Las actualizaciones de los sistemas públicos de pensiones, por lo general, suelen acometer modificaciones relacionados con los parámetros de cálculo, edad de jubilación, años computables o períodos de cotización, entre otros. Es por ello, por lo que las denominamos "reformas paramétricas".
En términos generales, los sistemas públicos de pensiones europeos estaban diseñados para afrontar una esperanza de vida sensiblemente menor a la de hoy en día. El efecto de la longevidad ha generado ciertos desequilibrios en los sistemas, obligando al ajuste de estos mediante múltiples y variopintas renovaciones.
Nuestro sistema público de pensiones muestra síntomas agravados de agotamiento, lo que, sin duda, ha provocado un déficit histórico, creciente e incesante. Dos de los "actores" que impactan de manera directa en la disminución de este déficit, están totalmente correlacionados; cotizantes y pensionistas. El primero transciende al alcance de esta tribuna. Con relación al segundo, el protagonista, será el gran damnificado; tasa de sustitución o tasa de reemplazo.
La tasa de sustitución es un indicador del alcance en que un sistema público de pensiones logra su principal finalidad, relevar los ingresos de la etapa en activo manteniendo un poder adquisitivo con la mayor semejanza posible en la etapa de jubilación. Esta tasa muestra el porcentaje que supone la pensión publica con respecto al último salario, es decir, cuanto cobraba antes y después de jubilarme.
Nuestras pensiones públicas se apoyan en una tasa de sustitución altamente generosa, un 77%. Esta supone una merma en el poder adquisitivo de nuestros pensionistas del 23%, siendo razonablemente asumible. En el panorama europeo esta tasa varía sustancialmente entre países, siendo la nuestra la mayor, podríamos hacer mención a Francia, con un 54,40%, Alemania, con un 39,80%, hasta cerrar la tabla con Rumania situándose en un 27,10% de tasa de sustitución.
La media de la Unión Europea se posiciona en un 46,20%. Parece lógico pensar que está nos da una perspectiva de cuál es la posición a la que tiene que avanzar nuestro país, siendo una de las principales razones por las que se están acometiendo cambios en nuestro sistema con tanta asiduidad.
No podemos obviar un tercer actor, el cual ya ha salido a escena, afortunadamente, permaneciendo de manera indefinida en lo alto del escenario: la esperanza de vida.
La esperanza de vida en un país saludable, como el nuestro, alcanza la módica cifra de 84 años de media entre ambos sexos (86,70 años mujeres y 81,10 hombres), sin contar el efecto Covid (82,40 años de media entre ambos sexos), siendo el segundo país más longevo del mundo después de Japón.
¡Bendito problema!, pero desde el panorama pensional es un problema que puede provocar consecuencias irreversibles sino hay actuación sobre este. Todas las enmiendas o propuestas de enmiendas, para alcanzar el equilibrio entre sostenibilidad y suficiencia de los sistemas públicos de pensiones, podemos sintetizarlas en una; reducción de la tasa de sustitución.
Parémonos a pensar las ejecutadas hasta la fecha: retraso de la edad de jubilación, incremento de los años de computo para el calculo de la pensión, restricciones para jubilares anticipadamente o incentivos para alargar la vida laboral. ¿Cuál es su finalidad? ¿Y su efecto?
Todo apunta que debemos preocuparnos y ocuparnos por definir una correcta estrategia de ahorro para complementar la etapa de desacumulación, es decir, en el momento de la jubilación, como efecto amortiguador al desplome de la tasa de sustitución.
En ello, llevo años dedicado y a su vez intranquilo. Percibo una falta de atención en como nos afectarán estos cambios en un futuro más o menos lejano. No es una cuestión menor, en España, según un estudio de Inverco, el 75% de los hogares no tienen ahorros para complementar la jubilación y el 25% que si tienen ahorros consideran que estos son insuficientes para alcanzar el nivel de vida deseado.
No cesaremos en el empeño de conseguir que las personas entiendan el problema y tomen acción construyendo su bienestar financiero para el futuro. Estamos a las puertas de un problema social que afectará a todos nuestros mayores. Todos tenemos la responsabilidad, tanto desde el ámbito publico como privado, en invertir en un futuro mejor para nuestros mayores, para todos.
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