El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha pedido ser "cuidadosos" con la determinación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 y ha instado a enmarcarlo en el pacto de rentas. Además, ha pedido ser más cuidadoso con el diseño de los impuestos temporales a banca y energéticas.
"La decisión del salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas", ha subrayado el gobernador del Banco de España durante su comparecencia en el Senado para desgranar los Presupuestos Generales del Estado de 2023.
Hernández de Cos ha vuelto a insistir en la idoneidad de la firma de un pacto de rentas entre patronal y sindicatos, con compromisos plurianuales, para que no se produzcan efectos de segunda ronda. Pero también el gobernador ha hecho un llamamiento al sector público y a toda la sociedad para que contribuyan al reparto de los costes de la situación actual, marcada por el alza de precios.
En cuanto al SMI, cabe recordar que el Comité de Expertos que asesora al Gobierno sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) debería tener listo próximamente su informe de recomendaciones sobre cuánto debería subir esta renta mínima en 2023, año en el que, según lo comprometido por el Ejecutivo, debe alcanzar el 60% del salario medio.
El gobernador del Banco de España ha insistido en que la decisión que deberá tomar el Gobierno -tras negociar con agentes sociales- en torno a la subida del salario mínimo tiene que estar enmarcada en el pacto de rentas. "Hay que ser cuidadoso con la determinación de ese incremento del SMI y enmarcarlo en el pacto de rentas", ha enfatizado el gobernador.
En este sentido, Hernández de Cos se ha remitido a un documento publicado por el organismo hace meses sobre el impacto de la subida del SMI en el que se concluía que, aunque la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo haya sido pequeña, "no ha sido nula y hubo un efecto negativo sobre el empleo y en particular sobre los colectivos de menor productividad".
Además, el gobernador ha abogado también por incluir coyunturalmente en este pacto de rentas a las pensiones más altas, no las mínimas, en este reparto del coste del impacto de la guerra en Ucrania.
Cuidado con los impuestos extraordinarios
El Banco de España estima que los gravámenes temporales de determinadas entidades de crédito y empresas del sector energético podrían recaudar, conjuntamente, en torno a 2.500 millones de euros en 2023 y 2024, algo menos respecto a las previsiones del Gobierno.
En cuanto al impuesto sobre determinadas entidades de crédito, el gobernador se ha remitido a la opinión trasladada por parte del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), donde apunta que el tributo español temporal a la banca puede lastrar el crédito.
De Cos ha recordado que en el dictamen se señala que su introducción debe ir precedida de un análisis exhaustivo de las consecuencias para el sector bancario, al objeto de garantizar que no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico.
En este sentido, aunque el incremento de los tipos de interés oficiales tiende a mejorar el margen de intereses de las entidades, la materialización de los riesgos a la baja sobre el crecimiento en el entorno actual puede generar un menor volumen de crédito, pérdidas en la cartera de valores y aumentos en las provisiones por deterioro de la calidad de la cartera de crédito.
Además, dado que el gravamen se aplica sobre los ingresos y no sobre los beneficios, se subraya que la consideración de una entidad de crédito como obligada al pago del gravamen temporal mientras registre pérdidas netas distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario.
En el caso del impuesto temporal sobre las empresas del sector energético, este se aplica también sobre los ingresos, sin tener en cuenta los costes, por lo que debería diseñarse para gravar los beneficios extraordinarios que motivan su creación, sugiere el gobernador.
Focalizar las medidas sociales
El gobernador también ha aprovechado para recomendar al Ejecutivo que, en caso de que se extiendan en 2023 las medidas impositivas aprobadas este año para hacer frente al alza de precios, se haga con "un carácter claramente más focalizado".
Estas medidas fiscales forman parte del paquete impulsado desde el Ejecutivo para hacer frente al alza de precios. Según las previsiones del Banco de España, el impacto de las medidas habría contribuido en octubre a reducir la inflación general en algo más de 2 puntos porcentuales. De las medidas, el descuento al precio carburantes y el tope al precio de la tarifa gas son las dos con un impacto mitigador más elevado, de en torno a 1,5 puntos porcentuales.
En cambio, el impacto de las medidas que afectan al precio de la electricidad ha sido más modesto en octubre, puesto que el efecto de la excepción ibérica fue reducido debido a la caída del precio del gas y a que las rebajas de impuesto especial sobre la electricidad y la disminución de cargos en facturas eléctricas ya han dejado de tener impacto en la inflación, ya que empezaron a aplicarse a mediados de septiembre, por lo que en comparación interanual se va diluyendo su efecto.
La AIReF incide en las "carencias notables" de los Presupuestos
En la misma Comisión, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha insistido en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) tienen "carencias notables" que reducen su calidad informativa y debilitan la posible rendición de cuentas.
Durante su comparecencia, Herrero ha hecho hincapié en que el Gobierno "ha desaprovechado" la oportunidad que suponen las cuentas públicas en cuanto a principal instrumento de política económica.
Y es que si el organismo avaló el 4 de octubre el escenario macroeconómico que acompaña a los Presupuestos al considerar factible el crecimiento del PIB nominal previsto por el Gobierno, también ha alertado del predominio de riesgos en 2023.
Según ha explicado Herrero, el proyecto, que se tramita ahora en el Senado tras haber sido aprobado en el Congreso, no contempla "ni la totalidad de ingresos ni tampoco la totalidad de los gastos".
Por la parte de ingresos, ha indicado que la previsión de cierre para este año está "alejada" de la realidad que se va a producir. De hecho, ha apuntado que la previsión de ingresos estatales para este año se situará unos 10.000 millones de euros por debajo de las previsiones iniciales del Ejecutivo.
Por el lado de los gastos, Herrero ha destacado que no se contempla la prórroga de las medidas de ayudas desplegadas por el Gobierno. Unas medidas que, según la AIReF, se van a producir porque las condiciones macroeconómicas de 2023 "no son muy distintas que las de 2022".
Adicionalmente, el organismo ha seguido criticando que las cuentas siguen sin aportar información relevante en términos de contabilidad nacional, algo que puede alterar de manera notable los cálculos de previsión.
