Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el jueves 16 de diciembre de 2022 marca, sin duda, un antes y un después. Aquella tarde-noche en la Carrera de San Jerónimo se reformaron el Código Penal y dos leyes orgánicas, una que afecta al Poder Judicial y otra al Tribunal Constitucional. ¿Por qué lo pedían los separatistas catalanes? Sí, pero no solo. Pienso, como lo piensa mucha gente, que Pedro Sánchez ha entrado en ese día por una senda muy peligrosa que pretende poner a la orden del Gobierno no sólo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sino y sobre todo al Tribunal Constitucional (TC).
Estamos, pues en vísperas de una politización del Poder Judicial que puede acabar con los equilibrios entre los poderes del Estado, equilibrio que es imprescindible en la vida de cualquier democracia.
Ese jueves, los separatistas, los podemitas y –léanlo bien- también el PSOE equipararon a los magistrados actuales del Tribunal Constitucional y los consejeros llamados conservadores del CGPJ con Tejero y los golpistas del 23-F. Según ellos, lo que hace 41 años no consiguieron los tricornios pretenden ahora hacerlo las togas.
Como nos ha recordado a este propósito Ignacio Varela, "la salud de una democracia es directamente proporcional a la fortaleza y el crédito de sus instituciones y que, como enseñó Kelsen, en el Estado de derecho las formas tienen valor de fondo. Por eso no sería una exageración concluir que la democracia española pasa por su momento más peligroso desde el otoño de 2017. La desquiciada expedición de cacería judicial en que se ha metido este Gobierno contiene una agresión directa a los tres principios: la división de poderes, la higiene institucional y el respeto a las formas propias de un sistema político civilizado. Que el pretexto sea un comportamiento irresponsable de la oposición en cuanto a sus propias obligaciones constitucionales solo añade más sal a la herida".
Pero es que lo ocurrido el pasado jueves en la Carrera de San Jerónimo se parece mucho a lo que pasó en el Parlamento de Cataluña los días 6 y 7 de septiembre del año 2017. El intento gubernamental de alterar de una sola tacada las citadas normas fundamentales, con desprecio manifiesto de los trámites parlamentarios, apoyándose en una mayoría ejerciendo de apisonadora y con la complicidad de una presidenta de la Cámara incapaz de ejercer el cargo como es debido.
Si un profeta hubiera previsto hace tiempo lo que pasó el jueves pasado, los medios que defienden a Sánchez acusarían al profeta de agorero y desestabilizador. El propio presidente del Gobierno se revolvería rabioso contra quien le anunciara: antes de que llegue la misa del Gallo, usted consumará un golpe de mano en el Parlamento.
A este propósito, las siguientes palabras de Varela son tan gruesas como certeras:
"Es legítimo que un periódico, incluso un grupo de comunicación entero, decida convertirse temporalmente en portavoz oficioso del Gobierno de turno; no sería la primera vez que eso sucede. Pero cuando se consagran en titulares a tres columnas conceptos tan peligrosos como "la derecha judicial" (lo que implica, aunque no se admita, la existencia correlativa de una "izquierda judicial" igualmente beligerante), no solo se introducen dosis masivas de veneno en el ecosistema institucional; además, se convalidan íntegramente el aparato conceptual y el vocabulario del populismo".
Espero que las cosas no lleguen tan lejos, pero las previsiones más moderadas no son nada optimistas.