La Comisión Europea ha irrumpido en la elaboración por parte del Ministerio de Industria del proyecto de Real decreto por el que se regula el Estatuto de consumidores electrointensivos. Bruselas ha puesto coto a los límites de consumo que el Gobierno quería imponer en dicha normativa, lo que abre la puerta a una rebaja de la luz para empresas de menor tamaño, pero que también estén sometidas a la competencia internacional, como pequeñas compañías de textil, productos farmaceúticos, azulejeras, papeleras, cemento o vidrio, entre otras.
Según figura en el borrador inicial, la categoría de consumidor electrointensivo se otorgaba a aquellos que durante al menos dos de los tres años anteriores hubiesen consumido un volumen anual de energía eléctrica superior a 40 GWh y en las horas correspondientes al periodo tarifario 6 al menos el 50%.
Esta definición limitaba el acceso a las ayudas previstas prácticamente solo a aquellos grandes consumidores que participaban en la subasta de interrumpibilidad.
La Comisión, no obstante, acaba de emitir el pasado 15 de mayo una decisión relativa a la ayuda estatal ejecutada por Francia respecto a su CSPE (Contribución al servicio público de la electricidad) , en la que deja claro que no se puede imponer límites de consumo. Bruselas asegura que dejar estas ayudas "únicamente a los clientes industriales que consumen más de 7 GWh, crea una discriminación entre competidores que operan en el mismo sector del mercado: aunque la CSPE representa el mismo peso en términos de valor añadido, la exención sólo se concede cuando el consumo alcanza un determinado nivel, lo que impide de hecho a las empresas más pequeñas de un sector determinado beneficiarse de la exención".
Revisión del Estatuto
El Ministerio de Industria comenzó a preparar el 29 de abril una revisión total del Estatuto con la intención de acercar los actuales 68 euros/MWh de precio medio a los 40 euros que se pagan en otros grandes países europeos.
El departamento que dirige en funciones Reyes Maroto informó, tras la negativa mostrada por la CNMC y la Comisión Europea, que se disponía a retirar las exenciones planteadas para los pagos por capacidad y para la interrumpibilidad para pasar a buscar una alternativa que se pudiera encajar en las ayudas en forma de reducciones o exenciones de impuestos ambientales y de reducciones en la financiación de apoyo para la electricidad procedente de renovables, como ya están haciendo Francia y Alemania.
Industria plantea la aplicación de un sistema que exima del pago de una parte de las primas que todavía reciben las renovables, aunque indicó que se tiene que concretar la forma en la que se aplica, por la revisión que tiene en marcha el Ministerio de Transición Ecológica de los cargos, así como de las circulares que tiene que ir presentando la CNMC.
Las primas a las energías limpias se financian en estos momentos a través de los peajes del recibo de la luz (alrededor del 50% del mismo) y cualquier cambio en el mismo debe cargarse a otro consumidor o reducirse dicho gasto, tal y como recoge la Ley.
Además de esta opción, se plantea también que se pueda actuar sobre los impuestos que se crearon con el Real decreto Ley 15/2018, que aplicó el impuesto a la generación del 7%, así como el céntimo verde. Según las cuentas que maneja el sector, entre ambas medidas podrían permitir un ahorro del orden de 4-5 euros/MWh, algo superiores a las anteriores y que se podrían añadir al dinero que recibirán como compensación por los costes de emisión de CO2.
La Comisión Europea asegura en los límites que pone a este tipo de incentivos que "conviene limitar las ayudas a los sectores cuya posición competitiva se encuentre amenazada por los costes derivados de la financiación del apoyo a la energía procedente de fuentes renovables en razón de la intensidad de su uso de electricidad y su exposición al comercio internacional. En consecuencia la ayuda solo podrá concederse si la empresa pertenece a los sectores que figuran en el anexo 3. Esta lista deberá ser utilizada únicamente para beneficiarse de dicha forma particular de compensación".
Estatuto en desarrollo
Industria sacó a finales de abril una Orden Ministerial para adjudicar 91 millones como compensación de los derechos de emisión y ya incluye las obligaciones, por ejemplo, de mantener el empleo durante los próximos tres años.
Si el Gobierno, finalmente, cumpliera su compromiso de elevarlo hasta 200 millones -el sector espera que como máximo este año ascienda a 178 millones- el efecto para estos consumidores sería del orden de 6-7 euros/MWh adicionales. Es decir, hasta 12 euros en total. Transición Ecológica también tiene ya abierto la subasta de interrumpibilidad.
El Ministerio de Industria asegura que España está en proceso de elaboración de su propio estatuto y que está en continuo contacto con la Comisión Europea para perfilarlo.
