Las asignaturas pendientes se acumulan y el tiempo se agota. En las últimas dos décadas, España no ha logrado reducir la brecha de renta per cápita con los países más avanzados de la zona euro. El sempiterno problema de la baja productividad impide que la economía nacional recorte distancia con países como Alemania o Austria con los que comparte moneda. A ese problema que lleva décadas sin resolverse, se le van sumando nuevos obstáculos que no hacen sino complicar aún más la situación, como pueden ser la transición demográfica, la desigualdad económica o una deuda pública creciente. Estos desafíos, todos relacionados entre sí, marcarán el devenir de la economía española en las próximas décadas, por ello desde el Banco de España piden un elevado grado de consenso, porque las decisiones no serán fáciles: "Retos estructurales, requieren respuestas estructurales".
Los diferentes gobiernos de España llevan años poniendo 'parches' a problemas estructurales que requieren reformas de calado. Sin embargo, ningún gobierno parece dispuesto a asumir el coste electoral de estas reformas, cuyos resultados, además, no serían tangibles en el corto plazo. "Todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo ganar las elecciones después", dijo Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea en 2014. Ello está posponiendo unos cambios que de no hacerse ahora se tendrán que hacer por la fuerza cuando la situación sea insostenible, generando un impacto económico y social mayor. La crisis del covid-19 está agravando algunos de estos retos que se exponen a continuación.
Los seis retos
Los seis retos y, junto a sus soluciones, expuestos por el Banco de España son: las limitaciones del crecimiento económico (productividad), un mercado laboral disfuncional, una política fiscal sin apenas margen, el envejecimiento, la desigualdad y la transición hacia una economía más sostenible.
-Resolver los factores que limitan el crecimiento. Los economistas del BdE citan el bajo crecimiento de la productividad como el principal factor determinante del modesto crecimiento potencial de la economía española en los veinte últimos años. La productividad total de los factores (PTF) ha aumentado a una tasa anual promedio aproximada del 0,2% en España, muy por debajo del crecimiento registrado en algunas de las economías avanzadas de referencia, como Alemania (0,8%) o Estados Unidos (0,9%).
¿Por qué en España crece tan poco la productividad? Por un lado, parece que el menor tamaño de las empresas, el capital humano y la baja inversión en tecnología están detrás de este pobre crecimiento. Por ejemplo, el porcentaje de empresas con menos de cinco trabajadores alcanzó el 78% en España en 2019, una ratio claramente por encima del 69% registrado en el promedio en la zona euro, "este hecho contribuye a una menor productividad agregada de la economía española frente al conjunto del área del euro, puesto que es precisamente en las compañías españolas de menor tamaño donde se observa un diferencial de productividad negativo más amplio con respecto a sus equivalentes europeas". Estas empresas tienen más problemas para financiar la inversión en capital (maquinaria) y tecnología, están menos diversificadas y son más vulnerables a los shocks en la economía.
Solución. El BdE propone potenciar la capacidad de crecimiento de las empresas de menor tamaño para mejorar la solidez financiera del conjunto del tejido empresarial. Algunos elementos regulatorios aumentan las cargas de las empresas cuando tienen más de 50 empleados. Los expertos del organismo supervisor ponen varios ejemplos: la obligación de constituir un comité de empresa, de realizar los pagos por IVA con una frecuencia mensual, de no poder presentar las cuentas en formato abreviado, o de contratar a un auditor de cuentas. "De este modo, es plausible que algunas empresas opten por seguir manteniendo un tamaño reducido para evitar los mayores costes que supone superar este umbral de empleados. En esta dirección apunta la evidencia empírica disponible, que confirma la presencia de un número anormalmente elevado de empresas justo por debajo de dicho umbral regulatorio".
Por otro, el sistema educativo debe modernizarse para avanzar al mismo ritmo que los cambios en la economía para evitar los grandes desajustes que se producen en un mercado laboral con una tasa de paro muy alta a la vez que miles de empresas no encuentran los trabajadores que necesitan. "La desventaja relativa en capital humano de la economía española aconseja un replanteamiento del diseño institucional del sistema educativo, que incluya una revisión profunda del contenido del currículo y del propio sistema de aprendizaje. La evidencia disponible a escala internacional revela la conveniencia de reducir el contenido del currículo para favorecer la orientación individualizada y temprana del alumno por parte del profesor y focalizar la enseñanza en la aplicación del conocimiento de forma creativa y no en la repetición". En ese sentido, el proyecto de Ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de Educación que se debate actualmente en las cortes puede representar una buena oportunidad para abordar estos retos pendientes.
