Las constructoras españolas enfrentan más investigaciones por amañar contratos por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que podrían derivar en nuevas multas si los resultados demuestran las infracciones. La sanción impuesta la semana pasada por formar cárteles en la contratación de obras de electrificación en la red ferroviaria, por un importe de 115 millones de euros, se suma a otras recibidas en los últimos años, entre las que sobresale la relativa al negocio de recogida de basuras por 98 millones. En este caso, la Audiencia Nacional admitió los recursos de las empresas y la tumbó, pero el organismo que preside José María Marín Quemada ha emprendido un nuevo procedimiento corrigiendo los defectos que apuntó el juez.
Además, la CNMC mantiene abierto al menos otro expediente sancionador que afecta a las grandes constructoras. Se trata de una investigación "por prácticas restrictivas de la competencia" en la que están implicadas Acciona Construcción, Corsán-Corviam Construcción (Isolux), Dragados (ACS), FCC Construcción, Ferrovial Agromán, OHL y Sacyr Construcción.
Estas prácticas habrían consistido en acuerdos e intercambios de información entre dichas empresas con el objeto y/o efecto de restringir la competencia, en el ámbito de las licitaciones convocadas por las distintas Administraciones Públicas en España, para la construcción y rehabilitación de infraestructuras (entre otros, autovías, puentes, líneas ferroviarias de alta velocidad, urbanizaciones de terrenos, etc.) y de edificios (colegios, hospitales, promociones de Vivienda de Protección Oficial, bibliotecas, etc.) y para el diseño y construcción de infraestructuras de tratamiento de agua (depuradoras, desaladoras, estaciones de tratamiento de agua potable, etc.).
La CNMC incoó el expediente el pasado mes de octubre, por lo que el resultado de la investigación podría conocerse en los próximos meses. Dichos acuerdos e intercambios "habrían tenido una especial incidencia en la preparación de sus ofertas técnicas de cara a dichas licitaciones y se habrían instrumentado, entre otras vías, mediante la constitución de un grupo estable y formal constituido por las citadas empresas", según explicó el órgano de Competencia. De esta forma, "decidían con carácter semanal si contrataban conjuntamente los distintos aspectos que incluía la oferta técnica de las licitaciones que iban haciéndose públicas".
Se trata, en definitiva, de unas prácticas alineadas con la formación de cárteles, tal y como, según la conclusión de la CNMC, hicieron 15 empresas en el mercado de la electrificación de líneas ferroviarias tanto de alta velocidad como convencionales.
Transparentes y abiertos
La investigación que lleva a cabo el regulador tiene su origen en determinada documentación encontrada durante la instrucción de otro expediente y que no tenía relación con el caso que se estaba investigando. Deriva de las inspecciones domiciliarias en las sedes de cuatro compañías los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio de 2017.
La CNMC declina revelar de cuál se trata para no entorpecer el proceso, pero bien podría tratarse del relativo al denominado cártel de Adif que acaba de sancionar. De las 15 compañías multadas, cuatro coinciden en ambos expedientes: ACS, Isolux, OHL y Sacyr.
Según la CNMC, los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia y pueden conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras.
La última sanción de la CNMC fue por crear tres cárteles "para falsear la competencia en los concursos públicos de Adif" y repartirse al menos 204 licitaciones para la electrificación y mantenimiento de los sistemas de las líneas de AVE y tren convencional por unos 1.115 millones. Además de una multa de 118 millones de euros a las empresas y 666.000 euros a sus directivos, el superregulador ha solicitado que se les prohíba contratar con la Administración.
Las 15 empresas implicadas son Cobra, Cymi, Electren y Semi (filiales de ACS), Neopul (Sacyr), Eym (OHL), Inabensa (Abengoa), Alstom, Siemens, Comsa, Isolux, Telice, Indra y Elenor. El grupo que preside Florentino Pérez lideró la trama junto con Elecnor y acumula las mayores multas, con un importe conjunto superior a los 51 millones.
ACS también figuraba en el conocido como cártel de la basura, que fue sancionado en 2015 con 98,2 millones. Lo hacía a través de Urbaser, empresa que con posterioridad vendió a un grupo chino. Fue también la que recibió la mayor multa, con 23,3 millones. Formaban parte un total de 39 empresas, entre las que también se hallaban FCC, Valoriza (Sacyr) y Cespa (Ferrovial). La Audiencia Nacional recusó la decisión de la CNMC por defectos de forma a comienzos de 2018, pero el organismo reabrió el expediente, en un hecho sin precedentes, ampliándolo además a 51 compañías.
Las grandes constructoras, por tanto, enfrentan en un horizonte no muy alejado dos decisiones de la CNMC que podrían implicar multas millonarias. El efecto en sus cuentas será cuestión distinta, puesto que los tribunales suelen tardar de tres a cuatro años en fallar y en ocasiones obligan a un recálculo de los importes que dilatan los procesos hasta los ocho o diez años.
Un tercer caso que afecta a ACS es la multa que Competencia aplicó también en 2015 a siete empresas de fabricación, alquiler y venta de construcciones modulares. La sanción, que está recurrida, ascendió a 9,3 millones, de los que 8,5 millones correspondían a Dragados, filial de la firma que lidera el también presidente del Real Madrid.
Todos estos casos revelan la crisis en la contratación pública en España y, en particular, en el ámbito de las infraestructuras. La corrupción, la parálisis del sistema por la pérdida de confianza y la inseguridad jurídica son los problemas más destacables que menciona EY en un informe elaborado en 2017.
Un estudio reciente de la CNMC señala, por su parte, que "los procedimientos abiertos y transparentes producen un ahorro de casi un 10% de media en los importes de las adjudicaciones". Con ello, abunda, las Administraciones se habrían ahorrado un mínimo de 1.700 millones entre 2012 y 2016.
