Son muchos los que esperan que con la publicación del paro registrado de enero se despeje la incógnita del impacto estadístico de los fijos discontinuos, sobre todo después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz anuncie la publicación desglosada de esos datos. Pero el hecho es que ese trabajo ya está hecho desde hace casi tres meses: el SEPE lo realizó en octubre y, hasta hoy, los resultados siguen sin publicarse.
A finales del verano, mucho antes de que estallara la polémica sobre estos trabajadores, el departamento que dirige Yolanda Díaz ya anunció que estaba trabajando en la mejora de la "calidad" de los datos tras la reforma laboral. Ello implicaba analizar la situación de los fijos discontinuos que no estaban trabajando a la espera de que sus empresas volvieran a llamarles.
En estos casos, los fijos discontinuos se dan de baja de afiliación a la Seguridad Social por 'pase a la inactividad'. Pero no cuentan como parados registrados para el SEPE, sino que se inscriben como demandantes con relación laboral.
Así, han propiciado un incremento notable en altas de esta partida que ha compensado el descenso de los afectados por ERTE (que también se cuentan bajo esta categoría), que en el último año han caído un 80%, hasta quedarse apenas en 19.000 en diciembre.
Hay que precisar que el SEPE revisa habitualmente los registros de demandantes inscritos en los servicios públicos de empleo autonómicos. En 2022, además lo ha hecho con un foco puesto en los fijos discontinuos, gracias a los cruces con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, para verificar que cuando causan baja por 'pase a la inactividad' han sido registrados correctamente. No es una cuestión baladí, ya que afecta al pago de prestaciones.
Bajo este procedimiento, el SEPE registró entre enero y septiembre 474.147 nuevas altas. Pero también tuvo que 'corregir' la inscripción de 79.000 demandantes que se habían inscrito en otras categorías. Más de 47.000 eran parados registrados.
Para entonces, ya quedaba claro que las cifras de revisiones eran mucho más elevadas que la de años anteriores, algo que se podía explicar por el crecimiento espectacular de este tipo de contratos. Pero no tanto como cabía esperar. Entonces, algo hizo saltar las alarmas: un desplome en las nuevas altas de demandantes en agosto y septiembre que rompía sin explicación aparente la tendencia que se seguía desde abril.
La 'revolución' de octubre
Ello despertó sospechas acerca de si estos demandantes se estaban anotando correctamente y llevó a realzar una operación extraordinaria de revisión de las cifras. Por un lado, se cotejaron todas las demandas de trabajadores con contratos fijos discontinuos vigentes desde el 31 d enero de 2022. Por el otro, se modificó la forma de registrarlo para volver "provisionalmente" al método que se aplicaba antes de iniciarse los cruces con Seguridad Social.
De hecho, la estadística que clasifica las bajas de afiliación por esta causa lleva en revisión desde septiembre. Algo insólito, porque la que contabiliza el número de altas y bajas mensuales por tipo de contrato se registra con normalidad, pero que encaja con las explicaciones que el SEPE dio a las comunidades para esta corrección provisional.
El ajuste extraordinario tiene fecha: el 25 de octubre. El SEPE se lo notificó a las comunidades autónomas y tuvo un impacto destacado en las cifras: cerca de 90.000 demandantes (más que en los nueve meses precedentes) pasaron a la categoría "con relación laboral". De ellos, 52.300 eran parados registrados. Y esto tuvo impacto claro en un mes tradicionalmente malo como es octubre pero en el que en el que la cifra de parados bajó en 27.000 personas.
En noviembre siguieron los ajustes, aunque con mucha menor intensidad, aunque que en diciembre se frenaron, como ya contó elEconomista.es. De esta forma, en el conjunto del año han alcanzado a más de 207.000 demandantes 'desplazados' por las revisiones, de los que casi 122.000 son parados.
Pero la operación no solo afecta a los fijos discontinuos ya inscritos. También repercute en las nuevas altas iniciales, que aumentaron con fuerza en los tres últimos meses de año. Las anotadas entre octubre y diciembre suponen un 47% de las 908.682 acumuladas en el conjunto de 2022.
Esto confirma que la forma de registrar a los fijos discontinuos como demandantes se depuró para clarificar la información. Y arroja una cifra global, sumando altas nuevas y corregidas de 1,1 millones de demandantes de empleo con relación laboral. En diciembre quedaban (descontando los 19.000 afectados por ERTE) unos 600.000 de ellos.
Un misterio retórico
Aunque se puede inferir que la mayoría de estos nuevos demandantes son fijos discontinuos, la pregunta obvia es por qué el Ministerio de Trabajo no solo no ha querido precisar estas cifras, sino que ha negado a confirmar que esta revisión existe, pese a que lo anunció a las comunidades y sus propias estadísticas públicas lo confirman.
Un ejercicio de transparencia le hubiera permitido desactivar la polémica que estalló a finales de noviembre, cuando los expertos de Fedea publicaron los datos.
Pero Díaz y su equipo se enrocaron en una guerra retórica llena de imprecisiones, como asegurar que la contabilidad de los fijos discontinuos se regulaba en una Orden de 1985 que no menciona a esta modalidad, para desviar la atención sobre la cuestión clave, que no es si los fijos discontinuos deben contar como parados (algo que, efectivamente, nunca han hecho), sino por qué no se desglosan los datos relativos a ellos.
La explicación que parece más obvia es que informar de estos procedimientos supondría reconocer que las estadísticas del SEPE se han visto sobrepasadas por el auge de los fijos discontinuos y registraban problemas a la hora de computar su registro como desempleados, pese a utilizar cruce de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social. Pese a que esto es exactamente lo que reconocieron en octubre en su comunicación con las comunidades autónomas.
Aunque la cuestión más grave es que la ministra de Trabajo el 27 de diciembre negara estos datos, pese a que los trabajos del SEPE de octubre iban dirigidos precisamente a recabarlos. Ahora su departamento se ve obligado a escenificar una manera de presentar como nuevos unos datos que ya tiene. Y que son los únicos de los que puede disponer.
Además, son parciales, porque no todos los fijos discontinuos se inscriben como demandantes. La razón es que, pese a los cambios introducidos en este aspecto tras la reforma laboral, muchos no han cotizado lo suficiente para cobrar una prestación.
¿El ejemplo de los ERTEs?
Este agujero estadístico lleva a mirar otras métricas. Así, la Encuesta de Población Activa sí considera a los fijos discontinuos inactivos como parados, siempre que en sus respuestas digan que están buscando activamente empleo. Si no es así, pasan a la categoría de inactivos. Pero el Instituto Nacional de Estadística no desglosa estos datos. También hay que tener en cuenta que, según no pocos expertos, el carácter trimestral de este informe no recogería la volatilidad de este tipo de empleos.
La forma de conocer con mayor exactitud cuántos fijos discontinuos están de baja por inactividad es que Seguridad Social, que es la que recopile este dato, elabore una estadística ad hoc.
Como demuestra lo ocurrido en octubre, estos registros, ahora sometidos a revisión por la Tesorería General de la Seguridad Social, no está exento de problemas (por ejemplo, no recoge bien las dimisiones de estos trabajadores). Por ello exigirían una elaboración adicional.
Pero no sería una operación muy diferente a la que se produjo con los ERTEs durante la pandemia, una estadística que habitualmente publicaba el Ministerio de Trabajo pero que ante la saturación que afrontó el SEPE en esos meses tuvo que asumir el departamento que dirige José Luis Escrivá.
Aunque tras el estallido de la polémica y, sobre todo, la respuesta de Díaz, tanto Inclusión como Economía mantienen distancias con Trabajo.
