La aprobación a finales de a abril de los presupuestos de la Generalitat para 2020 y el paquete de medidas fiscales acordadas en diciembre de 2019 entre el vicepresidente de Economía, el republicano Pere Aragonès, y Catalunya en Comú se presumen como totalmente inadecuadas ante la situación económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus.
Lejos de plantearse la posible modificación de una reforma fiscal que ha quedado absolutamente desfasada, el Gobierno catalán sostiene que es más eficaz haber sacado adelante las cuentas -para dejar atrás las prórrogas que se ha visto obligado a aprobar desde 2017- que intentar llegar a un nuevo acuerdo parlamentario. Ello pese a la lluvia de críticas que le ha acarreado desde muchos ámbitos y en especial desde las patronales catalanas e incluso de la Cámara de Comercio de Barcelona, que preside Joan Canadell, que advierten que no son coherentes con el contexto actual, porque incrementan la presión fiscal y piden que queden sin efecto. Rechazan que la única vía que se potencie para cuadrar el presupuesto sea subir impuestos o crear otros nuevos.
No obstante, desde el ejecutivo catalán únicamente se habla de ir adecuando sus políticas al nuevo contexto en función de los planes de recuperación económica que quieren diseñar, pero sin entrar a fondo en modificaciones sustanciales de los impuestos ya aprobados. Lo más concreto que ha dicho el vicepresidente Aragonès en este sentido es "no descartamos nada", al ser preguntado sobre una posible reforma fiscal.
Se incrementan el IRPF para las rentas altas, y sucesiones y transmisiones patrimoniales
En concreto, con el único apoyo de Catalunya en Comú, se dio luz verde a la introducción de modificaciones en ocho impuestos que ya existen actualmente y la creación de nuevas figuras tributarias. En este sentido, destaca el nuevo impuesto sobre las instalaciones de producción, de almacenamiento, transformación de energía eléctrica, telefonía y telemática, que refuerza la apuesta del Gobierno por la fiscalidad ambiental. Estas alzas y nuevas tasas comportarían el incremento de ingresos en unos 550 millones de euros suplementarios.
Entre las principales modificaciones destacan las aplicadas en el IRPF -no se modifica el tramo de la escala para rentas bajas y aumento en los más altos- y en el de sucesiones; la mejora de transmisiones patrimoniales para familias monoparentales; alza de tasas turísticas, pisos vacíos y bebidas azucaradas.
Los turistas que se alojen en un hotel, piso turístico o crucero pagarán entre 1 y 3,5 euros por persona y noche. Hasta ahora la tasa era de 0,65 a 2,25 euros
Se trata, en líneas generales, de un modelo fiscal recaudatorio y redistributivo que podía tener sentido cuando se alcanzó el consenso con los comunes porque responde a una estrategia política muy definida que nada tiene que ver con el contexto económico y social actual.
Las novedades más importantes recaen en los tributos cedidos: IRPF -parcialmente-, sucesiones y transmisiones patrimoniales. En el caso del impuesto sobre la renta de las familias, se ha aprobado que para las personas que tienen una base imponible inferior a 12.450 euros han subido un 10% sobre la media estatal el mínimo por contribuyente a 6.105 euros. Asimismo, en base a los tipos impositivos en la base general de entre el 21,5% y el 48%, se ha añadido un tramo medio para aquellas personas con una base imponible superior a 90.000 euros y hasta los 120.000 euros, tributarán dos puntos porcentuales más, del 21,5% al 23,5%.
La modificación de sucesiones para los familiares descendientes y ascendientes directos ha elevado el coeficiente multiplicador hasta el 1,2% para las herencias de más de 500.000 euros. Y para los descendientes de más de 21 años se han reducido las bonificaciones empezando en un 60%, cuando eran del 99% sobre el importe de la cuota tributaria. Para este mismo impuesto en el caso de una empresa familiar las bonificaciones desaparecen si se aplica la reducción del 95% por este supuesto.
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La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalistas del Colegio de Economistas de Cataluña, Carme Jover, considera que no se da el contexto para elevar este gravamen cuando se están registrando miles de muertes por el Covid-19, ya que su entrada en vigor fue al día siguiente de la aprobación, el 1 de mayo.
Por su parte, el investigador del IEB y profesor de economía de la UB, José María Durán, manifiesta que el alza de estos tributos no hace más que aumentar el agravio comparativo de Cataluña con otras comunidades como Madrid, especialmente con el IRPF. Para sucesiones, Durán se muestra partidario de una reforma global de alcance estatal porque acaba siendo un impuesto que a pesar que quiere ser progresivo y redistributivo es a la vez muy favorable para un tipo muy concreto de transmisiones.