El Gobierno abre la puerta a multar a firmas corruptas con el total de ingresos anuales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abre la puerta a multar a las compañías que participen en casos de corrupción con hasta la totalidad de su facturación anual. Sánchez presentó este este miércoles en el Congreso el Plan estatal de lucha contra la corrupción, tras el escándalo del caso Koldo que mantiene imputados al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, y al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerán, por cobrar mordidas de compañías a cambio de contratos públicos.

El plan está compuesto por 15 medidas entre las que destacan las dirigidas a las empresas privadas. La propuesta plantea reformar el Código Penal para incrementar las sanciones a las empresas que participen en casos de corrupción con "la posibilidad de poner multas proporcionales a los ingresos anuales o al beneficio ilícito obtenido".

El documento hace referencia a Reino Unido, país que contempla sanciones a las compañías "sobre los ingresos anuales sin límte legal" y añade que España debe elevar las sanciones "a la altura de los países de nuestro entorno".

Por ello apuesta por fijar multas sobre la base de los ingresos anuales de la empresa corruptora o con horquillas más amplias en función del perjuicio causado. El Ejecutivo busca disuadir a las firmas de su participación en estos casos pero además, ajustar las penas a su tamaño real. Es decir, cuanto más grandes sean, mayor será el castigo económico.

Listas negras de empresas

Asimismo, también plantea crear un registro público con el listado de empresas que tenga una condena firma por corrupción, fraude, cohecho o blanqueo para que la Administración, ya sea estatal, autonómica o local, no contrate a estas compañías, les dé subvenciones o ayudas, gocen de incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Por otro lado, el plan también plantea endurecer las penas para los políticos corruptos recuperando las penas para el delito de malversación cuando no haya ánimo de lucro (que se eliminó en 2023), agravando un tercio la condena de cárcel para quien obstruya el trabajo de la justicia; ampliando el palzo de prescripción en los delitos de cohecho, prevariación o tráfico de influencia y concediendo ventajas penitenciarias a quienes devuelvan el dinero robado.

El texto propone hacer "exámenes aleatorios y anuales" del patrimonio de los altos cargos, que en la actualidad solo se controla una vez finaliza su mandato. Y se estudiará crear un precedimiento abrebiado para acelerar los trámites y plazos en los casos que involucren a personal público para tener una sentencia inmediata.

Asimismo, los partidos políticos y fundaciones que reciban fondos públicos que superen los 50.000 euros tendrán que realizar una auditoría externa e informar en el plazo de un mes de toda donación que reciban y exceda los 2.500 euros.