Los sindicatos han presentado hoy su propuesta para retomar el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con la patronal, CEOE-Cepyme. En el texto, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) plantean unas subidas salariales iniciales de los convenios del 5% para 2022, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024; que variaría en función de la desviación de la inflación en cada uno de esos años.
En palabras del secretario confederal de UGT, Fernando Luján, hace 15 días, cuando informaron que estaban preparando el documento, esta es la "última propuesta" de los sindicatos para retomar la mesa de la AENC, amenazando con romperla en caso de que la patronal paralice los convenios y no sea "responsable".
La negociación salarial lleva parada desde mayo de 2022 y los sindicatos han querido apostar por "recuperar la negociación sobre un gran acuerdo salarial de ámbito estatal que mandate criterios a los convenios colectivos cuya renovación afrontaremos en este año 2023".
En la propuesta sindical se incluyen también nuevos criterios sobre las clausulas de revisión salarial. "Partiendo de lo anterior, se propone incluir en los convenios colectivos una cláusula de revisión salarial que combine dos criterios: la evolución del poder de compra de los salarios (IPC) y la situación económica de las empresas, medida por la evolución de su margen de beneficios", tomando como referencia las subidas salariales iniciales para el periodo 2022-2024.
Para el líder de UGT, Pepe Álvarez, estas cláusulas son flexibles. "Queremos tener en cuenta la inflación, pero también los beneficios empresariales. Este es el momento del acuerdo. La CEOE tiene que ser consciente que, o hay acuerdo, o la negociación se va a cerrar en el ámbito estatal sin ningún acuerdo; lo que nos llevará a negociar, convenio por convenio, e ir sumando conflicto con conflicto en el conjunto del país. De ellos depende".
Mayor información con el SIENC
Para la mejorar la eficacia de la negociación colectiva, desde los sindicatos han propuesto la creación de un Sistema de Información Económica para la Negociación Colectiva (SIENC) basado en fuentes oficiales y registros actuales. De este modo creen que se podrá evitar negociar con una "información incompleta y asimétrica entre las partes que negocian", de modo que se pueda adaptar mejor los pactado en los convenios "a la situación económica de las empresas sin perder los beneficios que se derivan de los convenios sectoriales sobre la cohesión y competencia leal entre empresas".
"En concreto, solicitamos que la TGSS genere un listado de las empresas cubiertas por cada convenio colectivo de trabajo a partir del código de convenio facilitado por cada empresa a la Seguridad Social. A partir de esos listados, la AEAT agregaría la información que ya publica sobre ventas (a partir de las declaraciones de IVA repercutido), compras (IVA soportado) y retribuciones salariales (modelo 111 del IRPF) desde 2014. La propia configuración de este indicador debiera ser sometida a un proceso de diálogo y negociación, para el que es importante una disposición del Gobierno favorable a facilitar y transparentar los datos necesarios", han explicado.
Contribución mínima para nivelar la competencia
En la propuesta, los sindicatos también han incluido un anexo para regular una "contribución mínima" en el Impuesto de Sociedades del 15% o el 20% sobre el total de beneficios de las grandes empresas. En el comunicado, UGT y CCOO argumentan que "el esfuerzo fiscal que realizan las grandes empresas se sitúa por debajo del de las pymes, a pesar de que son las que más se aprovechan de las infraestructuras económicas y sociales comunes financiadas con impuestos y que en gran medida están pensadas para favorecer la actividad productiva. Los impuestos que pagan las empresas que facturan más de mil millones de euros solo representan el 4,8% de su beneficio; las que facturan entre 500 y 1.000 millones el 7,7% y el 11,1% las que tienen una cifra de negocio entre 100 y 500 millones de euros. Estos tipos efectivos se sitúan por debajo del que pagan las pequeñas y medianas empresas (entre el 13% y el 20,5%) y las microempresas".
De esta forma consideran que la aportación actual es insuficiente y genera desequilibrio en el tejido empresarial, en detrimento de las empresas de menor tamaño. "Las grandes empresas aprovechan todos los agujeros de la regulación fiscal para tributar menos", han advertido.