Tras la aprobación de la nueva Ley fiscal catalana, las eléctricas le han propuesto al Gobierno que transfiera a las comunidades autónomas la recaudación de los tributos estatales ambientales sobre las centrales nucleares -unos 300 millones al año-, a cambio de que los gobiernos locales supriman sus propios tributos ambientales sobre las plantas.
Cataluña aprobó el pasado 28 de abril la Ley 5/2020 de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente, que establece un gravamen de 5 euros por MWh producido a las instalaciones de generación de electricidad, reducido a 1 euro por MWh para los ciclos combinados de gas y del que están eximidas las demás tecnologías.
En la práctica, el impuesto afecta a las centrales nucleares de Ascó (propiedad de Endesa en un 85% y de Iberdrola en un 15%) y Vandellós (Endesa 72% e Iberdrola 28%). Atendiendo a su nivel de producción, ambas centrales tendrán que desembolsar unos 120 millones de euros anuales a las arcas de la Generalitat; como entra en vigor el próximo 1 de julio, este año será la mitad.
Es la tercera vez que el Gobierno nacionalista catalán intenta gravar las centrales atómicas, después de que el Tribunal Constitucional anulara dos tributos anteriores, el impuesto sobre la producción nuclear en 2016 y el impuesto sobre los residuos radiactivos en 2019. Pero en esta ocasión, el Ejecutivo de Torra ha tomado como modelo el impuesto extremeño sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente, avalado por el Alto Tribunal en 2018.
Impuestos, tasas, cánones...
Todas las comunidades autónomas con centrales nucleares en su territorio les aplican tributos propios de carácter ambiental. El citado impuesto de Extremadura (donde se levanta la planta de Almaraz), al igual que el catalán, grava la producción eléctrica de las centrales con 5 euros por MWh; en el caso de Valencia (donde se ubica Cofrentes), el tributo es de 1,8 euros por MWh; y finalmente Castilla y León, que alberga Trillo y la parada Garoña, grava con 15 millones al año el almacenamiento de combustible de la segunda de las plantas.
Según los cálculos del sector, la suma de estos tributos ambientales autonómicos, junto con los habituales, como el IBI o el IAE, y otras cargas extraordinarias, como la vigilancia in situ de la Guardia Civil en las centrales (4,3 millones al año por planta) o las transferencias económicas a los municipios de sus alrededores, rozó los 225 millones anuales el año pasado; este ejercicio, con la entrada en vigor del impuesto catalán, alcanzará los 270 millones.
A esas cantidades hay que añadir una tasa de ámbito nacional destinada a cubrir los costes del desmantelamiento de las instalaciones y de la gestión de sus residuos radiactivos -conocida como la Tasa Enresa-, que se ha incrementado a inicios de año: en 2019 recaudó 385 millones y este 2020 alcanzará los 477 millones.
Las plantas atómicas todavía soportan otros dos impuestos estatales de carácter ambiental, alumbrados por la Ley 15/2012, uno sobre la producción de combustible nuclear gastado y otro sobre su almacenamiento. Recaudan unos 300 millones anuales -el primero aporta el 95%-, que se destinan a sufragar costes fijos del sistema eléctrico. Las eléctricas los recurrieron a los tribunales, pero después de que el Supremo y el Constitucional se pasaran la pelota el uno al otro sin decidir nada, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó su legalidad a finales del año pasado.
Para desánimo de Iberdrola, Endesa y Naturgy, parece que el armazón de tributos específicos sobre las centrales nucleares, que este año recaudará más de 1.000 millones, es jurídicamente sólido. Pero ello no implica que sea sostenible: las empresas advierten de que las plantas, con los bajo precios del mercado eléctrico, no obtienen rentabilidad para operar e invertir los 3.000 millones que les exige la normativa de seguridad hasta que cierren, de forma escalonada, entre 2028 y 2035, según pactaron el año pasado con el Gobierno.
Rebajar la presión fiscal
Así se lo han transmitido al Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), al que le han planteado la posibilidad de transferir lo recaudado con los impuestos ambientales estatales -los de la Ley 15/12- a las comunidades autónomas con instalaciones nucleares en sus territorios, con la intención de que éstas eliminen sus propios tributos ambientales sin que se vea reducida su recaudación.
Varias fuentes consultadas comentan que la propuesta permitiría reducir la múltiple imposición sobre las centrales, pero mientras unas ponen el acento en la posibilidad de que se incumpla el referido calendario de cierre hasta 2035, anticipando el apagón de las plantas por falta de viabilidad económica, otras recuerdan que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha autorizado a Almaraz a operar hasta 2028 y que acaba de iniciar los trabajos para conceder una ampliación de la licencia de Vandellós II por 10 años más.
La propuesta, por otro lado, obligaría a compensar la merma de ingresos para el sistema eléctrico -el año pasado ya se incurrió en un déficit de unos 800 millones y este año será mayor-, y no está claro cómo se podría convencer a los responsables autonómicos de que renunciaran a ejercer sus prerrogativas en política fiscal.
Más fondos para Enresa
Las empresas también han trasladado al Miteco otras opciones, como ingresar en el Fondo de Enresa -donde recala la Tasa Enresa- la recaudación de los impuestos ambientales estatales, ya que a fin de cuentas son figuras fiscales con una finalidad muy similar, y que las comunidades autónomas reciban la compensación por suprimir sus impuestos propios con cargo a los peajes de la tarifa eléctrica.
Todo este movimiento se produce con el telón de fondo de la revisión de la fiscalidad ambiental y energética, y del diseño de los llamados cargos de la tarifa eléctrica -partidas incluidas en el recibo por cuestiones políticas- en la que lleva meses enfrascado el Gobierno.
Lo que está claro es que las eléctricas consideran confiscatoria una presión fiscal sobre las centrales nucleares que llegará al 50% de la facturación del ejercicio y que ya se ha comido un 65% durante el primer trimestre. Y que piden, y proponen, soluciones.
