Una veintena de políticos y exaltos cargos se han colocado en los últimos años al mando de los grandes lobbys españoles. La falta de regulación al respecto ha abierto de par en par las puertas giratorias, posibilitando la contratación de antiguos ministros, secretarios de Estado y diputados por parte de firmas como Acento, LLYC (antigua Llorente y Cuenca), Harmon, Kreab o Vicen Consulting. Todos ellos tienen una misma línea de trabajo: tratar de influir en las decisiones políticas, económicas y fiscales aprovechando los contactos e influencias del pasado en beneficio de sus clientes. Los lobbys argumentan que las empresas que les contratan reclaman que haya políticos en plantilla, pero piden al mismo tiempo que se regule su actividad y se establezcan unas normas de transparencia básicas para evitar que prolifere el amiguismo.
Cómo líder del sector se erige Acento Public Affairs, el lobby impulsado en 2019 por Pepe Blanco y Antonio Hernando nada más dejar su actividad política. Blanco, que había sido ministro de Fomento y portavoz del Gobierno bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero y que ocupó también la vicesecretaría general del PSOE, dejó su puesto como diputado en el Parlamento Europeo para lanzar la consultora. Y más llamativo aún es el caso de Antonio Hernando, que había ocupado distintos cargos en el aparato del partido, y que llegó a ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y diputado hasta marzo de 2019. Tras su paso por Acento, volvió sin embargo a la vida política hace solo un año como director adjunto del Gabinete de la Presidencia, con Pedro Sánchez.
Pero la firma fundada por Blanco y Hernando ha ido mucho más allá, contratando en los últimos tres años a políticos de distintas tendencias para intentar acaparar todas las esferas de influencia posibles. Así, en su equipo trabajan también otros dos exaltos cargos socialistas: Elena Valenciano, que fue vicesecretaria general del partido con Alfredo Pérez Rubalcaba y cabeza de lista en las elecciones europeas de 2014 y Valeriano Gómez, exministro de Trabajo en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Por parte del Partido Popular figuran Alfonso Alonso, exministro de Sanidad durante el Gobierno de Mariano Rajoy; Elena Pisonero exsecretaria de Estado de Economía, Energía y Pyme con José María Aznar como presidente o José María Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital. Y más allá de los dos grandes partidos, la plantilla de Acento la completan, además, Marco Candela, que fue diputado, portavoz adjunto y presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid entre 2015 y 2019 y Miquel Gamisans, que proviene de ERC y que fue secretario de Comunicación de la Generalitat de Cataluña hasta 2018.
Tras Acento, otra de las firmas que más políticos ha contratado en los últimos años ha sido LLYC, la consultora de comunicación que preside José Antonio Llorente y que ha creado un departamento muy potente de Asuntos Públicos. LLYC tiene en nómina a Fernando Moraleda, que fue Secretario General de Agricultura y Alimentación y que trabaja ahora como senior advisor y director de la oficina de gestión de proyectos NextGeneration. Su labor se centra en facilitar a las empresas el acceso al Perte agroalimentario, que contará con una inversión pública de más de 1.000 millones hasta 2023 y que, de acuerdo con las estimaciones del Gobierno, generará un impacto económico de partida de 3.000 millones de euros y la creación de hasta 16.000 puestos de trabajo.
Además de Moraleda, en LLYC trabajan también dos expolíticos del PSOE, Joan Navarro y Jordi Sevilla, y otro del PP, José Luis Ayllón. Sevilla fue jefe de Gabinete del ministro de Economía y Hacienda (1993-1996), ministro de Administraciones Públicas (2004-2007), responsable del equipo económico del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno (2015-2016) y presidente de la Red Eléctrica de España (2018-2020) y ejerce ahora como senior advisor, miembro del Consejo Asesor y director del Área Contexto Económico de la consultora.
Ayllón, que fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia con Rajoy entre 2011 y 2018, además de director del Gabinete del Presidente del Gobierno hasta que se presentó la moción de censura contra el Ejecutivo popular en 2018, trabaja como director en su caso, del Área Contexto Político, reportando a Joan Navarro, director del Gabinete del Ministro de Administraciones Públicas entre 2004 y 2007, y en la actualidad vicepresidente y socio de Asuntos Públicos en LLYC.
En el departamento de Asuntos Públicos de esta firma trabajan también otros expolíticos menos conocidos, como Iñaki Ortega, que fue presidente de Nuevas Generaciones del PP en el País Vasco y diputado autonómico o Roger Montañola, ligado a la antigua CiU, exdiputado del Parlament de Cataluña y uno de los impulsores de Lliures, partido heredero de Unió Democràtica de Catalunya (UDC).
