El Congreso de los Diputados ha rechazado una moción de ERC que pedía derogar los cambios en la indemnización por despido introducidos en la reforma laboral del PP para elevarlo de nuevo a los 45 días por año trabajado. Un resultado previsible, ante la oposición frontal del PSOE, pero que abre una nueva brecha en el Gobierno de coalición. Y es que todo el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha apoyado la propuesta republicana, salvo por una sonada excepción: Yolanda Díaz.
En plena visita de la delegación de diputados del Parlamento Europeo para analizar el despliegue de los fondos Next Generation y mientras la Comisión advierte de que podría suspender parte del pago del cuarto desembolso asociado a esos fondos, dotado de 10.000 millones de euros, sino cumple con la reforma de las pensiones, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha abierto un nuevo frente al amagar con apoyar moción que plantea derogar los cambios en las indemnizaciones por despido introducidos por la reforma laboral de 2012.
Aunque no era su objetivo, el reciente informe del Banco de España sobre la jornada laboral plantea un giro siniestro de cara al debate sobre la implantación de la semana de cuatro días de trabajo: el futuro que dibuja para nuestro país con trabajadores cada vez más envejecidos y dependientes de sectores poco productivos conduciría este modelo a una fórmula más cercana a los 'minijobs' que al ideal del reparto del trabajo que plantean sus defensores.
Cuando el concepto de 'Gran Renuncia' apareció en el horizonte del análisis laboral en Estados Unidos y se extendió al del resto del mundo, la literatura y el periodismo especializado en recursos humanos entraron en una carrera por encontrar nuevas expresiones que llenaran el mismo número de titulares y acapararan el interés de empresas y empleados. La lista crece día a día, pero encierran un reproche cada vez menos disimulado a los trabajadores que se atreven a cambiar de aires en su carrera profesional.
A menos de nueve meses de que concluya la Legislatura, Yolanda Díaz se ha encomendado a la carta del despido. Lo hace con dos propuestas que han marcado el debate laboral en los últimos meses: el refuerzo del poder de la Inspección de Trabajo para fiscalizar los despidos colectivos y el establecimiento de "indemnizaciones disuasorias". Dos figuras cuya materialización determinará el margen que tiene la vicepresidenta para cumplir su promesa de 'derogar' la reforma laboral de 2012.
La reforma laboral ha cumplido su objetivo de aumentar el peso de los contratos indefinidos y reducir los temporales. Pero no parece haber mejorado con la misma intensidad la situación de los trabajadores que se incorporan en los puestos más precarios. La prueba es que el 33,5% del total de los contratos temporales firmados en enero tuvo una duración igual o inferior a siete días, cuando en el mismo mes de 2021 suponían el 24,7%.
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha relanzado su ofensiva para establecer un "despido disuasorio" en España, con el argumento de que el coste de una extinción es "demasiado barato" en nuestro país. Pero los datos demuestran que no es así: de hecho, el que fija la legislación española es el más elevado de la Unión Europea y el tercero de la OCDE.
Desde marzo de 2022, las empresas de 50 o más trabajadores tienen la obligación de elaborar y poner en marcha un plan de igualdad. Sin embargo, a punto de cumplirse el primer aniversario de esta obligación, la negociación de muchos de estos acuerdos se encuentra bloqueada. La razón no es la negativa de los empleadores, sino que las centrales sindicales se han visto desbordadas y no pueden personarse en los procesos lo que expone a las empresas a sanciones por no cumplir la Ley.
La falta de eficacia a la hora de encontrar trabajo a los desempleados es una de las críticas recurrentes a los servicios públicos de empleo. Y los datos parecen avalarla: el pasado mes de enero solo 27.806 colocaciones, un 1,99% de las registradas en España, nació de una oferta gestionada por las oficinas de empleo. La mitad de ellas se destinó al sector público, pese a que este tuvo un peso residual en el total de puestos cubiertos el pasado mes.