España es líder en soluciones de Inteligencia Artificial (IA) para la defensa de la propiedad industrial, además de estar a la cabeza en la gestión de las marcas. Sin embargo, "el problema de España es su gran dependencia tecnológica", asegura el director de negocios de inteligencia de ClarkeModet, Benjamín Martínez.
El centro de Estudios de la Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) y la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) han elaborado un estudio sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la defensa de las marcas y los derechos de Propiedad Intelectual. Por qué, ¿tienen autoría la inteligencia artificial (IA)? Actualmente la legislación alega que las obras de la IA no tienen derechos de autoría ni morales.
La llegada de la IA ha creado un nuevo paradigma en la defensa de los derechos de la Propiedad Industrial afectando tanto a los servicios de vigilancia o blockchain como a los derechos de proteger como es el caso del metarverso donde existe lo que podríamos denominar como un vacío legal. Por ejemplo, la compañía Hermés demandó a la empresa Maison Rothschild, por un conflicto con la venta de bolsos similares en el mundo real y virtual.
Ya son varias las marcas que se han unido al metaverso. Así Benetton abrió una tienda virtual a raíz de la apertura de su último establecimiento. Además, entidades como McDonald´s ha solicitado el registro de más de 11 marcas para abrir un restaurante en el metaverso y pueda vender alimentos y bebidas incluyendo la marca McCafé para ofrecer servicios de entretenimiento. Por otro lado, el grupo L´Oreal ha solicitado el registro de 17 de las suyas.
En el ámbito judicial la demanda de IA es nula porque los usuarios creen que no está preparada para sustituir a las personas, a pesar de que en China ya se ha desarrollado un "fiscal de IA" capaz de presentar cargos con un 97% de precisión. Según Benjamín Martínez, "la principal barrera es el desconocimiento, más allá de los costes". Otro de los inconvenientes para el avance legal es la falta de regulación, aunque la Unión Europea tiene un modelo de cara al futuro y España se ha presentado voluntario para probarlo.
