La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) quiere dar un escarmiento a las empresas que formaron tres carteles para repartirse 204 contratos de Adif por 1.115 millones de euros entre 2002 y 2016. El superregulador ha iniciado por primera vez el procedimiento para que el Ministerio de Hacienda prohiba a estas firmas sancionada con 118 millones, entre las que se encuentran Cobra, Electren, Cymi, Semi, Elecnor, Comsa o Eym, volver a contratar con las Administraciones Públicas. Así, la CNMC ha apelado a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público que recoge que las firmas sancionadas con carácter firme por infracción grave que ponga en entredicho su integridad, disciplina de mercado y que hayan falseado la competencia vuelvan a contratar con el sector público.
Esta medida implica un torpedo en toda la línea de flotación de su negocio en España, que depende en su mayoría de las licitaciones públicas. No en vano, sólo en 2018 las principales empresas del cártel de electrificación del AVE se adjudicaron licitaciones por 350 millones de euros, de los cuales 132,8 millones corresponden a contratos del gestor ferroviario y 118 millones a las Comunidades Autónomas, según las cifras facilitadas por las propias empresas a las que ha tenido acceso este diario.
Comsa, Elecnor y las filiales de ACS (Cobra, Electren, Semi y Cymi) son las que más dinero lograron el año pasado en contratos públicos. Por ejemplo, la firma de infraestructuras e ingeniería catalana se adjudicó 139,5 millones de euros en obras del Estado, las autonomías y los ayuntamientos, lo que supone casi la mitad de los ingresos que logra en España. Entre los concursos que ganó se encuentran las obras de integración del ferrocarril en la zona de El Puche (Almería) adjudicadas en junio de 2018 por 15,47 millones.
En este punto, Comsa ingresó 200 millones de euros en 2017 por su actividad de construcción y ferroviario nacional, el 45% de los 498 millones que facturó en nuestro país. La rama de ingenierías y sistemas le aportó otros 278 millones. España supone más o menos la mitad de su cifra de negocios, que se vería directamente afectada por la prohibición de Hacienda, en el que caso de que se aprobara. Pero, el hecho de tener problemas de honorabilidad en tu país de origen también supone un escollo para optar a concursos públicos o privados en el extranjero, por lo que las dificultades se podrían a potenciar. Según la CNMC, Comsa está implicado en uno de los tres cárteles por lo que le ha impuesto una multa de 2,8 millones.
Elecnor, que en 2018 obtuvo el 43,3% de sus ingresos en España (985 millones de euros), es la segunda empresa de las sancionadas por Competencia que más obra pública se adjudicó el año pasado con 81,76 millones, 34 millones de los cuales corresponden a contratos con Adif. La cotizada formaba parte de los tres cárteles de electrificación de las líneas investigados y ha sido multada con 20,35 millones por el regulador, lo que supone la segunda sanción más alta.
La firma que ha recibido la multa más elevada ha sido Cobra, filial de ACS, con 27,7 millones de euros, y es la tercera que más dinero se ha llevado en adjudicaciones de las empresas de Fomento, las Comunidades Autónomas y los entes locales (56,2 millones). En los dos cárteles de electrificación también están Electren y Cymi, otras dos firmas de ACS que han sido multadas con 7,4 millones de euros y Semi, que es otra de las más sancionadas.
Electren, que ha ganado concursos por 4,5 millones de euros en 2018, cerró 2017 con unos ingresos de 33 millones de euros, de los cules el 55% (16 millones) los generó en España gracias a proyectos relacionados con las construcción y mantenimiento de catenarias y subestaciones. Así, el negocio de la filial en nuestro país depende del sector ferroviario (metro, tren convencional, alta velocidad) que está en manos de las administraciones. En 2016 el reparto del negocio es similar por lo que si Hacienda le prohíbe contratar con el sector público tendrá el futuro muy comprometido. Según explican fuentes de Competencia la prohibición de contratar con la Administración sólo afecta a la empresa sancionada y no a la matriz, que en este caso sería la constructora de Florentino Pérez. Una firma que en 2018 ha dominado la obra pública con contratados por 721 millones de euros, el 10% de total adjudicada. De todas las compañías implicadas, Alstom y Siemens se libran.
