Abengoa ha elevado hasta los 1.188,2 millones de euros la demanda por el arbitraje que presentó en 2013 ante la Cámara de Comercio de Estocolmo contra España por el recorte de las primas a las renovables, según consta en la información remitida por la ingeniería andaluza a sus acreedores a la que ha tenido acceso elEconomista. Se trata del segundo proceso de mayor cuantía que enfrenta el Estado español, solo superado por el de PV Investors (1.400 millones).
El arbitraje internacional fue interpuesto por CSP Equity Investment, una filial luxemburguesa de Abengoa titular de varias plantas termosolares en España (Helioenergy 1 y 2, Solaben 2 y 3, y Solacor 1 y 2). "Nuestra demanda de arbitraje alega que la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (...) y constituye una expropiación", recogía la compañía en el folleto enviado a la SEC en 2013 con motivo de la salida a bolsa de la compañía en Estados Unidos.
Abengoa no reveló el importe inicial de la demanda, si bien fuentes próximas a la empresa sevillana indican que se situaba en el entorno de los 800 millones de euros. A esta cantidad se han ido sumando, entre otras cuestiones, los intereses de demora por cada año que se ha dilatado la resolución del proceso, por un importe que se aproxima a los 60 millones de euros anuales.
Han transcurrido cerca de seis años desde que Abengoa abrió el arbitraje en la Cámara de Comercio de Estocolmo, que se dirime en La Haya. Fuentes conocedoras del proceso indican que la resolución está cerca y podría hacerse pública antes del próximo verano –aunque en estos casos los plazos ciertos no existen–.
Cuatrecasas de asesor
España ha perdido ocho de los 10 arbitrajes por los recortes a las renovables en los tribunales internacionales. En el caso de la Cámara de Comercio de Estocolmo, sin embargo, se han fallado los dos únicos favorables al Estado (el de Isolux y el de Charanne). En esta Corte se han resuelto otros dos contrarios al Gobierno español, aunque uno de ellos fue anulado por un tribunal y el otro está recurrido.
Abengoa cuenta como asesor legal con el bufete Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, que acaba de incorporar a la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Un resultado favorable supondría un espaldarazo para el grupo que preside Gonzalo Urquijo, que acaba de recibir el apoyo necesario de los acreedores para reestructurar la deuda y garantizar así su viabilidad futura. El impacto, no obstante, se retrasaría aún un tiempo, toda vez que el Estado está recurriendo los arbitrajes perdidos –o analiza hacerlo, según el caso–.
Una vez recibido el respaldo de los accionistas y los acreedores a su plan de refinanciación, Abengoa ha ampliado el plazo para cerrar todos los detalles y poder ejecutar las emisiones de bonos convertibles hasta el próximo jueves, 11 de abril. Con posterioridad, el juez debe homologar el acuerdo.