En apenas dos años –de 2016 a 2018–, la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tuvo que destinar de los impuestos pagados por los andaluces 548 millones de euros a sentencias judiciales que venían dictaminadas por su mala gestión administrativa, mientras políticas como la sanidad, la educación o inversiones experimentaban recortes. De 2016 a 2019, la cifra en sentencias se ha elevado a 762 millones.
De hecho, el nuevo Gobierno ha heredado sentencias que colean como la de la Empresa Metro de Sevilla, que se eleva a 162 millones de euros. Una suma que habrá que tener en cuenta en los próximos presupuestos que Juanma Moreno Bonilla y Juan Marín quieren presentar este mes de junio.
Solo en 2018, la Junta desembolsó 168,2 millones de euros por el contencioso del Centro Comercial Nevada o, 63,3 millones de euros por la sentencia de la Nueva Generadora del Sur. Pero el despilfarro de la administración socialista no se saldó el día que Susana Díaz abandonó San Telmo. El Ejecutivo formado por el Partido Popular y Ciudadanos tendrá que hacer frente, este año al pago de 214 millones de euros, procedentes de sentencias heredadas, entre las cuales ha de sufragar una multa de 162 millones de euros que ha recaído sobre la empresa Metro de Sevilla.
Ante esta situación, la actual Junta andaluza se ha visto obligada a encargar a la Intervención General una estimación para contabilizar el dinero que los gobiernos socialistas han pagado en sentencias judiciales, ya que no existe un registro de todos los expedientes contables de gasto tramitados bajo el procedimiento de sentencias.
Sentencias ocultas
La administración andaluza tampoco descarta que existan pagos del cumplimiento de sentencias que no se han tramitado, y que han podido generar expedientes que inicialmente tuvieron otra tramitación. En suma, de 2016, hasta 2019, la Junta habrá pagado 762 millones, una cantidad que, según fuentes oficiales, queda muy lejos del impacto de las medidas fiscales recién aprobadas, y estimada en 240 millones de euros.
La Intervención General de la Junta de Andalucía ha delimitado hasta la fecha los ejercicios entre 2016 y y 2018, del que al menos se ha ejecutado el pago de 548 millones, cumpliendo así las sentencias judiciales, al tiempo que determina el importe a pagar de las sentencias a partir de 2019, y que de momento es de 214 millones de euros.
Dividido por áreas, las sentencias judiciales recayeron en la Junta de Andalucía, en el Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Administración Pública, el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, el Servicio Andaluz de Empleo, el Patronato de la Alhambra y del Generalife, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Servicio Andaluz de Empleo, la Agencia Tributaria de Andalucía y la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
De todos estos organismos de la administración autonómica, quien más sentencias acumula es la propia Junta (390.930.664,24), el Servicio Andaluz de Empleo con 145.549.985,66 euros, y el Servicio Andaluz de Salud (9.738.842,16), siendo la empresa Pascual S.A la que más denuncias interpuso, y a la que en multas, la Junta le ha tenido que pagar 21,3 millones de euros. Se da la circunstancia de que esta es una de las empresas con las que Susana Díaz trabajaba para ofrecer sanidad concertada allí donde los hospitales públicos no alcanzaban a dar servicio, como es en la provincia de Cádiz.
Del tranvía de San Fernando a los Fondos de Empleo
Más allá de las sentencias judiciales por el mal aprovechamiento de los recursos, de la ocultación de 500.000 personas en lista de espera, de la sentencia que señala al Servicio Andaluz de Empleo, donde hay trabajadores –concretamente 2.000– que no son funcionarios, y por tanto no tienen potestad administrativa para determinados desempeños, pero sin embargo cobran de la Junta, fuentes oficiales de Hacienda confirman otros desatinos como la posible devolución de 99 millones de euros a la Unión Europea por no haber terminado el tranvía que une las localidades gaditanas de Chiclana de la Frontera con San Fernando.
En estos momentos, como ha podido conocer de primera mano elEconomista, la Junta está negociando con Bruselas para evitar esa devolución, 99 millones de euros, y poder finalizar una obra que se topó con las vías de Adif en su recorrido, y que ha quedado paralizada.
A parte de esta anomalía, fuentes oficiales reconocen a este diario que también se producen muchas devoluciones, tanto al Estado como a Europa, de dinero que viene para cursos de formación en el Empleo. Y esta situación se debe –explican– a que en todo este tiempo no se ha encontrado un sistema de gestión adecuado. Al respecto, señalan desde Sevilla, la ejecución de fondos sin resolver han ido a peor desde 2007 a esta parte, coincidiendo con el perfil cada vez menos profesional de los consejeros que han ido ocupando las áreas que afectan a esta materia.
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