Las medidas que tome el próximo Ejecutivo saliente de las elecciones del 10-N en el campo de la política fiscal serán cruciales para el desarrollo de la competitividad de la economía española en el entorno internacional. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del Índice de Competitividad Fiscal 2019 publicado este lunes por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) que muestra como la presión fiscal normativa en España es un 8% superior a la media de la Unión Europea.
Un dato que viene a desmentir el pensamiento de que los españoles soportan menor carga impositiva que nuestros vecinos de la eurozona y que pone en entredicho la conveniencia de la introducción de nuevas figuras fiscales ya que podrían mermar la competitividad de la economía. Así, España se encuentra en el puesto 23 de 36 en la clasificación general, muy por encima de la media, de modo que solo un tercio de los países de la OCDE, 13 de ellos concretamente, tienen una peor competitividad que España.
Sobre esta base de que nuestro país tiene una menor eficacia tributaria que los vecinos del entorno comunitario el IEE recuerda que "la estructura del código tributario de una país es un factor determinante de su desempeño económico". Así, señala que desde la perspectiva del potencial crecimiento a largo plazo y de la creación de empleo resulta relevante la comparativa de la presión fiscal que soportan las empresas, que en España se encuentra en el 10,5% frente al 9,3% de media de la UE.
Además, en cuanto a los ingresos generados para las arcas públicas, según datos de Eurostat, la proporción de la recaudación procedente de las empresas es de un 30,4% mientras que en la UE se encuentra en el 26,2%.
En este contexto, según el Índice de Competitividad la presión fiscal normativa sobre el impuesto de Sociedades en España es un 16% superior a la media de la UE. "El impuesto sobre las empresas debe ser revisado con el ánimo de reducir los tipos nominales efectivos hasta situarlos por debajo de la media de la OCDE", apunta el Instituto arrojando la necesidad de "preservar un enfoque territorial" en la aplicación de la medida.
Avanzar en la competencia internacional
En este sentido, desde el organismo dirigido por Gregorio Izquierdo Llanes se recuerda que "la introducción de nuevas figuras fiscales aumentaría la complejidad del sistema tributario y crearía nuevos obstáculos para la actividad empresarial, lastrando el atractivo fiscal de España". En este sentido, aboga por que cada nueva introducción impositiva debe ir acompañada de la corrección de la doble imposición que pueda generar en sobre Sociedades "mediante su deducción en cuota".
Además, en lo referente al Impuesto de Patrimonio, el IEE explica que los tributos que gravan la riqueza "generan un exceso de gravamen desproporcionado en la medida en que condicionan las principales decisiones de los agentes económicos que alcanzan a la elección del lugar de residencia y transmisión de activo". Así, según el informe, la tributación patrimonial de España e encuentra en el puesto 32 sobre 36 anotando un suspenso en la materia (2,9 puntos sobre 10). Una situación "que limita los recursos disponibles para la inversión y la producción, además de reducir los incentivos para el ahorro".
En el caso del Impuesto de Patrimonio, Italia y España son los países con peor puntuación, puesto que el país transalpino aplica hasta tres tributos diferentes, dependiendo del tipo y de la localización del activo. En España, Patrimonio se aplica con tipos progresivos que varían entre el 0,2% y el 2,5%, tomando como referencia toda la riqueza neta del contribuyente. "Estos tributos generan numerosos desincentivos al ahorro y al trabajo, a la inversión y a la asignación eficiente de recursos, lo que daña el crecimiento económico a largo plazo", señala el informe del IEE.
Y en cuanto a los impuestos sobre el consumo, que gravan las compras de bienes y servicios de los individuos a través del IVA, desde el Instituto Económico apuntan que se trata de una de las vías más eficaces para mejorar la recaudación del Estado al "excluir el consumo de inputs de la base", si bien advierte de que en el caso español esta figura está diseñada de tal manera que "genera distorsiones" al crear regímenes diferenciados que alejan el tipo efectivo (15%) con el objeto legal (21%). Cabe recordar que el tipo impositivo medio aplicado en la OCDE es del 19,1%.
