Un impuesto oculto muy distorsionante. Así calificaban desde la Fundación de Economía Aplicada (Fedea) la propuesta del Gobierno de destopar gradualmente las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. De hecho, un informe del Tesoro, organismo dependiente de Economía, a los inversores ya admite que se destruirá empleo en 2023, con una caída del 0,2% en las contrataciones. Frente a la subida del 0,6% que fabulan en los Presupuestos del Gobierno.
En pocas ocasiones, como en esta, ha habido una coincidencia tan unánime entre los analistas de toda condición en sus predicciones sobre el año que acabamos de iniciar. Un 2023 dominado por la continuidad de la guerra en Ucrania y la crisis energética, aderezado en España por las elecciones locales de mayo y generales de diciembre, con las incertidumbres derivadas del rebrote epidémico de China y que, todo apunta, será un año caliente en la política y problemático en la economía.
Sucedió el pasado martes durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año. Cuando más petulante y engreído estaba Sánchez un compañero periodista le amargó el show al preguntarle si no le preocupaba su falta de credibilidad, a lo que el presidente respondió con una tediosa perorata de divagaciones, sin contestar a lo que se le demandó. Claro que, tanto el montaje como el contenido de la comparecencia fue una evidencia incontestable de que esa falta de credibilidad ni le preocupa, ni le avergüenza, ni le afecta.
Dando por sentado que nadie con sentido común y buena fe puede oponerse a las subidas salariales, y especialmente a las del Salario Mínimo, sí conviene recordar las palabras del recientemente reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cuando afirmaba que "subidas salariales, sí; pero con cabeza". Una receta que la patronal española ha traducido en un incremento del SMI del 4% similar al que el Gobierno aplicará a los funcionarios.
"En el caos nunca ganan los buenos y lo que procede ahora es salir del tremendismo”. Con estas palabras señalaba el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, el camino que deben adoptar el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad española entera, tras el bochornoso espectáculo dado por el populismo antidemocrático antes y después del fallo del Tribunal Constitucional admitiendo el recurso de amparo del PP y paralizando la ley con la que Sánchez y sus socios de la Frankestein intentaban forzar torticeramente la renovación del intérprete supremo de la Constitución.
Semioculto por las subidas de tipos de interés de los bancos centrales, las predicciones de recesión de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, y el atentado a la democracia y el Estado de Derecho cometido por Sánchez, la bancada lanar del grupo parlamentario del sanchismo y sus socios de la Frankestein, el pasado viernes nos enteramos también de que el déficit comercial se disparó hasta superar los 60.289 millones de euros, lo que supone multiplicarlo por 3,6 veces respecto a los 16.630 millones de hace un año y devolverlo a niveles de 2008 en los albores de la Gran Recesión.
No todo es la economía, pero la economía es clave. Con estas palabras definía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el escenario fundamental sobre el que se va a articular el eje de las campañas y estrategias políticas del año electoral que se nos avecina. Si la economía crece por debajo del 1% y la inflación se cronifica en el entorno del 6% durante el primer semestre eso se llama recesión y “el efecto de la crisis devolverá el debate económico al plano principal con lo que la cuesta abajo del Gobierno será muy alargada”, apostillan los analistas y responsables de servicios de estudios consultados.
Dice, con razón, el refranero que "la mujer del césar no sólo debe ser honesta, sino parecerlo". En el mismo sentido y con buena lógica el aforismo debe aplicarse también al marido o consorte de cualquier cargo público en ejercicio, máxime si tienen responsabilidad sobre los dineros o la economía de las administraciones. Y viene esto a colación del nombramiento de Ignacio Manrique de Lara, a la sazón marido de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, como Coordinador de Estrategia Comercial y Marketing de Patrimonio Nacional con un sueldo que oscilará entre los 84.000 y los 120.000 euros.
Mas que una celebración el 44 cumpleaños de nuestra Carta Magna fue un día triste. Triste para ley y las instituciones, triste para la democracia y triste para España. El día en que el presidente del Gobierno, sin escrúpulos, aprovechó la conmemoración del día de la Constitución para pisotearla.
Tiene razón Pedro Sánchez cuando al hablar de los datos de empleo de noviembre afirma que "las cifras son claras". Y lo son, pero no en el sentido que nos quiere vender el presidente del Gobierno. Porque las cifras oficiales del Ministerio de Trabajo tienen más trampas que las encuestas de Tezanos y, parodiando el título de la película de Steven Soderbergh, bien podríamos definirlas como sexo, mentiras y cifras de empleo.