La polémica sobre la fiabilidad de los datos de desempleo que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) no tiene visos de amainar en el arranque del año. La brecha entre el paro registrado y el efectivo (que suma los demandantes con relación laboral) sigue creciendo y superó en enero las 636.000, un 67% más que hace un año.
El concepto de paro efectivo ha sido acuñado por el investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, como una forma de acotar el peso en el desempleo de los demandantes con relación laboral: personas que no trabajan pero siguen vinculados por un contrato. En esta categoría se integran los trabajadores afectados por ERTE y, especialmente a partir de la reforma laboral, los fijos discontinuos cuando no trabajan a la espera de que su empresa vuelva a llamarles.
Felgueroso plantea dos fórmulas para calcular el paro efectivo: contando a los inmersos en regulaciones temporales de empleo (que han caído en el último año un 88%, hasta suponer apenas 15.000 en enero) o descontándolos.
De esta forma, se acota el posible impacto de esos trabajadores fijos discontinuos inactivos que no cuentan como parados registrados, aunque son dados de baja en la Seguridad Social (a diferencia de lo que ocurre con los afectados por ERTE), y pueden cobrar una prestación por desempleo.
Las acusaciones sobre un supuesto maquillaje de las cifras del paro a cuenta de estos trabajadores estallaron cuando se conoció que en octubre el SEPE había 'borrado' a 52.300 parados registrados (más otros 37.000 inscritos en otras categorías de demandantes) que eran en realidad fijos discontinuos inactivos, para apuntarlos en la columna de demandantes con relación laboral.
No era el primer ajuste (de enero de 2022 a enero de 2023 han afectado a un total de 127.000 parados registrados y 92.000 demandantes de otras categorías), pero sí el más intenso y el que más afectó a las cifras de paro 'oficiales', que en ese mes cayeron, de manera inédita, en 27.000 personas.
Evolución alineada del paro
Pero según los cálculos de Felgueroso, teniendo en cuenta a los demandantes con relación laboral, en ese mes el paro efectivo (sin contar ERTE) habría aumentado en 130.000. La discrepancia siguió en noviembre, cuando el paro registrado bajó en 33.500 personas, pero el efectivo se incrementó en unas 80.000, y en diciembre, cuando el primero bajó en 44.000 personas y el segundo aumentó en 3.763 personas.
Estos ajustes tuvieron impacto en las cifras de paro mensual que elabora Eurostat, que ha publicado una corrección al alza de 173.000 parados tras depurar sus estimaciones iniciales, realizadas con los datos del SEPE, según informó elEconomista.es.
El Ministerio de Trabajo nunca ha explicado estos ajustes, que revelan sus propias estadísticas y han sido confirmados por las comunidades autónomas. Pero a pesar de su resistencia inicial, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tuvo que dar finalmente su brazo a torcer y anunciar que publicaría las cifras desglosadas de fijos discontinuos inscritos en los servicios públicos de empleo.
Algo que aún no ha hecho, con el argumento de la complejidad de los trabajos, pese a que tiene los datos fruto de sus revisiones. Pero este retraso juega a favor de Díaz, ya que la evolución del paro registrado y el efectivo empieza a alinearse. De hecho, en enero ambos han aumentado: el registrado en 71.000 personas y el segundo, en 100.000.
Además, se han frenado los ajustes de parados fijos discontinuos: en diciembre apenas llegaron a 7.000 y en enero se han quedado en 6.001, solo 2.000 más que en el mismo mes de 2022, cuando la norma aún había entrado plenamente en vigor y los contratos fijos discontinuos eran una minoría. Aunque, como contrapartida, las altas de nuevos demandantes han aumentado.
Corrección, no maquillaje
Esto es algo lógico si consideramos que el ajuste de octubre no respondía tanto a un maquillaje como a la corrección de un error a la hora de apuntar a los demandantes con contratos fijos discontinuos.
Como vino a reconocer el propio SEPE a las comunidades, el sistema de registro y clasificación de demandantes basado en cruces con los datos de causas de bajas de afiliación de la Seguridad Social no estaba disponible y esto explicaba que se apuntaran a demandantes fijos discontinuos en categorías que no les correspondían, incluyendo pardos registrados.
En total, como decíamos, las revisiones han afectado a más de 127.000 parados y 92.000 demandantes que habían sido inscritos en otras categorías. El nuevo sistema ha significado un repunte sustancial de las inscripciones 'correctas'.
En enero fueron 143.420 altas de demandantes, 3,25 veces más que en enero, una evolución mucho más coherente con el incremento de los contratos de esta categoría tras la reforma laboral y que da un saldo de enero a enero de 1,05 millones de altas.
En total, Trabajo ha controlado 1,27 millones de altas bajo el radar de los demandantes con relación laboral, de los que, presumiblemente, la gran mayoría son fijos discontinuos. La pregunta que se hacen muchos expertos es por qué entonces el Ministerio sigue sin reconocer unos trabajos que recogen sus propias estadísticas y cuyos resultados, bien explicados, no harían sino despejar las acusaciones de maquillaje.
La brecha que no cesa
Hay dos claves que lo explican: la primera, el coste político de reconocer que se han producido errores en la contabilidad de los fijos discontinuos que no trabajan. El segundo que, paradójicamente, esta corrección no ha hecho sino aumentar la brecha entre paro registrado y efectivo: un 67% entre enero de 2022 y 2023.
Esto implica que en el último año el paro ha descendido un 6,8%, hasta las 2.908.397 personas, mientras el efectivo (descontado los afectados por ERTE), ha aumentado un 1,19%, hasta las 3.544.509 personas.
Aunque Trabajo no clarifique cuántos de estos 636.112 demandantes de diferencia son fijos discontinuos, la evolución no se puede explicar sin ellos. A pesar de que los fijos discontinuos tienen menos incentivos para inscribirse en los servicios públicos de empleo, ya que muchos no han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación, este auge es significativo.
Y esto empieza a distorsionar otras métricas, como la tasa de cobertura de las prestaciones. En comunidades autónomas como Baleares, ya hay más del doble de personas cobrando prestaciones que parados registrados.
