El Gobierno ha reducido un 57% el volumen de energía a otorgar en la subasta de interrumpibilidad eléctrica para el primer semestre de 2020, según se recoge en el BOE.
La interrumpibilidad es un mecanismo de seguridad del sistema eléctrico que permite desconectar a la industria en caso de riesgo de apagón, o precios muy elevados, a cambio de una retribución; esta ascendió el año pasado a 196 millones de euros, el anterior a 300 millones y del orden de los 500 millones en años anteriores.
Si para este segundo semestre de 2019 adjudicó 2.340 MW repartidos en 16 bloques de 40 MW y 340 bloques de 5 MW, en el próximo han desaparecido los bloques de 40 MW y únicamente ha ofertado 1.000 MW en bloques de 5 MW. El precio de salida del MW interrumpible -la puja es descendente- no ha variado: 125.000 euros.
Bruselas, en contra
La razón de esta bajada estriba en que la Comisión Europea quiere que desaparezca porque considera que España tiene demasiados mecanismo de seguridad. El Gobierno llegó a anunciar su fin en 2019, pero al no disponer de una alternativa -iba a serlo el Estatuto de los consumidores electrointensivos, pendiente de aprobar- decidió mantener el modelo actual de subasta.
Así se lo anunció en julio a la Asociación de Grandes Consumidores de Electricidad (Aege), cuyo director general, Fernando Soto, comenta a elEconomista que está "seriamente preocupado" por la gran presión competitiva que conlleva la reducción del volumen de potencia a subastar y la desaparición de los bloques de 40 MW, que en la última puja se adjudicaron en su totalidad.
Soto también confiesa su "irritación" porque el Gobierno, a pesar de estar en funciones, haya aprobado una normativa con la retribución de las renovables a partir de enero y no desbloquee el citado Estatuto: "queremos lo mismo".
