La segunda pata de la reforma de las pensiones sigue negociándose este lunes entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y los agentes sociales después de que el pasado viernes la cita se zanjara con el rechazo de la patronal a la propuesta del Ejecutivo. El borrador sobre el que se sigue debatiendo contempla una evaluación cada cinco años de la subida de las bases máximas de cotización de la que el Gobierno remitirá un informe a la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y, además, recoge una evaluación por parte de la AIReF para calcular el impacto de la reforma en términos de PIB que podría derivar en un aumento de las sobrecotizaciones en caso de que el gasto se dispare.
Además del cálculo de la pensión, que el Gobierno se abre a ampliar a de 25 años a 29 restando los dos peores, el destope de las bases máximas es otro de los grandes palos que toca la propuesta de reforma que lidera ministro José Luis Escrivá. Apunta a que suban entre 2024 y 2050 el IPC anual más una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales.
En paralelo, subirá la pensión máxima, pero no al mismo ritmo. Hasta ahora es que el Gobierno había propuesto que esta se revalorizara cada año entre 2025 y 2050 con el IPC anual más una subida adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año. Entre 2051 y 2065, el borrador anota una subida de la pensión máxima del IPC anual más un incremento adicional que podrían llegar al 20% en 2065 para ir acompasándolas al destope de las bases máximas. En concreto, según el texto, el incremento adicional al IPC que experimentarán las pensiones máximas causadas desde 2051 hasta 2065 será del 3,2% en 2051; del 3,6% en 2052; del 4,1% en 2053; del 4,8% en 2054; del 5,5% en 2055; del 6,4% en 2056; del 7,4% en 2057; del 8,5% en 2058; 9,8% en 2059; del 11,2% en 2060; del 12,7% en 2061; del 14,3% en 2062; del 16,1% en 2063; del 18% en 2064, y del 20% en 2065. Llegado ese año, indica, se valorará en el marco del diálogo social la conveniencia de mantener el proceso de convergencia con el destope de las bases máximas de cotización hasta alcanzar un incremento total del 30%.
Subiendo las bases máximas de cotización y la pensión máxima a distintos ritmos el Gobierno busca que el grueso de la subida de la pensión máxima se concentre a partir de 2050, que es cuando la Seguridad Social calcula que finalizarán las tensiones financieras por las jubilaciones de los baby boomers.
Para llenar la hucha de las pensiones de cara a la oleada de jubilaciones de las próximas décadas, ya el viernes trascendió la propuesta de Seguridad Social de duplicar la sobrecotización asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) del 0,6% actual al 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año con el fin de engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. De ese 1,2%, que se mantendrá desde 2030 a 2050, la empresa asumirá el 1% y el trabajador, el 0,2%.
Según se precisa en el borrador, esta sobrecuota no podrá ser objeto de bonificación, reducción, exención o deducción alguna, ni objeto de disminución por la aplicación de coeficientes correctores; los activos del Fondo de Reserva sólo pueden destinarse a financiar las pensiones contributivas.
Con la misma intención de mejorar los ingresos del sistema, la propuesta del Gobierno plantea la creación de una "cuota de solidaridad" sobre la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización, que será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).
Otra medida que propone el Ejecutivo en el borrador establece que desde 2033, la Ley de Presupuestos Generales del Estado establecerá para cada ejercicio el desembolso anual a efectuar por la 'hucha' en términos de porcentaje del PIB. Pero habrá un límite máximo para cada ejercicio del periodo 2033-2053: el 0,08% del PIB para 2033; el 0,10% para 2034; el 0,12% para 2035; el 0,14% para 2036; el 0,17% para 2037; el 0,20% para 2038; el 0,23% para 2039; el 0,26% para 2040; el 0,29% para 2041; el 0,32% para 2042;el 0,35% para 2043; el 0,38% para 2044; el 0,41% para 2045; el 0,43% para 2046; el 0,46% para 2047; el 0,53% para 2048; el 0,60% para 2049; el 0,87% para 2050; el 0,37% para 2051; el 0,22% para 2052, y el 0,09% para 2053.
El borrador también contempla la creación de un observatorio para mejorar la prestación por cese de actividad de los autónomos y el compromiso del Gobierno de hacer llegar en seis meses al Pacto de Toledo una propuesta para reformar la jubilación parcial.
La AIReF medirá el impacto en porcentaje del PIB: si el gasto excede lo previsto, podría aumentar más la sobrecotización
El borrador establece que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicará y enviará al Gobierno, desde marzo de 2025 y con periodicidad trienal, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas adoptadas a partir de 2020 para fortalecer los ingresos del sistema en el periodo 2022-2050.
En su análisis, deberá calcular el impacto medio anual de estas medidas en porcentaje del PIB, utilizando los mismos supuestos macroeconómicos y demográficos del último Informe de Envejecimiento publicado por la Comisión Europea. Si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es igual al 1,7% del PIB, el gasto medio bruto público en pensiones en el periodo 2022-2050 del último Informe de Envejecimiento no podrá superar el 15% del PIB. Si supera ese 1,7% del PIB, el gasto en pensiones no podrá supere el 15% del PIB más la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%. Y si el impacto anual medio de las medidas de ingresos es inferior al 1,7% del PIB, el gasto no podrá superar el 15% del PIB menos la diferencia entre el impacto medio anual estimado de las medidas y el 1,7%.
En caso de que se produzca algún exceso en alguna de estas tres situaciones, el Gobierno solicitará a la AIReF en el plazo de un mes un informe de impacto de las medidas y propondrá posibles medidas para eliminar el exceso de gasto. Además, negociará con los agentes sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir este exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa para incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas. Una vez con esta información, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre, que entrará en vigor el 1 de enero del año siguiente.
En caso de que la ley con las medidas correctoras del exceso del gasto neto en pensiones no entrara en vigor el 1 de enero del año siguiente, la cotización del MEI aumentará para compensar dos décimas partes del exceso estimado por la AIReF a partir del 1 de enero del año siguiente y otras dos décimas partes en cada uno de los años siguientes hasta que se adopten nuevas medidas del mismo impacto o el exceso de gasto sea corregido.
En cálculos de Fedea, "en torno a 2050 tendríamos que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos de PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF (que en 2019 fue del 7,56% del PIB)". En una nota publicada este lunes y firmada por Ángel de la Fuente, la fundación advierte de que "tal presión dejará poco margen para financiar un mayor gasto en casi cualquier otra cosa, incluyendo sanidad y dependencia, con necesidades rápidamente crecientes debido al rápido envejecimiento de la población".
Escrivá presentará el texto ante el Congreso esta semana
El texto "tardará algunos días" en ser aprobado por el Consejo de Ministros, según apuntan fuentes del ministerio de la Seguridad Social. Antes, la segunda parte de la reforma de las pensiones deberá recibir el aval de los "agentes sociales que quieran aceptarlo". Esta tarde, Ejecutivo, sindicatos y empresarios celebran una compleja reunión de la que se espera el visto bueno de CEOE y UGT. Ambos han anticipado su valoración positiva del borrador que el ministerio ya ha distribuido. No ocurre lo mismo con la CEOE. La patronal mostró el pasado viernes su "frontal oposición" al documento difundido. La organización presidida por Antonio Garamendi critica que el planteamiento "mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales"
Un vez alcanzado un acuerdo de mínimos, el departamento que dirige José Luis Escrivá lo presentará ante el Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados "esta semana". Tras ello, obtendrá el sello de la Moncloa, posiblemente en un Consejo de Ministros extraordinario. Por último, la norma iniciará su tramitación parlamentaria como Real Decreto.