En el ámbito universitario, el informe anual del BdE cree que "existe un amplio margen de actuación para mejorar en aspectos como los sistemas de selección del personal docente e investigador o el reforzamiento de la vinculación de la financiación del sistema a objetivos de excelencia".
-Un mercado laboral disfuncional. El mercado de trabajo en España no funciona bien. La tasa de paro mucho más elevada que en Europa de forma persistente. Además, la tasa de temporalidad es la más elevada de la zona euro, lo que suponen también un lastre para la productividad, dada la menor inversión en formación sobre los trabajadores que no tienen contrato indefinido.
Solución. Desde el BdE creen que los mecanismos de protección del empleo deberían revisarse para compatibilizar la indispensable protección de los trabajadores con las necesidades de flexibilidad, pero, sobre todo, con el objetivo de alcanzar un reparto más equitativo de la protección entre los trabajadores con diferentes modalidades contractuales. "Figura como la de los contratos con costes de despido crecientes pueden ser un buen punto de partida en el debate sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio, que en ningún caso debería promover una ampliación de la brecha de protección ya existente entre trabajadores temporales e indefinidos. También merecen atención aquellos modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado una parte de los costes de despido en un fondo (a modo del tipo de la 'mochila austriaca') mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización en caso de despido de cuantía creciente en función de la experiencia acumulada".
Además, para que no se produzcan grandes desajustes entre oferta y demanda en el mercado laboral, es imprescindible reforzar las políticas activas de empleo, analizar cuáles son las vacantes en el mercado y ofrecer esa formación a los parados para que encajen de nuevo en una economía cambiante. Resulta fundamente "incrementar el capital humano de los trabajadores y reducir el desempleo de manera permanente en coyunturas como la actual, pero también con carácter general a lo largo del ciclo, es necesario contar con políticas e instrumentos adecuados para aumentar la empleabilidad de las personas que han perdido su trabajo, de forma que se evite un deterioro permanente del capital humano de los desempleados y del potencial de crecimiento del conjunto de la economía".
-Recuperar el margen fiscal. La deuda pública en España podría superar el 120% del PIB tras la pandemia. Unos niveles tan elevados de deuda incrementan la vulnerabilidad de la economía a un cambio de los tipos de interés y otros shocks, reduciendo a su vez el margen de actuación en futuras crisis. Además, el pago de la deuda a través de los intereses supone un lastre para el Presupuesto público.
Solución. El BdE propone un ambicioso plan de consolidación fiscal que dé comienzo cuando la recuperación económica sea sólida. Este plan deberá centrarse en ajustes en el gasto público repartidos durante varios años, para entorpecer lo menos posible el crecimiento, en reformas estructurales como las comentadas con anterioridad para incrementar el PIB potencial y en un aumento de la presión fiscal a través de los tipos reducidos del IVA y los impuestos especiales. Con esta receta, la deuda pública podría caer incluso por debajo del 90% a finales de la década presente.
-El envejecimiento del país. La fuerte transición demográfica es uno de los mayores desafíos que debe afrontar la economía española, desde una perspectiva tanto de largo como de corto plazo. El rápido aumento de la esperanza de vida ha coincidido con una caída drástica de la tasa de fertilidad, creando una especie de 'bomba' demográfica que amenaza con reventar las finanzas públicas, tanto por el gasto en pensiones, sanidad y gasto social en general. Además, esta transición también tendrá implicaciones en términos de la capacidad de crecimiento de la economía, el mercado laboral y la política fiscal, entre otras dimensiones.
Lo más grave quizá ha sido desandar una parte del camino: "Las decisiones recientes de revalorizar las prestaciones con el IPC y de suspender la aplicación del factor de sostenibilidad han supuesto, en la práctica, la revocación de dos importantes mecanismos de ajuste que permitían contrarrestar el impacto sobre el gasto en pensiones del incremento esperado de la tasa de dependencia en los próximos años", sostienen los economistas del regulador.
Solución. El informe del BdE destaca que "sería conveniente reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados. En general, el establecimiento de mecanismos automáticos de ajuste ayuda a estabilizar el sistema adaptándolo a los cambios demográficos y económicos. En este sentido, y precisamente para garantizar la sostenibilidad del sistema, países como Alemania, Suecia, Italia o Portugal ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida, opciones que podría ser adecuado considerar en el caso español".
Por otro lado, retrasar la edad de jubilación en algunas profesiones y, por tanto, prolongar la carrera laboral podría aliviar la situación, pero será necesario implementar unas políticas de reciclaje que ayuden a estas personas a mantener su capital como trabajadores en una era de cambio y nuevas tecnologías.
