El Instituto EY-Sagardoy Talento e Innovación, presidido por la ex ministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez, ha reprochado este viernes al Gobierno que el "exceso" de normas laborales está disparando tanto la inseguridad jurídica como los "costes regulatorios" y penalizan la propia creación de empleo.
El "dinamismo" del empleo se ha "intensificado" en el primer trimestre de 2023, según el Banco de España, que en su último Informe Trimestral de la Economía española da por buenos los datos 'desestacionalizados' avanzados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Frente a ello, Eurostat señala a la economía de nuestro país como la que tiene menor capacidad de crear empleo en toda la Unión. Un balance demoledor en el primer aniversario de la reforma laboral que no parece que vaya a mejorar en los próximos trimestres. O incluso años.
En los últimos tres meses de 2022, 1,25 millones de ocupados empezaron un nuevo empleo, el 6,1% del total del empleo. Una cifra que resultaría positiva si no fuera porque en ese periodo 1,18 millones de trabajadores se fueron al paro, el equivalente al 5,8% de la ocupación y el porcentaje más elevado de toda la Unión Europea. Son las dos caras de una 'Gran Rotación' del empleo que la reforma laboral no ha logrado corregir en su primer año en vigor.
La Encuesta de Fuerza Laboral (Labour Force Survey) europea revela que el empleo entre los funcionarios españoles creció en 2022 en 95.800 personas, un 7,12%, el mayor incremento registrado entre el grupo de las grandes economías del euro: Francia (4,16%), Italia (2,63%) y, especialmente Alemania, donde estos trabajadores retrocedieron un 7,03%. En el conjunto de países que utilizan la moneda única, España solo se vio superada por Letonia, donde el crecimiento interanual fue del 7,6%. Aunque esto se traduce en un incremento de apenas 4.000 trabajadores netos.
El número de personas que no trabajan y están inscritas en los servicios públicos de empleo aunque estén contratados por una empresa se situó en febrero en 643.633 personas, una cifra que duplica la anotada en diciembre de 2019 y desmonta el optimista balance laboral del Ejecutivo de coalición: sin contar a estas personas, el paro registrado cayó un 7,9%; incluyéndolas, creció un 2,6%.
España cerró el año 2022 con una ratio de vacantes por desempleado de 0,0464, lo que equivale a 46 puestos por cubrir por 1.000 parados, según se extrae del cotejo de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ECTL) y de la EPA que publica el Instituto Nacional de Estadísticas. El dato nos sitúa a la cola de la Unión Europea y de la OCDE en un año que vino marcado por la sombra de la 'Gran Renuncia' en todo el mundo. Nuestro país parece ser una de las más clamorosas excepciones.
Hace tres años, la irrupción del Covid 19 supuso un auténtico terremoto laboral que se tradujo, primero, en una oleada de despidos y ERTEs sin precedentes en la historia democrática, para dar lugar en 2021 y 2022 a una recuperación igual de intensa, e incluso sorprendente, según se reactivaban más sectores económicos. Pero los datos de los últimos meses confirman el fin de una tendencia que desata la incertidumbre sobre el futuro del empleo a corto plazo.
Las empresas españolas siguen estando entre las que más cotizaciones pagan por sus trabajadores, solo superadas por las de Estonia, República Checa y Francia, según el último informe de Tendencias de la fiscalidad en la Unión Europea. Pero el documento arroja un dato sorprendente: nuestro país fue el que más elevó esta carga entre 2019 y 2020, coincidiendo con el estallido de la pandemia.
El número de personas que no trabajan y están inscritas en los servicios públicos de empleo aunque estén contratados por una empresa se situó en febrero en 643.633 personas, una cifra que duplica la anotada en diciembre de 2019 y desmonta el optimista balance laboral del Ejecutivo de coalición: sin contar a estas personas, el paro registrado cayó un 7,9%; incluyéndolas, creció un 2,6%.
La reforma de las pensiones que ultima el Gobierno para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social en las próximas décadas parece olvidar una de las realidades que más afectará a esos futuros cotizantes: el impacto de la automatización, mediante robots o inteligencia artificial, en millones de puestos de trabajo.