Los números de Susana Díaz siguen trayendo cola. La nueva administración andaluza ha detectado -con el soporte técnico de la Cámara de Cuentas- un agujero contable de más de 8.000 millones de euros, cuyas fuentes proceden básicamente de libramientos sin justificar (subvenciones), derechos pendientes de cobro, como multas, impuestos, recargos, y sentencias judiciales sin registro centralizado, cuya factura, se eleva entre 2016 y 2018 a 743 millones de euros.
Además, pervive la deuda con los consistorios de la región, a los que se les deben miles de pequeñas facturas impagadas de tasas y de impuestos municipales, lo que todavía no se ha llegado a cuantificar por las discrepancias entre las administraciones.
La Junta ha creado un grupo específico de funcionarios de Hacienda, dedicado, en exclusiva, al análisis y búsqueda de soluciones
En definitiva, 8.426 millones de euros que afloran de la gestión de los distintos gobiernos socialistas, siendo el de Susana Díaz el que más déficit concentra en los análisis financieros. Por todo ello, el Gobierno de Moreno Bonilla ha establecido un plan de choque para estudiar los aspectos que fallan, modernizar la administración, agilizar los trámites, mejorar los cobros y los pagos, y sobre todo actualizar una contabilidad que hoy resulta opaca, para lo que se ha creado un grupo específico de funcionarios de la Consejería de Hacienda que estará dedicado, en exclusiva, al análisis y búsqueda de soluciones.
"El gran problema -reconoce la Junta a elEconomista- es que la documentación con la que trabajan las administraciones todavía se sigue presentando en papel y eso implica que el trabajo de los funcionarios sea mucho más lento y penoso".
Al cierre de 2018, la Junta acumulaba 4.665 millones de euros en derechos pendientes de cobro, de los que 1.500 millones tienen una antigüedad superior a los seis años. En estos momentos, la Junta tiene más de 1.400 millones por ingresar que corresponden a tasas, precios públicos y otros, a lo que hay que añadir 444 millones de euros por impuestos indirectos, como son actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales.
Libramientos sin justificar
En el caso de los libramientos de pago, dicho de otro modo, las subvenciones sin justificar, al cierre de 2018, en la última etapa de Susana Díaz, la Junta acumulaba 2.998 millones de euros como ya informó en su día eE, de los que 1.900 millones están ya fuera de plazo. Por cierto, una situación que ha sido denunciada reiteradas veces por la Cámara de Cuentas de Andalucía.
En este apartado, en el de las subvenciones sin justificar, lideran en deudas las que proceden de Empleo, Empresa y Comercio (616,6 millones de euros), Educación (559 millones), Conocimiento, Investigación y Universidad (323 millones de euros) y Servicio Andaluz de Empleo (229 millones).
El análisis ha detectado que la administración de Díaz dejó pendiente, entre los impuestos directos, 234 millones que corresponden a Sucesiones y Donaciones
En el caso de los derechos pendientes de cobro y analizada la contabilidad desde 1987 hasta 2017 la mayor concentración de deuda corresponden a los periodos de 2011-2014 y 2015-2017, sumando el 83% del total de cobros pendientes, épocas que coinciden con los gobiernos de Susana Díaz. En lo relativo a las sentencias, con 743 millones destinados entre 2016-2018, y 50.000 procedimientos sin resolver, la Junta quiere implementar un registro centralizado, así como la práctica de acuerdos extrajudiciales de manera transparente.
El análisis de la Junta ha detectado que la administración de Susana Díaz dejó pendiente, entre los impuestos directos, 234 millones que corresponden al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En el capítulo de impuestos indirectos, el 98,7% lo absorbe actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales con 444.4 millones de euros.
