El Fondo de Reserva da sus primeros latidos en el tan socorrido Pacto de Toledo (creado para dar viabilidad al actual sistema de reparto de caja), año 1995, no siendo hasta el año 2000 cuando recibe su primera aportación procedente del superávit de la Seguridad Social.
Las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones, retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta el año 2023 y la indexación de la revaloración de las pensiones vinculadas al IPC, provocará un incremento considerable en la nómina de las pensiones lo que exigirá tomar ciertas medidas adicionales con el fin, o bien, de incrementar los ingresos, o bien, reducir los gastos del sistema para mantener la sostenibilidad financiera del mismo.
El pasado jueves prácticamente todos los medios aperturaban sus ediciones con los mismos titulares: " el Pacto de Toledo adquirió el acuerdo por el que llevaba casi dos años debatiendo"... La totalidad de los representantes de la comisión, salvo Esquerra, con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, determinaron volver a ligar las pensiones al "IPC real".
En los últimos días se vuelve a debatir sobre el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, lo que conlleva a tener que definir, de nuevo, cuánto y cómo se van a revalorizar las pensiones.
La revalorización de la pensiones en el presente ejercicio repuntará un mínimo del 1,6% en base al acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo y el PNV con el fin de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, elevando las pensiones mínimas y asistenciales un 3%, el resto un 1,6% (por encima del 0,25% que marcaba la ley) e incrementaron las pensiones de viudedad.
Tal y como muestran todos los indicadores, la incógnita de la solvencia del actual sistema público de pensiones, la cual es totalmente apremiante a día de hoy, se solucionará a medida que surtan efecto las últimas reformas, trasladándose a la insuficiencia, sobre todo, a las futuras pensiones. La tasa de sustitución bajará del 82 al 45% en el 2060, por lo tanto, si queremos mantener las actuales, con el fin de poder mantener el nivel de vida, se antoja caprichosa la necesidad de planificar la jubilación.
Uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan, ya no solo el Gobierno sino a su vez el Pacto de Toledo, es la financiación actual y futura de nuestro sistema público de pensiones.
La gran incógnita tras la moción de censura y con el nuevo Gobierno no deja de ser la revalorización de las pensiones que, hasta la fecha, en relación a los Presupuestos Generales del Estado, garantizaba el incremento generalizado de las pensiones hasta el 1,6% en 2018 y 2019, añadiendo el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad de cuatro puntos, hasta el 56%, en 2018 y otros tantos en 2019, hasta el 60%.
La financiación de las pensiones en el futuro tendrá que pasar cuasi forzosamente por un sistema mixto, haciendo convivir el actual sistema de reparto, cuyas aportaciones deben de estar actuarialmente equilibradas para cada trabajador, y un sistema de capitalización basado en el ahorro personal.
