Empresas y finanzas

Sánchez asume el nuevo impuesto catalán a las centrales nucleares

  • Presidencia deja que venza el plazo para recurrir ante el Tribunal Constitucional sin mover ficha
  • Rajoy apeló a la Justicia las dos veces anteriores que la Generalitat lo implantó y logró derogarlo
  • El presidente si recurrió el tributo a Garoña y los jueces lo anularon el pasado julio
Central nuclear de Ascó, a orillas del Ebro. Foto: Alamy

Pedro Sánchez asume el tributo a las centrales nucleares que Quim Torra implantó a inicios de julio. Era la tercera vez que el Ejecutivo autonómico lo imponía, después de que la Justicia lo anulase por inconstitucional en las dos intentonas anteriores, tras los respectivos recursos del Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, esta vez, Sánchez, necesitado de apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ha dejado pasar el plazo para apelar a la Justicia, que venció el 4 de septiembre. Más allá del impacto de 120 millones de euros anuales que tendrá sobre las cuentas de las plantas atómicas de Ascó y Vandellós, el impuesto amenaza con finiquitar el pacto entre las eléctricas y el Gobierno para cerrar escalonadamente todas las centrales nucleares entre 2028 y 2035.

Cataluña aprobó el pasado 28 de abril la Ley 5/2020 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que establece un gravamen de 5 euros por MWh producido sobre las instalaciones de generación de electricidad, que se reduce a 1 euro por MWh para los ciclos combinados de gas y del que están eximidas las demás tecnologías.

Lo sufren Endesa e Iberdrola

En la práctica, el nuevo impuesto únicamente afecta a las centrales nucleares de Ascó (propiedad de Endesa en un 85% y de Iberdrola en un 15%) y Vandellós (Endesa 72% e Iberdrola 28%), ambas en Tarragona. Atendiendo a su nivel de producción, las centrales tendrán que desembolsar unos 120 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat; como entró en vigor el 1 de julio, este año será la mitad.

Era la tercera vez que el Gobierno nacionalista catalán gravaba las centrales atómicas, después de que el Tribunal Constitucional anulara dos tributos anteriores, el Impuesto sobre la producción de nuclear, en 2016, y el Impuesto sobre los residuos radiactivos, en 2019.

En esta ocasión, como en las dos anteriores, el Ejecutivo autonómico ha recurrido a una Ley para promulgarlo, porque esta figura legal no pueden recurrirla directamente las empresas -pueden recurrir las liquidaciones, y recuperarlas si el impuesto resulta ser ilegal-, sino únicamente el presidente del Gobierno, el defensor del pueblo, cincuenta diputados y cincuenta senadores o las cámaras autonómicas para materias de su territorio.

En los dos casos precedentes, el presidente del Gobierno del momento, Mariano Rajoy, apeló al Alto Tribunal, con éxito rotundo y logrando la anulación de los impuestos. Sin embargo, no ocurrirá lo mismo en esta ocasión, porque Pedro Sánchez ha dejado pasar el plazo de tres meses para recurrir a la Justicia, que venció el pasado viernes, 4 de septiembre.

Idéntico al tributo extremeño

Otra diferencia con relación a las dos ocasiones anteriores es que el nuevo impuesto catalán ha tomado como modelo el impuesto de Extremadura sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, avalado por el Constitucional en 2018; las dos redacciones son prácticamente idénticas, con la esperanza de que no lo rechazasen los jueces si era recurrido.

Ahora bien, resulta que la sentencia sobre el tributo extremeño avaló su constitucionalidad para el período anterior la aprobación de la Ley 15/2012, norma que estableció otros dos impuestos sobre las centrales atómicas de todo el Estado, uno sobre la producción de combustible nuclear gastado y otro sobre su almacenamiento.

Entre estos dos impuestos se recaudan unos 300 millones anuales -el primero aporta el 95%-, que se destinan a sufragar costes fijos del sistema eléctrico, y las empresas entienden que son incompatibles con los tributos autonómicos, ya sea el extremeño, el catalán o el valenciano, porque se produce una doble imposición.

