Como las musas de los maestros Serrat y Sabina “que unas huyen y otras se descojonan”, así se posicionaron sobre Pedro Sánchez sus colegas de la OTAN. Que unos, como el alemán Merz o el polaco Tusk, le repudiaban y otros como el belga De Weber o la italiana Meloni, se guaseaban, con el colofón de un Donald Trump que proclamaba sin disimulos que “hay un problema con España”, mientras amenazaba con duplicar los aranceles para nuestro país.

Comentábamos recientemente en estas mismas líneas como la agonía del régimen sanchista, de prolongarse, puede hacer un daño irreparable a España, a la economía y al empleo porque la seguridad jurídica y la estabilidad política son elementos esenciales para el crecimiento de la economía, para la empresa, la inversión y la creación de empleo y en la España de hoy ambas condiciones brillan por su ausencia.

El último informe trimestral del Banco de España, adelantado por el gobernador, José Luís Escrivá, dibuja ya un escenario más pesimista sobre la economía española que se traduce en un recorte de tres décimas en la previsión de crecimiento de nuestro PIB en 2025, hasta el 2,4%, que caerá a sólo un 1,8% en 2026. Un enfriamiento de la economía que el supervisor atribuye fundamentalmente a las políticas arancelarias de EEUU que derivará en la menor aportación del sector exterior. Elemento importante sí, pero no el único ni, probablemente, el principal.

Con toda la inmundicia que vamos conociendo de amaños en obras públicas, financiación irregular, cobro de comisiones, cloacas, fontaneros, colocación de amigas sexuales y otras corrupciones varias. Y con un presidente del gobierno acorralado por los informes judiciales y de la UCO, que tiene a su mujer investigada y a sus hermano procesado por presuntos casos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, a su fiscal general a punto de sentarse en el banquillo y a sus más directos colaboradores imputados, en cualquier democracia plena cualquier presidente y cualquier gobierno democráticos habrían dimitido o convocado a los ciudadanos a las urnas para salvaguardar la dignidad personal y la del cargo. Ejemplos hay, por mucho menos como el de Antonio Costa en Portugal.

Con toda la inmundicia que vamos conociendo de amaños en obras públicas, financiación irregular, cobro de comisiones, cloacas, fontaneros, colocación de amigas sexuales y otras corrupciones varias. Y con un presidente del gobierno acorralado por los informes judiciales y de la UCO, que tiene a su mujer investigada y a sus hermano procesado por presuntos casos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, a su fiscal general a punto de sentarse en el banquillo y a sus más directos colaboradores imputados, en cualquier democracia plena cualquier presidente y cualquier gobierno democráticos habrían dimitido o convocado a los ciudadanos a las urnas para salvaguardar la dignidad personal y la del cargo. Ejemplos hay, por mucho menos como el de Antonio Costa en Portugal.