La industria pesada clama contra el resultado de la subasta de interrumpibilidad para el primer semestre de 2020, concluida el jueves, que se ha saldado con una reducción del precio de adjudicación del 90% con relación a la subasta anterior, del segundo semestre de 2019. En esta ocasión han participado 118 empresas por un volumen de oferta un 60% menor -1.000 MW frente a 2.400 MW- y sólo 30 compañías se repartirán 4,4 millones de euros, frente a los 95 millones de la anterior puja otorgados a 123 industrias.
Alcoa ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que califica de "inviable" su actividad en España tras el resultado de la subasta; ArcelorMittal considera que se trata de "un desastre"; Unesid, la patronal de las empresas siderúrgicas, sostienen que el resultado de la puja "lleva a la industria al borde del abismo"...
Ya avisaban hace una semana los sindicatos UGT y CCOO, y las patronales Unesid y Aege, de "su disgusto y gran preocupación" por las reglas de la subasta de interrumpiblidad. Lo hacían por carta a las titulares en funciones de los ministerios para la Transición Ecológica (Miteco) e Industria, reclamando "un tratamiento igual" que el de la industria alemana, con la que soporta una brecha de precio del 20 a 25 euros por MWh.
La interrumpibilidad es un mecanismo del sistema eléctrico que permite desconectar a grandes consumidores a cambio de una retribución en caso de riesgo de apagón o precios elevados. Este 2019 ascendió a 196 millones, el año pasado fueron 300 millones, en 2018 unos 350 millones y más atrás unos 500 millones por ejercicio.
Rechazo de Bruselas
La Comisión Europea quiere que la interrumpibilidad desaparezca -cree que son ayudas encubiertas- y el Gobierno esperaba que las últimas subastas fueran las de este 2019, confiando en tener alternativas.
Sin embargo, a la vista del retraso que acumula el Estatuto de la Industria Electrointensiva, entre otras medidas de apoyo, el Miteco se decidió a sacar una subasta para este primer semestre; el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, ha llegado a confesar que el país se juega con ello la apertura de un expediente comunitario.
Sin embargo, las reglas de la subasta han arrojado un resultado mucho peor del previsto por las empresas: el escaso volumen de potencia interrumpible ofrecido, 1.000 MW -en el que han desaparecido los mayores bloques de potencia, de 40 MW-, y la presión competitiva ha hundido el precio de adjudicación: la subasta, de tipo descendente, arrancó con 125.000 euros por MW y ha cerrado a un precio medio de 8.764 euros por MW; en la última de 2019 el precio se cerró a 81.220 euros por MW para 2.340 MW.
En la citada carta, los trabajadores y los patronos reclamaban al Gobierno que hasta que hubiera una alternativa se mantuviera la situación de 2019, "como ha hecho el vecino Portugal".
