Las constructoras españolas enfrentan más investigaciones por amañar contratos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que podrían derivar en nuevas multas si los resultados demuestran las infracciones. La sanción impuesta la semana pasada por formar cárteles en la contratación de obras de electrificación en la red ferroviaria, por un importe de 115 millones de euros, se suma a otras recibidas en los últimos años, entre las que sobresale la relativa al negocio de recogida de basuras por 98 millones. En este caso, la Audiencia Nacional admitió los recursos de las empresas y la tumbó, pero el organismo que preside José María Marín Quemada ha emprendido un nuevo procedimiento corrigiendo los defectos que apuntó el juez.

Las empresas de la construcción se han visto envueltas en los últimos años en múltiples casos de corrupción vinculada a las Administraciones Públicas y los partidos políticos. Sobornos, amaños, mordidas, comisiones ilegales, blanqueo... son términos que se han vinculado al sector continuadamente, obligando a que muchos de los primeros espadas de los grandes grupos de infraestructuras de España hayan tenido que pasar por los juzgados para declarar, bien como testigos, bien como investigados. El último escándalo salpica, dentro del denominado caso Lezo, a OHL. Entre los procesos más llamativos figuran los siguientes:

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha señalado hoy que la previsión del grupo es finalizar la venta de la división de Servicios "en torno al próximo verano". Así lo ha informado en su intervención en la junta general de accionistas que se celebra hoy en Madrid. El ejecutivo ha enmarcado esta operación en "la voluntad de concentrar nuestros recursos tanto materiales como humanos en el desarrollo y promoción de infraestructuras privadas".

KKR negocia con el fondo soberano de Abu Dhabi, Adia, la venta de su participación en Acciona Energía Internacional, en una operación valorada en más de 600 millones de euros. Según han explicado fuentes financieras a elEconomista, el fondo estadounidense se encuentra en conversaciones bilaterales con Adia para vender el 33% que ostenta en esta compañía.

Los Estados de España y Francia reclaman a TP Ferro, la sociedad que gestionó hasta 2016 la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan y que está participada por ACS y Eiffage, una compensación de más de 75 millones de euros por el incumplimiento del contrato de concesión. Lejos de satisfacer las demandas de la concesionaria, que superan los 500 millones de euros, el resultado de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) calculado por el Ministerio de Fomento y de l'Environment, de l'Energie y de la Mer francés ha sido negativo. En breve arracancará el arbitraje internacional una vez que se han designado los árbitros de las partes, según explican fuentes conocedoras del proceso.