Periodista económico

Subidas salariales, sí; pero con cabeza. Con esta receta respondía el reelegido presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, al renovado síntoma de populismo salarial que infecta las políticas marcadamente electoralistas del presidente Pedro Sánchez y su ministra Yolanda Díaz, más preocupados por revertir la caída que les auguran las encuestas que por trabajar para recuperar la senda de crecimiento de la economía española y solucionar los problemas de pobreza, inflación, pérdida de poder adquisitivo y deterioro del estado de bienestar que sufren los ciudadanos españoles.

Lejos de las previsiones gubernamentales sobre el crecimiento de un 0,9% en la creación de empleo para 2023, la mayoría de los organismos internacionales y los servicios de estudios hablan ya de un práctico estancamiento de nuestro mercado laboral durante el próximo ejercicio, con tasas de evolución que oscilan desde sólo el 0.6% de Funcas y la CEOE hasta la más pesimista de Mapfre que asegura que el año que viene no habrá creación alguna de puestos de trabajo. Escenario este que elevará la tasa de paro hasta el 13%, casi un punto por encima de las estimaciones del Gobierno, como afirman desde el Banco de España hasta el Fondo Monetaria Internacional (FMI).

Por encima de los intereses nacionales, por encima de la legalidad y por encima de los principios constitucionales, Pedro Sánchez no ha dudado en ceder al chantaje de ERC para suprimir el delito de sedición en el Código Penal y reformar el delito de malversación para dejar impunes a Oriol Junqueras, Puigdemont y el resto de los condenados por el golpe de Estado en Cataluña del 17-0. Una ignominia a la que se ha sumado esta misma semana la claudicación ante la extorsión de Bildu para retirar a la Guardia Civil de Navarra al transferir las competencias de Trafico a la Comunidad Foral, además de regalares 1.250.000 euros para la digitalización de las radios y para la promoción del circo en euskera. Sólo para mantenerse un año más en el poder.

Cualquier directivo de cualquier empresa privada, de cualquier sector, que hubiera cometido un desatino de resultados tan funestos como el cometido por la ministra Irene Montero con su calamitosa ley de “sólo sí es sí”, cosechando el efecto contrario al que se pretendía, habría sido despedido fulminantemente y con una mancha en su currículum que le impediría volver a ser contratado, en ninguna parte, de por vida.

“Hoy sabemos que en Sevilla los socialistas no celebraron el cuadragésimo aniversario del triunfo socialista de octubre de 1982; celebraron las honras fúnebres de lo que tenía aquel proyecto de reformador, moderado y constitucional”. Con estas palabras explicaba Nicolás Redondo Terreros, todavía militante del PSOE, su rechazo a la abolición del delito de sedición del código penal y transformar el de malversación al gusto de ERC y los delincuentes condenados por la intentona golpista del 17-O.

A una semana vista de la asamblea electoral de CEOE resulta más que sorprendente contraproducente, que con una gravísima situación económica que nos coloca en puertas de la recesión, y con un Gobierno enemigo y que juega deliberadamente en contra de sus intereses, los empresarios españoles se empecinen en presentar una imagen de división y enfrentamiento que se interprete como una lucha de ambiciones y aspiraciones política o personales, contrarias al interés del colectivo al que todos representan.

Opinión

Dicen verdad, sin que sirva de precedente, Pedro Sánchez y su trío de damas de la economía cuando afirman que el informe del Banco Central Europeo sobre su impuesto ideológico a la banca no es vinculante. Pero lo que taimadamente callan es que el documento de la autoridad monetaria europea supone una auténtica enmienda a la totalidad a dicha iniciativa y, por ende, a la política fiscal y económica de un Gobierno que empieza a estar en el punto de mira de las autoridades europeas, cuestionado por el resto de socios de la Unión y que tiene a España en el furgón de cola de crecimiento, déficit y deuda, además de ser el líder en desempleo, duplicado la tasa de paro de la UE.

Dicen verdad, sin que sirva de precedente, Pedro Sánchez y su trío de damas de la economía cuando afirman que el informe del Banco Central Europeo sobre su impuesto ideológico a la banca no es vinculante. Pero lo que taimadamente callan es que el documento de la autoridad monetaria europea supone una auténtica enmienda a la totalidad a dicha iniciativa y, por ende, a la política fiscal y económica de un Gobierno que empieza a estar en el punto de mira de las autoridades europeas, cuestionado por el resto de socios de la Unión y que tiene a España en el furgón de cola de crecimiento, déficit y deuda, además de ser el líder en desempleo, duplicado la tasa de paro de la UE.

En medio de la vorágine de los bancos centrales compitiendo por ver quien sube más los tipos de interés para contener la inflación galopante en EE UU, la Unión Europea y Reino Unido, cada vez son más las voces que empiezan a plantearse si no se estará siguiendo una estrategia equivocada y estaremos vistiendo al apóstol de la inflación desnudando al santo de la economía hasta condenarnos a una peligrosa situación de estanflación, que asoma ya a las puertas de países como España.

Define el diccionario de la Real Academia el término igualdad como el "principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones". Concepto que representa la antítesis total de lo que representa el llamado Ministerio de Igualdad de este país y de lo que hacen, dicen y defienden su titular, Irene Montero, y el resto de la "banda de la tarta" que completan el staff del Departamento.