Redactor de elEconomista
Desarrollo sostenible

Iberdrola ha alcanzado un acuerdo con ITM Power y BOC para lanzar en Escocia una red de instalaciones de hidrógeno verde -producido con renovables- para abastecer al transporte pesado y la industria. El primer proyecto verá la luz en Glasgow: una planta de 10 MW de potencia que estará funcionando en dos años.

Energía eólica

Siemens Gamesa calcula en unos 500 millones de euros hasta finales de 2022 el impacto de la reestructuración del negocio eólico terrestre, en la que avanza a gran velocidad para alcanzar el objetivo de crecer a un ritmo superior al del mercado en 2023: acaba de anunciar el despido de 130 personas en una fábrica de palas de aerogeneradores en Iowa (EEUU), una cuarta parte de la plantilla.

Legislación comunitaria

La Comisión Europea quiere que el objetivo de reducción de emisiones de CO2 de la UE para 2030 pase del 40% actual al 55%, según anunció este miércoles la presidenta del Ejecutivo comunitario, Úrsula Von der Layen, durante su discurso sobre el estado de la UE. Para ello revisará la normativa europea sobre clima y energía en el plazo de un año, y destinará el 37% de los 750.000 millones del Plan de Recuperación contra la pandemia -Next Generation UE- a cumplir los objetivos ambientales de los 27.

Desarrollo sostenible

Q-Energy ha anunciado la adquisición de Torresol Energy a la ingeniería vasca Sener y a Masdar, subsidiaria del grupo árabe Mubadala, matriz de Cepsa. Torresol cuenta con tres centrales solares termoeléctricas de 120 MW en la que trabajan más de 100 personas. No se ha revelado el importe de la operación, que a precios de mercado puede rondar los 400 millones de euros.

Infraestructuras

El Gobierno brasileño ha incluido el proyecto de la Línea 6 del metro de Sao Paulo en un régimen tributario especial que reducirá en 1.000 millones de reales -unos 160 millones de euros- la inversión que precisa la infraestructura, estimada en cerca de 2.000 millones de euros y adjudicada a Acciona el pasado febrero.

Ajuste laboral

Siemens Gamesa ha notificado a los representantes de los trabajadores su intención de presentar un Erte de seis meses por motivos productivos en la fábrica de Ágreda (Soria), que afectará de 100 a 140 empleados de los 186 indefinidos de la factoría, así como a todos los temporales y subcontratados, unos 65. La planta tiene buenas expectativas y los sindicatos denuncian "abuso de derecho" al adoptar el ajuste laboral, y temen medidas adicionales.

Desarrollo sostenible

EDP y Worten han alcanzado un acuerdo para montar paneles fotovoltaicos para autoconsumo con importantes ventajas: al contratar un sistema, Wortem ofrece un descuento igual al importe de un electrodoméstico adquirido y EDP un descuento adicional. Además, los primeros contratos obtendrán un premio extra si los equipos son de LG.

Garantía de suministro

La gran industria recela del mecanismo propuesto por el Gobierno para sustituir a la interrumpibilidad, suprimida este año por exigencias de Bruselas: cree que "es demasiado abierto y genera mucha incertidumbre" sobre unos resultados económicos que prevé muy escasos, descarta que esté listo a corto plazo, y lo considera "nada atractivo". Los agregadores de demanda se suman al rechazo -en el que también se cuentan las las eléctricas-, y denuncian que "le falta base legal" y que "adolece de incoherencia".

Desarrollo sostenible

Enagás planifica la mayor instalación de hidrógeno de España en La Robla (León), que exigirá una inversión de 266 millones de euros. El proyecto consta de un electrolizador de 32 MW, alimentado por una planta fotovoltaica de 150 MW, así como los almacenes para una producción diaria de 12 toneladas de hidrógeno verde y otras infraestructuras asociadas.

Fiscalidad ambiental

Pedro Sánchez asume el tributo a las centrales nucleares que Quim Torra implantó a inicios de julio. Era la tercera vez que el Ejecutivo autonómico lo imponía, después de que la Justicia lo anulase por inconstitucional en las dos intentonas anteriores, tras los respectivos recursos del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, esta vez, Sánchez, necesitado de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha dejado pasar el plazo para apelar a la Justicia, que venció el 4 de septiembre. Más allá del impacto de 120 millones de euros anuales que tendrá sobre las cuentas de las plantas atómicas de Ascó y Vandellós, el impuesto amenaza con finiquitar el pacto entre las eléctricas y el Gobierno para cerrar escalonadamente todas las centrales nucleares entre 2028 y 2035.