"La aceleración legislativa convive con una lentitud de la Justicia que, en ocasiones, interpreta una norma que ya ha sido derogada, lo que conlleva una enorme dificultad para garantizar una seguridad jurídica en la fase preventiva del proceso que es, precisamente, la que tienen que desempeñar los abogados a través de su asesoramiento", ha denunciado el abogado Miguel Roca Junyent, durante su intervención en el XI Congreso Nacional de la Abogacía que se clausuró esta mañana en Vitoria.
Explicó Roca que los abogados que deben aconsejar a sus clientes se mueven en una "absoluta inseguridad que es el resultado de que estamos operando un cambio de profunda raíz jurídica donde existe una falta de coordinación y cierto desasosiego a la hora de legislar". Criticó que el "derecho positivo nace hoy con una vocación de cambio que es apabullante" y que deriva en una situación de "incertidumbre, inseguridad e inquietud para el abogado".
De la misma opinión que Roca es la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano Astaburuaga, que lamentó que si bien "tiene que haber sosiego en el legislador, sin embargo, ahora mismo lo que hay es una premura legislativa que a veces no nos permite reflexionar demasiado a los juristas". A juicio de la magistrada, los permanentes cambios legislativos "hace que sea muy complicado abordar cualquier cuestión", a lo que se añade el fuerte crecimiento de trabajo al que ha tenido que hacer frente la jurisdicción social "que situó en un aumento del 200 por cien-, que no se ha acompañado de un incremento del número de jueces, lo que acarrea una absoluta falta de celeridad en la resolución de conflictos".
Un "enredo procesal" nunca visto
A este respecto, aseguró que las constantes reformas en materia laboral ha conllevado un "enredo procesal nunca visto" como ocurre en materia de impugnación del despido colectivo donde la norma contiene lagunas regulatorias como es el caso de la legitimidad para impugnar de las comisiones híbridas -las formadas por representantes de trabajadores y representantes sindicales-. Por ello, han sido los tribunales los que se han visto obligados a interpretar determinados aspectos y es que, dijo Segoviano, "los jueces no podemos dejar de juzgar un asunto por ausencia u oscuridad de la ley". Lo mismo ha ocurrido, explicó la magistrada, en relación a la ultraactividad de los convenios o a las consecuencias de la declaración de un despido, ajustado o no a derecho, nuevos conceptos introducidos por la reforma laboral operada 2012.
Por el contrario, Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y Competitividad se defendió de las palabras del abogado asegurando que "nos hemos encontrado con un periodo extraordinariamente complejo que nos obligó a adoptar una serie de normas que afectaban a todos los órdenes jurisdiccionales". Había una situación de emergencia, explicó Temboury en su intervención, "que justificaba que había que legislar de una manera extraordinaria lo que explica el incremento del número de Reales decretos leyes dictados por el Gobierno en los últimos tiempos".
Eso sí, "hemos intentado ser coherentes", añadió, si bien sabemos que "los operadores jurídicos han tenido que estar sometidos estos años a una tensión legislativa".
La "gran bolsa de fraude de empleo"
Precisamente, a la reforma laboral de 2012 se refirieron el abogado Alejandro Cobos Sánchez y Carlos Bravo Fernández, secretario de protección social y políticas sociales del CCOO, si bien desde una perspectiva completamente contrapuesta.
Así, mientras Cobos defendió que el elemento central de la reforma fue fomentar la flexibilidad interna de las empresas que ha permitido "mecanismos alternativos a la destrucción de empleo", Bravo lamentó que la Ley ha derivado en "la gran bolsa de fraude de empleo" en tanto que el 25 por ciento de los nuevos empleos son a tiempo parcial y el 37 son temporales. Por primera vez en nuestra historia, lamentó, "menos del 50 por ciento de los trabajadores son indefinidos a tiempo completo". Y aseguró que "en España se ha apostado por la devaluación del trabajo y por la reducción salarial como medio para mejorar la competitividad".
