bien? Probablemente, sí.
La etapa de la ministra de Hacienda en Andalucía fue catastrófica. El nuevo gobierno de Juanma Moreno se encontró con un agujero de 8.426 millones en subvenciones sin justificar, derechos pendientes de cobro, como multas o recargos, y sentencias judiciales sin un registro centralizado.
El último descubrimiento fue la desaparición de 1,8 millones de vacunas de la gripe propiedad de la Sanidad pública andaluza.
El argumento de que Madrid obtiene mayores ingresos tributarios porque alberga a la gran mayoría de organismos públicos está falseado. El efecto sede de la capital española está descontado en el cálculo del reparto de la financiación autonómica. Por este motivo, es la autonomía que más aporta y menos recibe de los fondos de compensación o de solidaridad autonómicos.
Los datos obtenidos son contundentes. Madrid incrementó la recaudación de los tres impuestos tras su bajada. El recorte sirvió para atraer nuevos contribuyentes y sacar a la luz otros ya existentes.
Se trata, además, de tributos trasnochados, que desaparecieron en la mayoría de países de la UE.
El de patrimonio, en concreto, sólo está en España y Francia. La subida hasta el 75,% por parte del anterior presidente socialista, François Hollande, provocó una estampida de grandes fortunas que se domiciliaron en países vecinos como Bélgica.
En España no serviría más que para acelerar la huida de capitales que se está produciendo hacia Portugal, donde se abona sólo un 20 por el Impuesto de la Renta. Hasta el político de Ciudadanos, Marcos de Quinto, se sintió atraído por su fiscalidad.
Otra ministra, la de Economía, Nadia Calviño, reconoció en una entrevista el pasado fin de semana en El País que entre sus planes está adoptar la fiscalidad verde. Un eufemismo para disimular el alza de gravámenes al diésel, como también confirmó Daniel Fuentes en el debate celebrado por elEconomista.
El empeño en que desaparezcan los vehículos de combustión en un par de décadas por parte de la ministra más talibán del Gobierno, Teresa Ribera, es una de las causas que ha contribuido a la clausura de la fábrica de motores de Ford en Valencia.
El discurso de la ministra de Transición Ecológica está incendiando la industrial automovilista española, que mueve el 8,5% del PIB.
Calviño está obliga a cuadrar las cuentas después de los dos toques consecutivos que ha recibido desde su añorada Bruselas. Primero, la Comisión Europea le advirtió del "grave riesgo" de desviación del ajuste fiscal acordado, que se está quedando corto en 6.600 millones.
El pasado 10 de noviembre recibió una nueva misiva del aún comisario de Economía, el socialista Pierre Moscovici, en la que le conmina a "obtener un incremento de ingresos o una reducción del gasto", que crece a tasas del 3,8%, casi dos puntos por encima de lo pactado por Bruselas.
Previsiones de recaudación, como la relativa a Sociedades, son hoy por hoy imposibles de cumplir
Los socialistas son alérgicos a los recortes, pese a que queda aún muchísimo por hacer, y los ingresos tributarios están estancados y con tendencia a la baja. Sobre todo, en Sociedades, donde la previsión de incremento de los ingresos cercana a dos dígitos es imposible de cumplir.
La única vía que les queda es una gran subida de los impuestos para cuadrar los números, como puede verse.
Esta semana, desde el Gobierno se dio mucho bombo a los datos facilitados desde la Oficina de Estadística de la Unión Europea, (Eurostat) sobre la presión fiscal. En España está en el 35,4% del PIB, seis puntos por debajo de la media de la Unión Europea (41,7%) y más de diez puntos inferior a Francia (48,4) ó Bélgica (47,2), los primeros del ránking.
Nos están preparando para meternos la mano en el bolsillo, como dice Zulueta. Sin embargo, silencian que la presión fiscal creció siete puntos sólo en 2018, el primer año de Pedro Sánchez en la Moncloa, y que la diferencia con la UE se debe a que cerca del 20% de la economía permanece sumergida.
En consecuencia, las cargas fiscales recaen sobre el resto de los contribuyentes, que pagamos igual o más impuestos que en el resto de Europa, pese a que nuestro poder adquisitivo está por debajo de la media de la UE.
La izquierda está obsesionada con incrementar la inversión púbica para salvar el bache de casi cinco puntos con la Unión Europea en gastos de sanidad y educación a base de más impuestos. Pero no se dan cuenta, que lo único que van a conseguir es espantar a los inversores y asustar a los empresarios, los verdaderos creadores de riqueza, además de incrementar el desempleo y agrandar los déficit públicos.
Sería, además, conveniente que, en un gesto de transparencia, expusieran sus ideas con claridad en lugar de esconderlas como hace el PSOE en su programa, para que todos sepamos qué votamos el 10-N.
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