En España, la tercera firma en importancia en el sector de los Asuntos Públicos y las relaciones institucionales es Kreab, una firma presidida por Luisa Allí y cuyo consejero delegado es Eugenio Martínez, que cuenta en nómina con Miguel Ferré como senior partner y responsable de Asuntos Públicos, Reputación e Intangibles. Ferré fue secretario de Estado de Hacienda, ocupando igualmente puestos de responsabilidad en la Representación Permanente de España en Bruselas ante la Unión Europea (REPER), y en diversos organismos de la OCDE y de Naciones Unidas. En Kreab trabajó también hasta hace dos años el expolítico socialista Eduardo Madina, que acabó incorporándose a Harmon, uno de los lobbys más recientes.
Harmon se fundó a principios de 2021 y está dirigido por Carmen Basagoiti y Jaime Olmos, como presidenta y consejero delegado respectivamente. El lobby se creó a raíz de la salida de Basagoiti- tras 20 años- de la consultora Kreab, seguida de Olmos. Este último ha sido director de Asuntos Públicos en empresas como Grupo Leche Pascual; además de haber sido parte del Gabinete del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y haber pertenecido al consejo de administración de diferentes empresas públicas. Basagaiti y Olmos no han sido los únicos que han trabajado previamente en otras consultoras. Manuel de la Fuente, que fue miembro de LLYC hasta 2013, cuando se unió al proyecto de la consultora Kreab para pasar a formar parte después de Harmon.
También destaca Vinces Consulting, fundado por David Córdova y que cuenta entre sus filas con Enrest Benach, un político ligado a ERC, que fue presidente del Parlamento de Cataluña desde 2003 a 2010 y diputado desde 1992 hasta 2010, además de haber presidido también la Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas (Calre) en 2005, y ser concejal del Ayuntamiento de Reus hasta 2001. Actualmente, es el director de la oficina en Cataluña de la consultora.
Uno de los casos que más llama la atención entre la plantilla de los lobbys es el de Francisco Gómez Loarte, que ha formado parte de la Administración Pública tanto en tiempos del PSOE como del PP. Entre 2018 y 2021 fue director del gabinete del Secretario del Estado de la Presidencia del Gobierno. Con un perfil más técnico que político, Gómez Loarte ha trabajado como asesor del gobierno regional de Extremadura y en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Asimismo, como senior advisor en Vinces Consulting, está también Carlos Carnero, exdiputado europeo del partido socialista.
Entre todos los grandes lobbys españoles se coloca la consultora Political Intelligence-fundada y presidida por Nicolás Lansman- el único que no cuenta con la presencia de exministros o exaltos cargos el Gobierno. Fundado en Bruselas en 1995, tiene oficinas en distintas capitales europeas, además de Madrid. Algunos de los miembros de su plantilla impulsaron precisamente la patronal del sector, la Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (Apri). Es el caso de Javier Valiente o de María Rosa Rotondo, la actual presidenta.
Resultados económicos
La falta de una regulación para controlar los lobbys impide que muchas de grandes compañías sean transparentes en términos económicos y políticos. Y no existe así un ranking oficial con cifras. El líder, en cualquier caso es Acento, el lobby de Pepe Blanco, seguido muy de cerca por LLYC y de Kreab, a algo más de distancia.
Según los últimos datos publicados en el Registro, la firma Acento Public Affairs consiguió unos ingresos de 4,47 millones de euros en 2021, una cifra que dobla a la conseguida en 2020. LLYC, que hasta el momento tenía el liderazgo de los lobbys en España, ha quedado relegada a una segunda posición tras haber ingresado 4,43 millones en 2021 y 2,35 millones en los seis primeros meses de 2022 en asuntos públicos en España y Portugal. En el podio se encuentra Kreab, aunque sus cifras no son públicas, y ya en cuarta posición Vinces Consulting, con unos ingresos en 2020 de casi tres millones de euros.
La siguiente posición es para Political Intelligence, fundada en 1995, que consiguió una facturación de un millón de euros en 2020. Y, por último, se encuentra uno de los lobbys más reciente, Harmon, que se creó el año pasado y cuyos ingresos en el primer ejercicio de su existencia aún no son públicos, a pesar de que estaría teniendo un crecimiento muy alto. Entre los seis grandes facturan así cerca de 20 millones, menos de la mitad que Akim Gump, el líder en EEUU con ingresos de 50 millones.