Nuestro sistema público de pensiones es un sistema de reparto cuyos orígenes datan de los años sesenta donde alternábamos con una población joven, un número de nacimientos relevantes y una esperanza de vida limitada.
La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 9.681,51 millones de euros el pasado 1 de agosto, lo que supone un incremento interanual del 5,03%. No obstante, en estos momentos, sigue habiendo demoras importantes en la inscripción de nuevos pensionistas ya que aquellas personas que no dispusieron o no disponen de certificado digital no han tenido la posibilidad de tramitar el alta correspondiente.
El Fondo de Reserva da sus primeros latidos en el tan socorrido Pacto de Toledo (creado para dar viabilidad al actual sistema de reparto de caja), año 1995, no siendo hasta el año 2000 cuando recibe su primera aportación procedente del superávit de la Seguridad Social.
Las últimas medidas adoptadas en materia de pensiones, retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta el año 2023 y la indexación de la revaloración de las pensiones vinculadas al IPC, provocará un incremento considerable en la nómina de las pensiones lo que exigirá tomar ciertas medidas adicionales con el fin, o bien, de incrementar los ingresos, o bien, reducir los gastos del sistema para mantener la sostenibilidad financiera del mismo.
El pasado jueves prácticamente todos los medios aperturaban sus ediciones con los mismos titulares: " el Pacto de Toledo adquirió el acuerdo por el que llevaba casi dos años debatiendo"... La totalidad de los representantes de la comisión, salvo Esquerra, con el fin de evitar la pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas, determinaron volver a ligar las pensiones al "IPC real".
En los últimos días se vuelve a debatir sobre el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, lo que conlleva a tener que definir, de nuevo, cuánto y cómo se van a revalorizar las pensiones.
La revalorización de la pensiones en el presente ejercicio repuntará un mínimo del 1,6% en base al acuerdo alcanzado por el anterior Ejecutivo y el PNV con el fin de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, elevando las pensiones mínimas y asistenciales un 3%, el resto un 1,6% (por encima del 0,25% que marcaba la ley) e incrementaron las pensiones de viudedad.
Tal y como muestran todos los indicadores, la incógnita de la solvencia del actual sistema público de pensiones, la cual es totalmente apremiante a día de hoy, se solucionará a medida que surtan efecto las últimas reformas, trasladándose a la insuficiencia, sobre todo, a las futuras pensiones. La tasa de sustitución bajará del 82 al 45% en el 2060, por lo tanto, si queremos mantener las actuales, con el fin de poder mantener el nivel de vida, se antoja caprichosa la necesidad de planificar la jubilación.
Uno de los grandes retos a los cuales se enfrentan, ya no solo el Gobierno sino a su vez el Pacto de Toledo, es la financiación actual y futura de nuestro sistema público de pensiones.
