La gran industria recela del mecanismo propuesto por el Gobierno para sustituir a la interrumpibilidad, suprimida este año por exigencias de Bruselas: cree que "es demasiado abierto y genera mucha incertidumbre" sobre unos resultados económicos que prevé muy escasos, descarta que esté listo a corto plazo, y lo considera "nada atractivo". Los agregadores de demanda se suman al rechazo -en el que también se cuentan las las eléctricas-, y denuncian que "le falta base legal" y que "adolece de incoherencia".
La industria interrumpible, aglutinada en la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), ha analizado la Reserva estratégica de respuesta rápida para el respaldo de los servicios de ajuste del sistema eléctrico, propuesta por una Orden ministerial en fase de información pública de la Cartera dirigida por Teresa Ribera, y no la encuentra de su agrado.
La Reserva es un mecanismo para evitar apagones mediante un colchón que garantice cubrir la demanda, incluso en situaciones extremas, bien reduciendo el consumo -desconectando fábricas, como la antigua interrumpibilidad-, bien con más energía, producida directamente o procedente de sistemas de almacenamiento.
Las eléctricas ya han mostrado su rechazo al planteamiento, porque el sistema de adjudicación, una subasta teóricamente neutra, exige que las centrales de generación adjudicatarias no vendan su producción en el mercado eléctrico, y porque creen que cerrará la puerta a que Bruselas autorice otras opciones más viables para otorgar rentabilidad a las centrales que ahora respaldan la intermitente generación renovable.
La gran industria detecta los problemas de la norma propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) en otros elementos. Fuentes de Aege señalan a elEconomista que la presión competitiva de la subasta -que aún debe definir REE- puede arrojar precios demasiado bajos con relación a la prestación del servicio y dudan de su validez: "no nos contenta", sostienen.
Aege tiene en mente el resultado de la última subasta de interrumpibilidad, celebrada en diciembre pasado: la presión competitiva fue tan grande que los precios de adjudicación se desplomaron hasta sumar 4,4 millones de euros para el primer semestre de este 2020, frente a los 196,2 millones del servicio para todo 2019.
En esta última puja se ofertaron 1.000 MW interrumpibles -2.400 MW en 2019-, la misma cantidad inicialmente prevista por el Miteco para la dimensión de la Reserva, de modo que los precios resultantes podrían ser muy similares, o incluso menores, porque al concurso de los 3.000 MW de potencia interrumpible de la industria se añadirían el concurso de la potencia de las centrales y los sistema de almacenamiento que quisieran participar.
Uso más frecuente de lo previsto
Aege también duda de la estimación de que la Reserva se vaya a usar una vez cada 10 años, como estima el Miteco, y apunta que en la propia memoria de impacto de la propuesta normativa se señala que el 7 de mayo del año pasado se produjo una situación en la que se dieron las condiciones técnicas que la desencadenarían: "hay que tener cuidado con las estimaciones estadísticas, y es muy probable que con el aumento de las renovables, la Reserva se use con frecuencia creciente", puntualiza la entidad.
Con relación al momento en el la Reserva podría estar operativa, Aege cree que no estará lista, como espera el Miteco, para inicios de 2021, y pone como ejemplo el retraso que sufre el Estatuto para los consumidores electrointensivos, anunciado en diciembre de 2018 y sucesivamente postergado, ahora hasta el próximo octubre.
Aege confía en poder afinar la normativa mediante el trabajo conjunto con la Administración e pone el énfasis en que los grandes consumidores de energía lo único que reclaman es disponer de unos precios energéticos similares a los de sus homólogos de Francia o Alemania.
Escasa base legal
Tampoco ven la propuesta con buenos ojos los agregadores de demanda, aglutinados en Entra: creen que "le falta base legal" y que es "adolece de incoherencia" en cuanto a su finalidad y su efectividad.
Entra ha alegado que la propuesta no incluye un estudio sobre la evolución de la cobertura de la demanda -algo exigido por la UE para los mecanismos de capacidad-, apunta que debe notificarse a la UE para que apruebe el mecanismo con carácter previo -lo que retrasaría su aplicación-, y sostiene que no fomenta la gestión de la demanda y el almacenamiento, al excluirlos de participar en los mercados secundarios del sistema eléctrico, entre otros efectos negativos.