-La desigualdad. Entre los colectivos más afectados por el aumento de la desigualdad destacan los jóvenes. Por ejemplo, en 2018 el nivel de renta de los menores de 35 años aún se encontraba un 20% por debajo de su nivel en 2007. Esto ha sido consecuencia, fundamentalmente, de la reducción en la duración media de sus contratos temporales, excesivamente frecuentes en este colectivo, y del aumento en el grado de parcialidad (trabajos de menos de 35 horas semanales), en muchos casos involuntaria. Además, la crisis del covid-19 está incidiendo con mayor intensidad sobre los colectivos más vulnerables, lo que previsiblemente supondrá un deterioro adicional en los niveles de desigualdad. tanto en España como en otros países de Europa.
Solución. "En este contexto, es fundamental desplegar medidas de apoyo para proteger a los colectivos más afectados". El BdE vuelve a incidir en que todos estos retos están relacionados entre sí y con las propuestas para mejorar el mercado de trabajo ('contrato único', flexibilidad interna y mochila austriaca, entre otros) y la mejorar del sistema educativo se podría reducir la desigualdad económica que proviene de las rentas salariales.
Por otro lado está el problema con el acceso a la vivienda, sobre todo por el alza de los precios del alquiler y la compra en determinadas ciudades. En este caso, unas políticas de oferta que incentiven a los propietarios de viviendas a ponerlas en alquiler podrían paliar la situación. "También es conveniente disponer de un marco regulatorio estable que garantice la seguridad jurídica, con el fin de que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler".
Por el lado de las prestaciones aparece el ingreso mínimo vital (IMV). Esta prestación "puede constituir una herramienta útil para reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con dificultades estructurales especiales... no obstante habrá que precisar si los requisitos de elegibilidad establecidos en el diseño actual (como aquellos relativos a la necesidad de estar registrado en el servicio público de empleo estatal) excluyen de la ayuda a algunos colectivos vulnerables... vigilar si pueda acabar provocando algunos efectos indeseados (por ejemplo, en términos de la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos o de un posible desplazamiento de algunas actividades económicas a sectores informales). En este sentido, será necesario evaluar la efectividad de algunas de las medidas previstas para evitar esos efectos no deseados, como el mantenimiento temporal de al menos una parte de la cuantía subsidiada cuando el beneficiario encuentra trabajo", sentencia el documento.
-Lograr una economía más sostenible. Estamos en una era de transiciones: demográfica, tecnológica, energética... La búsqueda de energías alternativas que impulsen un crecimiento económico menos contaminante será vital, no solo para el medio ambiente, probablemente también para la salud de las personas. Por ello, la inversión en una economía sostenible será o debería ser una parte fundamental de la economía nacional.
Solución. Alcanzar estos objetivos exigirá desplegar una estrategia integral y coordinada a escala internacional, esta estrategia debe tratar de facilitar la inversión en tecnologías menos contaminantes, evitar la incertidumbre regulatoria, y minimizar los riesgos de deslocalización de la actividad y los costes de adaptación.
La política fiscal y regulatoria deben desempeñar un papel preeminente en la gestión de la transición hacia una economía más sostenible. Algunos ejemplos que pone el BdE para impulsar este tipo de economía son por ejemplo "los objetivos propuestos es el sistema de comercio de emisiones, con el que se pretende establecer un precio para los derechos de emisión que desincentive el uso del carbono en favor de energías menos contaminantes... la Comisión también ha propuesto la introducción de un ajuste en frontera del coste del carbono para evitar que las empresas trasladen su producción a países con una normativa medioambiental menos exigente".
Otras iniciativas van orientadas a reducir las emisiones en el sector del transporte, eliminando las subvenciones al empleo de combustibles fósiles y endureciendo la normativa en materia de contaminación de los automóviles, así como a promover el reciclaje y la innovación en tecnologías limpias. En todo caso, conviene destacar que, en materia de imposición medioambiental, existen en la actualidad notables diferencias nacionales dentro de la UE, tanto en la tipología como en el alcance de los instrumentos utilizados. De cara al futuro, sería conveniente incrementar el grado de armonización europeo en el uso de la imposición medioambiental".
Aunque todos estos problemas son estructurales y vienen de lejos, la crisis creada por el covid-19 ha agravado la situación y ha incrementado la necesidad de dar una respuesta adecuada a estos desafíos. "La coyuntura extraordinariamente compleja en la que se desenvolverá la economía española en los próximos trimestres, así como la envergadura de los retos que nuestro país debe abordar en el medio plazo, supone una amenaza considerable para la capacidad de crecimiento presente y futura, y, por lo tanto, para el empleo y el bienestar social. Por ello, se requiere una respuesta de política económica ambiciosa".
