Alrededor de 200 guardias civiles ya están permanentemente destinados al interior de las cinco centrales nucleares del país, para prevenir atentados terroristas contra las instalaciones y robos de material nuclear. Su despliegue lo financian los titulares de las plantas, asumiendo el coste de los nuevos cuarteles -alrededor de un millón de euros en cada planta- y de los guardias, en este caso mediante una tasa fijada en 61.053 euros anuales por agente, que el Ministerio del Interior debe revisar a la baja.
Cumpliendo compromisos de seguridad internacionales de antiterrorismo y seguridad nuclear, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en diciembre de 2015 que una Unidad de Respuesta de la Guardia Civil residiera permanentemente en las centrales nucleares del país, al objeto de dar respuesta a "posibles adversarios internos, adversarios externos o de ambos en colusión, que podrían intentar la retirada no autorizada de material nuclear o de fuentes radiactivas o actos de sabotaje, que se toman como base para diseñar y evaluar los sistemas de protección física de tales materiales, fuentes e instalaciones nucleares".
Por lo tanto, no es su función prevenir la acción de protesta de una ONG que quiera colgar una pancarta antinuclear en la cúpula de la central -como ya ha sucedido-, sino hacer frente a nuevas amenazas, como el terrorismo yihadista, mediante la prevención, neutralización y respuesta ante ataques o intrusiones. Evitar protestas pacíficas es responsabilidad de la habitual seguridad privada de las instalaciones, que no ha desaparecido.
Los primeros de estos agentes se desplegaron en la central nuclear de Trillo (Guadalajara) poco después, en junio de 2016. Pero lo hicieron de un modo un tanto precipitado, porque al principio no residían permanentemente en las instalaciones atómicas.
Ese mismo año la Guardia Civil lanzó una Oferta de Empleo Público para 185 puestos de trabajo, al objeto de que las nuevas obligaciones no perjudicasen a las tradicionales del Cuerpo. Hoy alrededor de 200 agentes están implicados directamente en la seguridad de las centrales atómicas, aunque se han facilitado cifras muy superiores.
Durante los últimos cuatro ejercicios, las centrales han estado construyendo los cuarteles en sus recintos, a razón de un millón de euros por unidad, y los agentes de la Unidad de Respuesta -la mayoría estaba en los Grupos de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil- han estado recibiendo formación especializada, según explican fuentes del Cuerpo.
Pero a finales de verano todo ese trabajo culminó: la correspondiente Unidad se incorporó a la central de Ascó (Tarragona) el pasado mes de septiembre, a la de Almaraz (Cáceres) en noviembre, y a las de Vandellós (Tarragona) y Cofrentes (Valencia) a finales de diciembre, a pocos días de que venciese el plazo de cuatro años establecido para hacerlo. El número de guardias civiles asignado a cada planta oscila entre 20 y 30, considerando rotaciones.
Tasa de 61.053 euros por guardia y año
Para sufragar el dispositivo -salarios de los agentes, equipamiento, formación, coordinación, logística...- en 2015 se estableció una tasa estatal que recae sobre las eléctricas titulares de las centrales nucleares -Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP-, que también han tenido que soportar, aparte, la construcción de los cuarteles dentro de sus emplazamientos, a razón de algo más de un millón de euros cada uno, junto con su mantenimiento, de varios cientos de miles más cada año.
Durante los primeros cuatro ejercicios, esta tasa se fijó en 61.053 euros al año por agente, de modo que debería de haber recaudado más de 40 millones, pero sólo la central de Trillo la ha abonado hasta ahora, porque se devenga a partir del comienzo de la prestación del servicio y en todas las demás centrales no ha ocurrido hasta finales del año pasado. En consecuencia, la mayoría del coste lo ha asumido, hasta la fecha, la propia Guardia Civil.
La normativa establece que la cuantía de esta tasa, una vez superado el período de implantación del dispositivo de seguridad -o sea, ahora- debe revisarla el Ministerio del Interior, al objeto de hacer frente exclusivamente a los gastos de mantenimiento, lógicamente más bajos. España ha seguido el modelo francés a la hora de cubrir estos costes, pero en el país vecino los fondos los recibe directamente el cuerpo de seguridad encargado, mientras que aquí terminan en Hacienda.
