Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

El Ministerio de Trabajo lleva tres meses sin cumplir la promesa de Yolanda Díaz de aportar los datos desagregados de fijos discontinuos que no trabajan pero no se contabilizan como parados. La razón dada por su número dos, el secretario de Estados de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha vuelto a ser la complejidad de este recuento. Aunque esta no es la causa principal del retraso.

El Gobierno de coalición afronta el arranque del ciclo electoral con el empleo como una de sus principales bazas. Pese a que la tasa de paro aún sigue por encima del 12%, el número de trabajadores ha vuelto a superar el nivel de los 20 millones, con la temporalidad en mínimos históricos tras la reforma laboral. Pero este balance tiene truco: el 55% del incremento neto de la ocupación en la Legislatura corresponde a empleos públicos, que además se confirman como los más precarios.

La inflación, el bloqueo de la negociación colectiva y el impacto de los cambios introducidos por la reforma laboral han afectado con fuerza a las empresas, que vuelven a mirar a los descuelgues como alternativa. Un total de 3.799 trabajadores se vieron afectados por ellos en enero, un 45% más que en 2022 y la cifra más alta desde enero de 2014, cuando España aún sufría las consecuencias de la 'Gran Recesión'.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es la mayor admiradora de la jornada de cuatro días. Aunque es consciente de que el tiempo de trabajo "es el gran reto del siglo XXI" su respuesta pasa por una flexibilidad de los horarios para facilitar la conciliación. Eso sí, para ello plantea reforzar los controles para garantizar que se "respete" la normativa de tiempo de trabajo".

En el primer año de la reforma laboral la tasa de permanencia en la empresa de los trabajadores indefinidos con una antigüedad de ente 6 y 12 meses ha caído a niveles "cercanos a los de los años posteriores a la 'Gran Recesión'". Una evolución que parece incoherente con el incremento de la contratación indefinida y que lleva al investigador de Fedea, Florentino Felgueroso, a lanzar una contundente advertencia: "Que haya caído la temporalidad no significa que se haya reducido la precariedad".

La reforma laboral de 2022 ha dado un protagonismo sin precedente a los contratos fijos discontinuos. La idea del Gobierno era que esta modalidad se convirtiera en la alternativa a los extintos contratos por obra y servicio, pero para lograrlo necesitaba contar con las empresas de trabajo temporal. Tras un inicio lleno de complicaciones, el éxito de esta estrategia ha acabado siendo rotundo: a cierre de año, la mitad de los contratos indefinidos en esta modalidad los firmaba una ETT.

España es el segundo país de la zona euro, después de Grecia, por tasa de trabajadores en riesgo de pobreza o exclusión social, un 15,7%. Pese a la gravedad de este dato, se considera que el impacto se ve amortiguado por el 'colchón' familiar: es decir, la suma de los ingresos salariales de miembros del hogar. Sin embargo, un nuevo estudio de Eurostat muestra que, en el caso de nuestro país, este 'flotador' tiene un comportamiento irregular en el marco europeo.

Cuando se habla de la precariedad del empleo en España, el análisis se centra en los trabajadores más jóvenes, condenados a encadenar contratos de muy escasa duración hasta que su carrera profesional se estabiliza, a partir de los 25 años. Sin embargo, un reciente estudio de Eurostat muestra que descontando este efecto nuestro mercado de trabajo también registra la mayor volatilidad del empleo de la Unión Europea. Ello a pesar de la entrada en vigor de la reforma laboral.

El año 2022 ha marcado un récord de extinciones de empleos por no superar el periodo de prueba, especialmente entre los trabajadores con contratos indefinidos, para los que las cifras se han disparado un 623%. Aunque las cifras son contundentes, perseguir legalmente el abuso es difícil. Ponerle coto, no tanto. Y es que la legislación da poder a la negociación colectiva para hacerlo. Sin embargo, los datos de convenios indican que no se trata de una prioridad para patronales y sindicatos.

El primer año en vigor de la reforma laboral en vigor confirma el menor peso del tiempo completo entre los nuevos contratos indefinidos. De enero a enero, ha pasado de suponer el 62% al 42% del total, es decir casi un tercio menos. Aunque en los meses anteriores ha llegado a ser todavía más bajo, con un mínimo del 35,4% en diciembre.