Mientras el conflicto político de la amnistía abre un nuevo frente en Bruselas, las derivas del proyecto de ley del gobierno para borrar el procés y los pactos de Sánchez con los independentistas catalanes se extienden también al ámbito de la economía, donde la incertidumbre política resultantes ha generado inquietud e inseguridad entre los inversores internacionales hasta el punto de que ahora ven a España como el país menos atractivo para sus operaciones de inversión.
Habrá que darles los cien días de gracia. Esperar acontecimientos, trabajo y resultados. Pero, en un primer momento los cambios realizados por Núñez Feijóo en la cúpula del Partido Popular, han sido recibidos con cierto escepticismo y entusiasmo moderado en el grupo parlamentario, entre ex altos cargos del partido y en las bases. No por los nombres en sí, sino fundamentalmente por si los elegidos vienen acompañados de un cambio radical en la estrategia de oposición y en las políticas de comunicación que se necesitan para una legislatura que puede ser más larga de lo que se preveía y en la que el PP debe consolidarse como la primera y única fuerza constitucional, democrática y defensora de las libertades, la separación de poderes y el Estado de Derecho frente los intentos totalitarios y rupturistas de Sánchez y sus socios de la Frankestein.
Con el telón de fondo de un, más que solemne vergonzante, acto de apertura de la XV Legislatura, quienes seguíamos en vivo la sesión en el Congreso asistimos al esperpento de la democracia reflejada en un espejo cóncavo, del que sólo se salvó el discurso del Rey y su firme defensa de la Constitución como garante de la convivencia democrática y del Régimen de libertades del 78. Un legado ahora en peligro de extinción por el asalto a las instituciones, a la separación de poderes, la amnistía y los pactos contra natura del sanchismo gobernante.
La noticia ha pasado casi desapercibida entre los ecos de la investidura, la amnistía y la posterior formación del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez, pero no por ello deja de ser menos reveladora y menos grave, porque en sólo cinco años de gobierno del sanchismo arropado por los socios de la Frankenstein España ha pasado de ser la locomotora económica de Europa a volver a ser miembro de honor del Club de los Pobres de la UE y, por tanto, país elegible para recibir los Fondos de Cohesión. Lo que si puede parecer positivo porque nos permitiría solicitar 6.600 millones de euros a Bruselas, no lo es si tenemos en cuenta que la condición para ser destinatario de este instrumento financiero es tener una renta per cápita inferior al 90% de la media comunitaria.
Es costumbre en democracia que a todo gobierno hay que darle 100 días de cortesía, y no seré yo quién se lo niegue al nuevo Ejecutivo del sanchismo. Pero, a la espera de acontecimientos, en una primera aproximación apunta a que parece un gobierno preocupante y diseñado más para la confrontación que para el diálogo y las soluciones a los graves problemas políticos, sociales y económicos de España.
No es fácil defender las inversiones en España cuando salen grandes empresas diciendo que se van”. Con estas palabras explicaban los directivos de MSC la paralización del proyecto de inversión de 90 millones de euros en el Puerto de Valencia. Paralización que coincidía en el tiempo con el comunicado de la CEOE en el que, tras analizar los pactos contra natura de Pedro Sánchez para conseguir su investidura, la cúpula de la organización empresarial advertía de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado en el que es difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo. Para añadir que, a la vista de los acuerdos es previsible una distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y para el bienestar de la sociedad española.
Más que a una investidura, el Congreso de los Diputados ha sido escenario esta semana de una comedia. Una escenificación del metaverso en la que Pedro Sánchez se confirma como un presidente virtual, mientras que el verdadero y real presidente del Gobierno de España es Carles Puigdemont, un delincuente prófugo de la Justicia que es quien maneja desde Waterloo los hilos del guiñol.
Mientras aquí las calles de todas las ciudades de España estallan contra la amnistía y las claudicaciones de Pedro Sánchez ante los golpistas catalanes y EH Bildu, Portugal nos daba, otra vez, un ejemplo de dignidad y democracia y su hasta ahora jefe de gobierno, Antonio Costa, socialdemócrata, pero este de verdad, ofrecía una lección de responsabilidad política y de sentido del Estado al presentar su dimisión por considerar incompatible su cargo con ser investigado por su presunta implicación en una supuesta trama de corrupción en la que están implicadas empresas dedicadas a producción de litio y energía con hidrógeno verde. Investigación que el ya ex primer ministro luso considera incompatible con el cargo.
Humillante, vergonzoso, infame, ofensivo, rendición, inconstitucional, contra la democracia y el Estado de Derecho, atentado a la unidad de España… Todo estos calificativos, y muchos otros de significado y contenido similar han llenado las páginas de los medios de comunicación independientes, de las asociaciones profesionales de toda índole, y de los analistas libres para definir el acuerdo pactado entre el PSOE y Junts, o lo que es lo mismo entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont, para la investidura -que no de legislatura- del candidato que pretende ganar vendiendo España lo que no pudo conseguir democráticamente en las urnas.
Estamos viviendo días de infamia. Son palabras del diplomático y ex embajador ante la ONU, Inocencio Arias. Días en los que, la inmensa mayoría de los españoles vivimos humillados y ofendidos por un presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno que se ha convertido en el felpudo de los golpistas catalanes, carente de toda dignidad y que nos vende, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, por el plato de lentejas de una investidura que no gano en las urnas y que si se consigue no es por el bien de España, sino por el bien particular del inquilino de La Moncloa y de la pléyade de estómagos agradecidos que le deben hacienda y posición.