José María Triper

Periodista económico

"Me sabe a humo, me sabe a humo". Esta copla de Los Chunguitos rondaba ayer en la mente de algunos dirigentes de Cepyme y de muchos pequeños y medianos empresarios cuando escuchaban al Presidente del Gobierno anunciar un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas, pymes y trabajadores autónomos. Un conejo que Pedro Sánchez se sacó de la chistera para dar un titular a la opinión pública y la publicada con el que ocultar su pésima gestión de la pandemia -que era para lo que comparecía en el Congreso- y para evitar responder a las preguntas de sus señorías sobre la profunda división de su gobierno, las responsabilidades políticas de su vicepresidente segundo, los problemas judiciales, Caja B incluida, del partido coaligado en su gobierno, o de la niñera de su ministra de Igualdad pagada con dinero público.

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Tal día como hoy, 23 de febrero, hace 40 años que quien esto escribe, en los albores de su carrera profesional, seguía atentamente, apoyado en la barandilla de la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. El presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, había llamado al diputado Manuel Núñez Encabo, cuando un ruido de golpes interrumpió la votación mientras algunos ujieres intentaron, sin éxito, cerrar las puertas del hemiciclo.

El PSOE y el PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones del Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso RTVE. Y todo con Podemos, socio de Gobierno de los socialistas, inicialmente, al margen. Según confirman fuentes próximas a la negociación, existiría así ya un acuerdo total para la renovación del Poder Judicial. De hecho, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, admitió ya el pasado jueves en declaraciones a la Cadena SER que se iba a alcanzar un acuerdo "más pronto que tarde", asegurando que el PP no tenía ya "ni más excusas ni más fechas".

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Más allá del cierre de filas de la dirección nacional, en los funerales del día después para el Partido Popular destacaba el silencio, entre incrédulo y reprobatorio, de gran parte de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, especialmente de los barones regionales ante la "esperpéntica" intervención de Pablo Casado echando la culpa a Bárcenas y la sede de Génova 13 del desastre en Cataluña. Ni reconocimiento de errores, ni asunción de responsabilidades, ni cambios de estrategia y, por supuesto, ni una sola dimisión, salvo la del edificio, como si el cemento y el hormigón hubieran diseñado la campaña.

Si hay una constante que se repite en todos los países desarrollados es que en todas las convocatorias electorales la economía es tema prioritario de campaña y el elemento fundamental que decide el voto de los electores. Pero esta actitud lógica y marcada por la sensatez está comprobado que hace muchos que ni está ni se espera en Cataluña.

A vuela pluma y a la espera de las negociaciones entre los partidos, ahora en serio, la primea reflexión a la que invita el día después de las elecciones catalanas del 14.F es que los resultados son malos para Cataluña, malos para España y desastrosos para el centroderecha constitucionalista que queda relegado a la irrelevancia en la segunda comunidad autónoma española por indicadores económicos y población, y abocado a una refundación y una refundición si quiere mantenerse como alternativa a Sánchez y al sanchismo.

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La portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Trabajo, Isabel Franco, confirmaba en sede parlamentaria, durante la última comparecencia del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, lo que ya era un secreto a voces en los círculos políticos y empresariales, la connivencia de Podemos con los sindicatos mayoritarios para promover una campaña de movilizaciones contra el equipo económico del presidente Pedro Sánchez.

Reventar el gobierno de coalición para salvar Unidas Podemos. Esa es la lectura que algunos ministros y destacados miembros de la dirección y del grupo parlamentario socialista dan a los crecientes desafíos de Pablo Iglesias a un Ejecutivo del que forma parte, pero boicotea desde dentro, mientras apuntan que es momento ya de un giro al centro en el Gobierno.

Decía recientemente la diputada y vicepresidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Teresa Jiménez Becerril que el PSOE no es el responsable de que haya una crisis económica por el COVID 19 pero sí "es el responsable de que España sea de los países que peor se ha comportado y más empleo ha destruido en esa crisis económica de todo el mundo".