Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

A Yolanda Díaz no le interesa que se hable del posible impacto en el empleo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Menos aún si los argumentos proceden de informes encargados y pagados por su propio departamento. Prueba de ello es que la memoria justificativa que acompaña al Real Decreto que este martes aprobará el Consejo de Ministros 'sepulta' la existencia del análisis sobre la cuestión que la vicepresidenta segunda prometió presentar hace un año.

La reforma laboral cumple su primer año en vigor sumando récords de contratos indefinidos: en enero alcanzaron los 530.306, un 122% más que en el mismo periodo de 2022. Sin embargo, este buen dato  esconde un garbanzo negro: las 39.323 personas que tuvieron que firmar más de un contrato fijo en un mismo mes. Una cifra que se ha disparado un inédito 1.250% en el último año.

La subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes no tendrá coste, como empleador, ni para el propio Gobierno ni para el resto de administraciones públicas: la razón es que la retribución media de sus funcionarios ya duplica el nuevo umbral fijado en 1.260 euros al mes (en doce pagas). De hecho, desde 2018 ha subido más que la del 82% de los asalariados españoles.

El año 2022 ha marcado un récord de dimisiones de trabajadores con contratos indefinidos: un total de casi 1,7 millones, una cifra que más que duplica la de despidos y que supone un 127% más que la anotada en el año anterior. Sin embargo, estos datos, que se extraen de las estadísticas de la Tesorería General de la Seguridad Social, constatan que nuestro país se encuentra muy lejos de un fenómeno como la 'Gran Renuncia' que ha afectado a mercados laborales como el estadounidense.

La polémica sobre la fiabilidad de los datos de desempleo que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no tiene visos de amainar en el arranque del año. La brecha entre el paro registrado y el efectivo (que suma los demandantes con relación laboral) sigue creciendo y superó en enero las 636.000, un 67% más que hace un año.

El sorprendente 'calentamiento' del empleo en las grandes economías de la zona euro, pese a una evolución económica tocada por la inflación y las incertidumbres que genera la guerra en Ucrania, tiene una excepción muy clara: España, el país que combina la mayor tasa de paro de la Unión Europea con la menor proporción de vacantes de la zona euro. Esto nos convierte en el mercado laboral más frío del viejo Continente.

El primer año de la reforma laboral ha supuesto un gran salto hacia la estabilidad del empleo en un mercado laboral que tradicionalmente se ha caracterizado por recurso a la temporalidad. En doce meses, los contratos indefinidos han pasado del suponer apenas 1 de cada 10 a prácticamente la mitad del total de los firmados. Sin embargo, este balance positivo queda matizado por datos que reflejan que 2022 ha sido un ejercicio también inédito en número de despidos, extinciones por no superar el periodo de prueba y dimisiones, a lo que se suma la volatilidad de los contratos fijos discontinuos: síntomas todos ellos de que el empleo en España no se ha transformado a la misma velocidad que la legislación de los contratos.

Eurostat confirma el peor escenario para el Gobierno en la crisis de los fijos discontinuos: sus estadísticas se vieron afectadas por los 'ajustes' realizados por el Ministerio de Trabajo en sus cifras de paro registrado. Los últimos datos de diciembre del organismo europeo incluyen una depuración retroactiva de los datos que el SEPE le remitió para calcular las cifras de desempleo de los meses anteriores. El resultado suma 173.000 personas a la cantidad publicada originalmente en noviembre. 

El empleo no declarado ha sido una de las grandes preocupaciones de los Gobiernos españoles, que ven como por esa vía se pierden miles de millones de euros en ingresos fiscales y por cotizaciones. Mucho peor era la situación de los propios trabajadores 'ocultos', sin protección social ni garantías laborales de ningún tipo. En este contexto, los datos de 2022 arrojan una buena noticia: su peso se encuentra en el nivel más bajo desde los máximos anotados en la crisis financiera.

Los fijos discontinuos se ha convertido en una 'verdad incómoda' para el Gobierno. No solo por la polémica acerca de su impacto en las estadísticas de desempleo, sino porque según avanzan los meses se confirma que es una modalidad contractual que genera empleos indefinidos más precarios. De hecho, sus ingresos medios se quedan en 1.174,3 euros mensuales en 12 pagas, un 29,5% menos que la media de los temporales. Una cantidad que se queda también por debajo del nuevo SMI pactado por el Gobierno y los sindicatos.