Días de infamia

Estamos viviendo días de infamia. Son palabras del diplomático y ex embajador ante la ONU, Inocencio Arias. Días en los que, la inmensa mayoría de los españoles vivimos humillados y ofendidos por un presidente, Pedro Sánchez, y un gobierno que se ha convertido en el felpudo de los golpistas catalanes, carente de toda dignidad y que nos vende, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda, por el plato de lentejas de una investidura que no gano en las urnas y que si se consigue no es por el bien de España, sino por el bien particular del inquilino de La Moncloa y de la pléyade de estómagos agradecidos que le deben hacienda y posición.

Días en los que un prófugo de la Justiciase se convierte en el amo de España y el auténtico jefe de un gobierno que se arrodilla, le concede todos sus deseos y burlando la legislación vigente amnistía a delincuentes, golpistas y malversadores firmando un acuerdo que es un atentado contra la Constitución, contra la democracia, contra España y contra los españoles.

Un acuerdo que rompe la concordia y la convivencia alcanzada con la Transición, que violenta la igualdad de todos los españoles ante la Ley y cuyo perímetro supera incluso los delitos propios del llamado Procés, para abrir la puerta a amnistiar la prevaricación de la ex presidenta del Parlament, Laura Borrás y también el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico del abogado de Puigdemont Gonzalo Boyé.

Y un acuerdo que es una felonía en la que Sánchez y su partido lanar aceptan, la exigencia de un relator internacional, la demanda de un referéndum de autodeterminación , que redefine el delito de terrorismo para blindar al prófugo de la Justicia, que convierte a los jueces en delincuentes y a los delincuentes en jueces y con el que, como afirma la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Sánchez "nos ha colado una dictadura por la puerta de atrás", porque en el momento en el que un gobierno es ejecutivo, legislativo y poder judicial, eso es una dictadura.

Añadido a esto que, anexo a la venta política de España, el acuerdo incluye la entrega de todo un botín económico para los independentistas, en el que resalta la condonación del 20% de la deuda de Cataluña con el Estado, 15.000 millones de euros más el ahorro de 1.300 millones de intereses, que no es más que una flagrante discriminación con el resto de las autonomías. Una cantidad de 15.000 millones de euros que supera el presupuesto total de Galicia, del País Vasco y de casi todas las comunidades autónomas de España.

El independentismo espera, además, recuperar con la amnistía 17 millones de euros correspondientes a las fianzas depositadas en las diversas causas abiertas por la Justicia contra los independentistas, además de los 3,1millones de euros que se reclaman a Carles Puigdemont y a cada uno de los más de treinta ex altos cargos de la Generalitat por desvío de fondos para los gastos del 1-O y dentro de la frustrada declaración de independencia. No olvidemos que si el delito de sedición fue suprimido por Sánchez a las órdenes de Junts y de ERC, la malversación, aunque rebajada, continúa vigente.

Con el colofón del traspaso al gobierno autonómico catalán del transportes de Cercanías en Cataluña a pesar de que en mayo pasado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, negó que esto fuera posible porque los trenes que utiliza Cercanías lo hacen por toda España, y facilitar la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Otra bajada de pantalones, que se remata con el filibusterismo parlamentario del sanchismo, cediendo diputados a Junts y ERC para que puedan formar grupo parlamentario y que supone 30.346,72 euros mensuales de subvención por grupo, además de una variable de 1.746,16 euros mensuales por diputado.

Dineros y concesiones que pagaremos el resto de los españoles con nuestros impuestos y que, además, implicarán un descenso del presupuesto para inversiones públicas del Estado y de servicios sociales especialmente en sanidad y educación. Todo ello con el consentimiento y la complicidad de los diputados socialistas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y el resto de comunidades españolas, que por su falta de coraje y sumisión a las ambiciones del Caudillo están traicionando a los ciudadanos de su regiones respectivas y, sobre todo, traicionando a España. No en mi nombre.

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