Se da la circunstancia de que a finales de julio el Alto Tribunal anuló el impuesto de Castilla y León sobre el almacenamiento temporal de residuos de la central de Santa María de Garoña (Burgos) -15 millones al año-, precisamente porque recaía en la doble imposición con la Ley 15/2012. El recurso, en esta ocasión, sí lo firmó Pedro Sánchez.

Todavía cabe la posibilidad de que haya una prórroga de nueve meses al plazo para recurrir el impuesto catalán ante el Constitucional, siempre que el Gobierno central y el catalán hayan abierto negociaciones en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación, algo extraordinariamente remoto, habida cuenta de la ruptura en las relaciones institucionales entre ambos gobiernos.

El pacto nuclear en riesgo

Amén del impacto del impuesto en las cuentas de resultados de Endesa e Iberdrola, la figura fiscal ha tenido un efecto "devastador" -por usar la expresión de una de las fuentes consultadas- sobre el pacto firmado por las empresas y el Gobierno para desconectar las centrales nucleares entre 2028 y 2035.

El acuerdo contemplaba un incremento de la contribución para cubrir los costes de desmantelamiento de las instalaciones -la denominada Tasa Enresa- desde los 6,7 euros por MWh hasta los 7,8 euros por MWh, así como un alargamiento de la vida media de los reactores hasta los 45,7 años, para garantizar que haya suficientes fondos.

El pacto nació con fórceps, y sin prever que las autonomías subieran la presión fiscal -supera el 50%-, socavando la rentabilidad de las centrales: este año, según Foro Nuclear, tributarán 22 euros por MWh y apenas podrán cubrir sus costes operativos, por la reducción del precio del mercado eléctrico. Más de uno piensa que el pacto es papel mojado.

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forum Comentarios 6
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chapa y pintura
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En cataluña viven del dinero público los enchufados del régimen opresor que prohiben el español; privado, no va a quedar un euro...se irán todos como se ha ido Nissan, lo hará Bosch y el resto. Tiempo al tiempo. Son muy atorrantes.

Puntuación 30
#1
JuanSinMiedo
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Sánchez, asume todo lo que haya que asumir, con tal de que su culito, siga sentado en el falcón de presidencia, da lo mismo PNV, ERC, PODEMOS, Cs, lo que sea, con quien sea, como sea, donde sea, todo por un único objetivo, satisfacer un egocentrismo DESCOMUNAL, un narcisismo de libro, que solo con verse fotografiado, admirado, y ojo...no por los demás, si no por si mismo, ( lo normal en este tipo de problemas) solo con eso se cumple su aspiración.

YA SABEN..... + IMPUESTOS EN ESTE CASO A LAS CENTRALES....+ CARO EL RECIBO DE LA LUZ A LOS CIUDADANOS...

"Sarna con gusto, no pica" Disfruten de su elección.

Puntuación 22
#2
Vacilón
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Que suerte tenemos de que los votos de los accionistas solo cuentan individualmente. ¿ o no ?

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#3
TEO
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Es decir, Sánchez y Torra suben el recibo de la luz, en principio a los ciudadanos de Cataluña. En unos meses el resto de taifas, perdón, autonomías, pondrán este nuevo impuesto en su territorio y nos subirán a todos.

Puntuación 19
#4
miguel
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El tribunal constitucional ha dicho muchas veces que ese impuesto es ilegal e inconstitucional eso quiere decir que se está cometiendo un delito de desobediencia por parte de la Generalitat pero parece que todo vale para mantenerse en la poltrona.

Puntuación 18
#5
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La Generalitat se busca cualquier modo de recaudar para seguir manteniendo a tal cantidad de parásitos y fundaciones como la que dice que Cervantes o Colón eran catalanes. Hay que acabar con este entramado de intereses y corruptelas (¿legales?) que solo sirven para retroalimentar el nazionalismo catalán.

Puntuación 0
#6