Las ayudas movilizadas por la Sepi para ayudar a las empresas a eludir las dificultades financieras provocadas por la pandemia del Covid-19 no están consiguiendo por ahora eliminar los números rojos del balance. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas aprobó 30 operaciones de las 73 que se presentaron, por un valor de 3.255 millones de euros.
La Real Federación Española de Fútbol justifica la imputación de ingresos de la Supercopa disputada en Arabia en 2020 un año antes, tal y como ha informado elEconomista.es, en que el contrato se firmó entonces y tenía el visto bueno del auditor. La Federación explica que "la imputación temporal de los ingresos y gastos de dicha competición tuvo en cuenta que el periodo de vigencia de los contratos se iniciaba en el momento de su firma, y que buena parte de su contenido se ejecutaba ya en el cuarto trimestre de 2019".
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contabilizó los ingresos de la Supercopa disputada en Arabia en 2020 con cargo al ejercicio 2019, es decir antes de que se jugara la competición. EY, la firma que se ha encargado de auditar el balance y los resultados del organismo del último ejercicio fiscal, ha incluido salvedades a los mismos por segundo año consecutivo, advirtiendo de que las cuentas no están bien expresadas, no se pueden por lo tanto comparar e incumplen, además, la normativa financiera
Una veintena de políticos y exaltos cargos se han colocado en los últimos años al mando de los grandes lobbys españoles. La falta de regulación al respecto ha abierto de par en par las puertas giratorias, posibilitando la contratación de antiguos ministros, secretarios de Estado y diputados por parte de firmas como Acento, LLYC (antigua Llorente y Cuenca), Harmon, Kreab o Vicen Consulting. Todos ellos tienen una misma línea de trabajo: tratar de influir en las decisiones políticas, económicas y fiscales aprovechando los contactos e influencias del pasado en beneficio de sus clientes. Los lobbys argumentan que las empresas que les contratan reclaman que haya políticos en plantilla, pero piden al mismo tiempo que se regule su actividad y se establezcan unas normas de transparencia básicas para evitar que prolifere el amiguismo.
El mundo está cambiando. Las innovaciones tecnológicas como el blockchain, la biométrica y la Inteligencia Artificial (IA) son algunas de las novedades. Las tendencias actuales indican que el q commerce (facilidad y convenencia), los pagos con biometría, zero waste commerce (economía circular y sostenibilidad) junto con la 'museificación' del retail y la llegada de las tiendas al metaverso son solo el comienzo de una nueva era en el sector.
España es líder en soluciones de Inteligencia Artificial (IA) para la defensa de la propiedad industrial, además de estar a la cabeza en la gestión de las marcas. Sin embargo, "el problema de España es su gran dependencia tecnológica", asegura el director de negocios de inteligencia de ClarkeModet, Benjamín Martínez.
El exministro socialista Pepe Blanco ha convertido en solo dos años a su consultora, Acento Public Affairs, en el mayor lobby de España. La firma alcanzó el año pasado unos ingresos de 4,47 millones de euros, lo que supone no solo más del doble que en 2020, sino que implica además que ha superado a LLYC (antigua Llorente y Cuenca), compañía que hasta el momento era el líder del mercado.
Acento Public Affaris, el lobby creado en 2019 por los socialistas Pepe Blanco y Antonio Hernando, está ofreciendo a las empresas del Ibex "un canal de comunicación directo, permanente, eficaz y útil con el Gobierno de España" en plena ofensiva fiscal emprendida desde Moncloa y justo cuando hay en marcha nuevos impuestos a sectores como la banca o la energía.
En marzo ya saltaba la alerta de posibles prácticas anticompetitivas que afectarían al suministro de alimentos básicos en los comedores de organismos públicos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) entre el 14 y 15 de septiembre ha llevado a cabo una nueva ronda de inspección en la sede de nuevas empresas.
Si no hay cambios, el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el impuesto al plástico. Este gravamen se sumará a la docena de impuestos ya existentes en toda la cadena de producción y distribución. En plena oleada de encarecimiento de las materias primas y de los costes de la energía, la industria alimentaria pide al Gobierno que retrasar la entrada en vigor. "Se debería suspender los impuestos especiales y aplazar la entrada en vigor de los nuevos", alegan fuentes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).