El goteo incesante de resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para tratar de esclarecer las dudas sobre la legalidad del sistema hipotecario español sigue su curso. El abogado general Szpunar, dictó ayer unas conclusiones en las que propone al Tribunal que en su futura sentencia respalde nuevamente a los deudores hipotecarios.
La definición de despido colectivo que contempla la Ley española (concretamente, el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores) y que utiliza como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, es contraria a la Directiva comunitaria 98/59/CE reguladora, precisamente, de los despidos colectivos.
El goteo incesante de resoluciones del Tribunal de Justicia de la UE para tratar de esclarecer las dudas acerca de la legalidad del sistema hipotecario español sigue su curso. Esta mañana, el abogado general Szpunar, ha dictado unas conclusiones en las que propone al Tribunal de Justicia que en su futura sentencia respalde nuevamente a los deudores hipotecarios.
El Tribunal Supremo acaba de publicar su sentencia de 20 de abril de 2015, en la que ha decidido confirmar la nulidad del despido colectivo del grupo Coca Cola por vulneración del derecho de huelga, lo que hace innecesario analizar el resto de las cuestiones planteadas. No obstante, ya el pasado 15 de abril el Pleno del Alto Tribunal comunicó que dictaría una sentencia en este sentido.
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la Orden 861/2015, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que modifica la Orden de 2012 sobre autoliquidación y solicitud de devolución de las controvertidas tasas judiciales que recientemente ha derogado el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El comisario del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha denunciado hoy que la UE "ignora las dolorosas historias personales de las personas intersexuales y de las violaciones constantes de derechos humanos a que se enfrentan".
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado que se hagan públicos los nombres de las personas que han sido condenadas por un delito en el que el perjudicado ha sido la Hacienda Pública, siempre que haya sentencia firme. Y es que, en estos casos existe, a juicio del órgano de gobierno de los jueces, "interés general".
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha avalado la práctica búlgara consistente en instalar los contadores de electricidad de los consumidores a una altura de 6 metros en los barrios habitados mayoritariamente por gitanos para evitar "manipulaciones no autorizadas de los contadores y la captación ilegal de electricidad" que, según la empresa distribuidora, "se producen con especial frecuencia en los distritos gitanos".
"La aceleración legislativa convive con una lentitud de la Justicia que, en ocasiones, interpreta una norma que ya ha sido derogada, lo que conlleva una enorme dificultad para garantizar una seguridad jurídica en la fase preventiva del proceso que es, precisamente, la que tienen que desempeñar los abogados a través de su asesoramiento", ha denunciado el abogado Miguel Roca Junyent, durante su intervención en el XI Congreso Nacional de la Abogacía que se clausuró esta mañana en Vitoria.
La necesidad de regular el derecho al olvido -derecho de que la información personal de un usuario no se indexe de forma indefinida en los buscadores de Internet- para limitarlo a casos tasados, y que no suponga un límite indiscriminado a la libertad de información, es una de las principales ideas defendidas esta mañana por los expertos, durante la primera mesa de debate del XI Congreso de la Abogacía que comenzó ayer en Vitoria.