A Yolanda Díaz no le interesa que se hable del posible impacto en el empleo de la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Menos aún si los argumentos proceden de informes encargados y pagados por su propio departamento. Prueba de ello es que la memoria justificativa que acompaña al Real Decreto que este martes aprobará el Consejo de Ministros 'sepulta' la existencia del análisis sobre la cuestión que la vicepresidenta segunda prometió presentar hace un año.
El documento que acompaña a la subida del SMI del 8% para este año es muy diferente al que presentó para justificar la de 2022. Entonces sí se dedicó un epígrafe al efecto colateral de las subidas, con especial hincapié en la de 2019, la más intensa de la historia.
Aunque contó con el respaldo tanto de los sindicatos como de la patronal, se ha convertido en la más cuestionada por sus efectos en la creación de empleo. A pesar de que es el impulso dado tras este fuerte incremento el que ha permitido a Pedro Sánchez presumir de anotarse la mayor subida del SMI entre las grandes economías de la zona euro desde que preside el Gobierno.
Un informe 'repudiado'
Trabajo, que se amparaba en las conclusiones de su Comisión Asesora para el Análisis del SMI, sostenía en aquella ocasión que "parece haber cierta evidencia que apoyaría la idea de que no habría sido perjudicial" en el empleo.
Pero los análisis del Banco de España, la AiRef y el Ministerio de Asuntos Económicos señalaban lo contrario. Por ello, el departamento de Díaz anunció en la misma memoria un estudio propio con datos de las muestras continuas de vidas laborales de la Seguridad Social.
Este fue, precisamente, el estudio que encomendó a la Fundación Iseak y que fue dirigido por Sara de la Rica, a la sazón miembro de la mencionada Comisión Asesora y reconocida experta en la materia. . Sin embargo, un año después, el Ejecutivo ha 'repudiado' este trabajo.
La razón es que el informe refrenda las conclusiones del resto de estudios que Díaz buscaba rebatir, tal y como informó elEconomista.es, Según el equipo dirigido por De la Rica, los trabajadores a tiempo completo sufrieron "un ajuste significativo de la intensidad laboral". Es decir, sus horas de trabajo se redujeron. Aunque este ajuste no evitó las reducciones de plantilla: se destruyeron unos 30.000 puestos -especialmente entre mujeres, jóvenes e inmigrantes-.
Aunque el trabajo de Iseak destaca los efectos positivos de la subida en la redistribución de los ingresos y la reducción de la pobreza, la respuesta de Trabajo fue sepultarlo. Se negó a publicarlo, aduciendo que este tipo de documentos nunca se hacen públicos. Hasta que una resolución de Transparencia les obligó a ello.
Ignora a sus propios asesores
Díaz encargó entonces dos nuevos informes de urgencia a los investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad Complutense que obviaban el impacto en el empleo y se centraban en la desigualdad. Ambos se 'filtraron' a la vez que el de Sara de la Rica, quien para entonces ya había abandonado la Comisión Asesora para el análisis del SMI.
Al no contar con argumentos para negarlo, en la memoria para 2023 Trabajo ha optado por basarse n un informe del Banco Mundial que fue publicado en el año 2015 para poder calificar de "insignificante" el impacto. Ello a pesar de que los propios expertos del Comité Asesor sí la abordaban en el informe que en diciembre entregaron a Díaz para actualizar la senda de subida del SMI. "La medida también tuvo un pequeño impacto negativo sobre el empleo (...) y que habría supuesto un ligero aumento de la probabilidad de pérdida de empleo y también una reducción en la intensidad de empleo para algunos asalariados", incide el texto.
Un apunte sobre el que Trabajo también pasa de puntillas: describe el informe como un "valioso referente para motivar" la subida pero sin detallar, eso sí, su contenido.
El grupo de expertos solo asesora en una decisión que es política y que tomará Díaz
Los expertos de Díaz también recaban las conclusiones de nuevos estudios del Banco de España y el elaborado por el experto de la Universidad de Alcalá de Henares, Pablo Fernández-Baldor Laporta, que situaba la pérdida de empleo entre en 7% y el 9%, aunque la elevaba al 20,4% en los trabajadores con salarios más bajos.
En cualquier caso, hay que recordar que, al contrario de los que ocurre en otros países, el grupo de expertos solo asesora en una decisión que es política y sobre la que el Ministerio de Trabajo pretende seguir teniendo la voz cantante.
El Ejecutivo retiene así todo el poder no solo para obviar aquellos análisis que no se ajustan a sus relato, sino incluso forzar la renuncia de los que los formulan.
Esto, sin embargo, puede cambiar con la nueva Directiva Europea del Salarios Mínimos. Bruselas reclamará cada dos años a España un informe sobre las variaciones en este indicador y las "razones de su introducción". Además, tendrá que explicar el papel jugado tanto por los sindicatos como por las patronales en el proceso de decisión.
