El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aprobado Renovar la autorización de explotación de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), propiedad de Endesa e Iberdrola (72% y 28%, respectivamente), por un periodo de diez años, hasta 2030. También ha validado su plan de gestión de residuos radiactivos.
El CSN empezó a estudiar la prórroga hace menos de un mes, por lo que el Pleno del organismo se ha pronunciado rápidamente -sobre todo considerando la "ingente documentación técnica que va asociada a este tipo de procesos", según su propia expresión- y ha emitido un informe favorable para el Ministerio para la Transición Ecológica, que debe otorgar la autorización administrativa, una vez superado el análisis de seguridad del supervisor atómico.
Se trata de la segunda central autorizada a aumentar su vida útil, tras el permiso otorgado a la de Almaraz, el pasado mes de mayo. En ambos casos, el CSN ha comprobado el correcto funcionamiento de las instalaciones y su buen nivel de seguridad para continuar su operación. También ha constatado la capacidad de las plantas para dar respuesta a las mayores exigencias normativas actuales, superiores a las requeridas originalmente.
Límites y condiciones aplicables
El dictamen emitido por el regulador sobre la planta catalana establece diez límites y condiciones de tipo genérico para todas las centrales nucleares: identificación del titular y explotador responsable, potencia máxima autorizada, documentos oficiales de explotación de la central y su trámite de modificación, informes anuales requeridos, salida de bultos radiactivos fuera del emplazamiento, requisitos para solicitar el cese de la explotación, así como para solicitar una eventual nueva autorización.
Adicionalmente, el CSN ha establecido mejoras propuestas por el titular de los programas de mejora relacionados con la protección contra riesgos internos y, en concreto, los derivados de inundaciones internas y aspersión. Para ello deberán identificarse estructuras, sistemas y componentes que puedan ser relevantes en ese ámbito, así como su programa asociado de mantenimiento, inspección y pruebas.
Así mismo reclama acciones relacionadas con la gestión del envejecimiento y la Operación a Largo Plazo (OLP) como, por ejemplo, la remisión al CSN cada tres años de un informe en el que se actualice el estado de los componentes y estructuras de sistemas de seguridad.
El Regulador también ha informado favorablemente el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado (PGRRyCG) asociado a la operación a largo plazo, un documento preceptivo a presentar por el titular para la renovación de autorización de explotación y la autorización de protección física presentada por el titular, que entrará en vigor simultáneamente y por el mismo plazo por el que se establezca la autorización de explotación.
Dudas sobe su continuidad
De acuerdo con el calendario pactado entre las empresas y el Gobierno para cerrar las plantas escalonadamente hasta 2035, que implica la inversión de 3.000 millones de euros para cumplir la normativa de seguridad, la central catalana y la de Trillo (Guadalajara) serán las dos últimas en cerrar.
Pero cabe la posibilidad de que Endesa e Iberdrola rechacen cumplirlo por el impuesto aprobado en Cataluña, que supone una merma de ingresos de 5 euros por MWh; implantado después de firmar dicho pacto, se come 120 millones de euros al año a las dos plantas catalanas, la de Ascó y la de Vandellós.
