Madrid
El programa electoral que el PSOE presentó esta semana permite dejar volar la imaginación, al menos en el campo fiscal. Los socialistas anuncian en él una reforma tributaria que no queda definida -más allá de la puesta en marcha de las tasas Google y Tobin, y la profundización en una fiscalidad más verde- y en la que no se concreta qué figuras fiscales se tocarán. Sin embargo, según ha podido saber elEconomista, parece claro que el IRPF estará sujeto a cambios si Pedro Sánchez permanece en Moncloa. Concretamente, se buscarán las alianzas parlamentarias necesarias para promover una subida de este impuesto en las rentas a partir de los 60.000 euros, que es el último tramo de este tributo a día de hoy.
Y todo ello a pesar de los mensajes contradictorios que han venido transmitiendo tanto Ferraz como Moncloa en los últimos tiempos respecto al futuro de este impuesto. Cabe recordar que su subida estaba incluida en la actualización del Plan de Estabilidad que el Gobierno enviara a la Comisión Europea a finales de abril. En él, se especificaba un alza de dos puntos de los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros, así como subidas en el tipo del ahorro.
Sin embargo, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, descartó recientemente esta medida, cuya inclusión en los planes del Gobierno se debió al pacto presupuestario con Unidas Podemos, según argumentó. El propio Sánchez, esta misma semana, ahondó en esta idea. Aseguró que no se iba a tocar el IRPF porque la ciudadanía está "cansada de ver que aquellos que cobran por la nómina y aquellos que tributan por rendimientos de capital sean siempre los paganos de las subidas de impuestos".
Sin embargo, la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celáa, en la entrevista concedida a elEconomista admite los planes del Gobierno en este marco. Ante este desconcierto, fuentes socialistas consultadas por este medio reconocen los planes socialistas para reformar el IRPF de las rentas del trabajo a partir de más de 60.000 euros, aparte de los planes conocidos de aumentar la tributación de las rentas del ahorro, aunque no se hayan incluido en el programa electoral.
Fórmulas
Lo que no está claro es cuál es la fórmula que van a proponer los socialistas ni qué tramos van a añadir al IRPF. Las fuentes citadas indican que tal iniciativa se tomará si se logran suficientes apoyos en el Congreso de los Diputados y será solo parte de su estrategia para lograr más justicia fiscal y gravar más a las clases altas, una línea similar a la que ya han puesto sobre la mesa, pero con medidas concretas, Unidas Podemos y Más País.
Cabe recordar que las propuestas en este campo de los partidos de izquierdas y derechas no pueden ser más antagónicas, puesto que si bien las formaciones progresistas apuestan por alzar este tributo, PP, Cs y Vox quieren rebajar los tramos.
Lo cierto es que la medida de alzar el IRPF, aunque sí estaba incluida en los Presupuestos alternativos que presentó el equipo de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, no se incluyó en el programa electoral del 28 de abril. Sin embargo, cabe recordar que los portavoces del PSOE han insistido en que su hoja de ruta económica y fiscal para la futura legislatura estará diseñada de acuerdo al proyecto de Cuenta que no pasó el corte de la Cámara Baja a principios de este año por la oposición de la derecha y los partidos independentistas y en los que sí estaba incluida la subida fiscal.
Pero lo cierto es que, como indican fuentes socialistas, el contexto económico ha cambiado y seguramente estas medidas tendrán que ser adaptadas. En esta situación pueden acabar algunas de las propuestas con más calado de los socialistas, como la reforma del Impuesto sobre Sociedades para que las grandes empresas tributen una tasa mínima del 15% y para limitar las exenciones para evitar la doble imposición.
Con el conjunto global de medidas, los socialistas ambicionan lograr unos 5.654 millones de euros en 2020. Sin embargo parece difícil que esta recaudación se logre teniendo en cuenta que la reforma fiscal no se podrá activar hasta bien entrado el año. De hecho, algunas de las medidas con mayor margen de impacto, como el impuesto sobre los servicios digitales y el de transacciones financieras, se tendrán que tramitar como proyectos de ley independientes, cuya gestión dura de media seis meses.
