Cuando no ha transcurrido ni un mes desde que Unidas Podemos 'rompió' el consenso con el PSOE para apoyar en el Congreso una moción de ERC que pedía recuperar el despido improcedente a 45 días, los republicanos vuelven a la carga. Lo hacen esta vez de la mano de EH Bildu, con los que ha presentado una proposición de Ley que no solo insiste en elevar las indemnizaciones, sino que también aboga por recuperar la autorización administrativa previa de los despidos colectivos.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ultima una reforma con la que promete garantizar la sostenibilidad de las pensiones actuando sobre la recaudación. Pero para que esto se cumpla el mercado laboral necesita evolucionar en una dirección que, a día de hoy, parece inviable para el país con la mayor tasa de paro de la UE.
La propuesta del líder de UGT, Pepe Álvarez, de reforzar las sanciones para retirar las prestaciones o subsidios a los desempleados que rechacen una oferta de trabajo han vuelto a poner sobre la mesa un debate recurrente sobre las políticas laborales en España. Pero en el que siempre se obvia un dato clave: solo uno de cada 38 personas que perciben estas ayudas llegan a recibir una propuesta.
En las últimas semanas, el éxodo de grandes empresas españolas, con Ferrovial a la cabeza, ha vuelto a poner en la picota a Países Bajos, que desde el Gobierno y su órbita se presenta como una suerte de 'paraíso fiscal'. Lo cierto es que los holandeses han sabido aprovechar esta competitividad tributaria para consolidar su economía y su mercado laboral con una tasa de paro tres veces inferior a la española, especialmente entre los jóvenes. Y en el proceso ha desterrado casi por completo de su vocabulario la palabra 'nini'.
El aumento de los fijos discontinuos inactivos no solo afecta a las cifras de desempleados que registra el Servicio Público de Empleo Estatal. También implica que se pagan prestaciones a más personas que no cuentan como parados. Y esto distorsiona una de las estadísticas claves para el Gobierno: la tasa de cobertura de las ayudas por desempleo, que ha aumentado en casi siete puntos desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
La primera incógnita tras conocerse el contenido de la respuesta Parlamentaria al Grupo Popular sobre los fijos discontinuos "excluidos del paro registrado" es la razón por la que no se han publicado mucho antes. Se trata de cifras que no cuestionan el mensaje del Gobierno y que, como se ha visto en la sesión de control de este miércoles, no ha puesto en ningún brete a Gobierno bastante ocupado con sus propios frentes internos. Lo cierto también es que distan mucho de reflejar la realidad de los trabajadores sujetos a esta modalidad contractual un año después de la reforma laboral.
La publicación de los datos de fijos discontinuos inactivos excluidos del paro registrado en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular ha provocado un profundo malestar entre los funcionarios del Servicio Público de Empleo (SEPE). Sobre todo, después de sentirse señalados por el Ejecutivo por haber trasladado al primer partido de la oposición las cifras "por su cuenta y riesgo".
Mientras el Gobierno choca consigo mismo a cuenta de la indemnización por despido improcedente -el más caro- y la idea de establecer cuantías 'disuasorias', la situación del empleo vuelve a poner sobre la mesa propuestas que hace unos años presidían el debate sobre la modernización del mercado laboral, como el contrato único. Aunque ahora incluye un giro de tuerca que se extiende a los trabajadores con contratos fijos discontinuos.
El Gobierno ha reconocido finalmente que a cierre de 2022 la cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos inscritos en los servicios públicos de empleo, pero excluidos de las listas del paro registrado alcanzó los 443.078 personas. La cifra eleva el desempleo 'efectivo' (contando demandantes con relación laboral), a las 3.459.837 personas, apenas 5.000 menos que al inicio de la Legislatura, en diciembre de 2019, y 64 veces menos de lo que retrocedió el paro registrado.
Las alegaciones de la Abogacía General del Estado a la reclamación de UGT ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) dejan claro que el Gobierno no quiere abrir, por ahora, el melón de una nueva reforma laboral para que la indemnización por despido improcedente sea "disuasoria". Pero a cambio presenta una alternativa que aboca a un 'via crucis' judicial para empresas y trabajadores que tendrán que pelear sus posiciones caso por caso.