El año 2022 ha marcado un récord de extinciones de empleos por no superar el periodo de prueba, especialmente entre los trabajadores con contratos indefinidos, para los que las cifras se han disparado un 623%. Aunque las cifras son contundentes, perseguir legalmente el abuso es difícil. Ponerle coto, no tanto. Y es que la legislación da poder a la negociación colectiva para hacerlo. Sin embargo, los datos de convenios indican que no se trata de una prioridad para patronales y sindicatos.
El pasado año se registraron 893.752 bajas de afiliación por no superar el periodo de prueba, según los últimos registros actualizados de la Seguridad Social. La cifra es un 61% superior a la del año anterior y la más elevada de una serie que se remonta a 2012, si bien el dato más llamativo está en los trabajadores que tenían contratos indefinidos, que alcanzaron los 542.389.
Una cifra que multiplica por 7,2 la registrada en el año anterior. Ahora suponen 6 de cada 10 bajas por este motivo, cuando en 2021 apenas llegaron al 13,5%. Por su parte, las bajas de afiliados con contrato temporal por no superar el periodo de prueba, que antes eran la mayoría, han caído un 26%.
La intensidad de esta evolución va más allá de una simple derivada de los cambios introducidos por la reforma laboral. Es decir, que no se explica solo porque haya más contratos fijos. Las altas de indefinidos se han disparado, pero 'solo' se han multiplicado por 3,3: menos de la mitad que las bajas por no superar el periodo de prueba.
Esto ha llevado a muchos analistas a plantear que las empresas están utilizando los periodos de prueba de los contratos indefinidos como una forma de hacer contratos eventuales de muy corta duración que pueden liquidar sin indemnización y sin atenerse a las consecuencias, porque es muy difícil demostrar que se trata de un despido o temporalidad encubiertas, incluso ante un juez o en una inspección de Trabajo. La razón es que está recogido en el contrato, así que mientras se cumpla lo estipulado por la ley, no se puede anular.
Pero hay una fórmula que permite poner coto a estas prácticas, y es la que se ha utilizado históricamente: la negociación colectiva. Actualmente, la reforma laboral establece que el periodo de prueba durará como máximo seis meses para técnicos titulados y dos meses para los demás trabajadores (aunque en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores, el límite se amplía a tres meses). Pero estos umbrales y sus condiciones de aplicación quedan sujetos a lo que dicte el convenio colectivo, que puede elevarlos o reducirlos.
Sin ajustes ante la reforma laboral
En 2022, se firmaron 151 convenios que afectaban a 716.170 trabajadores que incluyeron cláusulas en este sentido. Pero más reveladoras que las cifras absolutas son los porcentajes: el 14,75% de los acuerdos registrados y el 25,9% de los empleados cubiertos por ellos. Un año antes alcanzó al 40,8% de los empleados en esos sectores y empresas.
Aunque el vaivén entre años es habitual, ya que los convenios son plurianuales, resulta llamativo que el de 2022 es el dato más bajo de toda la serie histórica, que arranca en 2008, pese a que coincide con la entrada en vigor de una nueva reforma laboral. En 2012 llegaron al 40% y en 2013 al 50%.
Dicho de otra forma: los nuevos convenios han ignorado el impacto de la ley en el periodo de prueba y no se han adaptado para evitar posibles distorsiones y abusos, sobre todo en la contratación de los nuevos temporales. Y teniendo en cuenta que un convenio dura de media 3 años, casi dos millones de trabajadores seguirían afectados por lo que se pactó entre 2020 y 2021, años marcados por los ajustes forzados por la pandemia.
En esos años, seis de cada diez cláusulas plantearon reducir el periodo de prueba respecto a lo que dicta la Ley, frente a las cuatro que lo ampliaron. Un reparto que se ha mantenido en 2022, aunque con un menor alcance en tasa de trabajadores afectados.
El frenazo en la negociación de estas cláusulas en un año crítico para su aplicación no se explica por el bloqueo del Acuerdo de Negociación Colectiva, que se centra en las franjas salariales, sino por la mayor dificultad o el menor interés por revisar estas condiciones.
Al Gobierno le preocupan más los pactos salariales que en interferir en el desarrollo de esta negociación de estas cláusulas (como tampoco lo ha hecho en otras cuestiones, como el teletrabajo), ya que se encontraría con el rechazo de patronal y sindicatos, ya que para unos y otros el periodo de prueba es clave para definir las decisiones de contratación y organización del trabajo.
Pero mientras tanto, la rotación de los contratos indefinidos se sigue disparando: el número de personas que firman más de uno al mes ha aumentado un 1.250% interanual en enero.
Algo que muchos expertos achacan al abuso del periodo de prueba y que desluce los resultados de la reforma laboral pactada por el Ejecutivo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. A la hora de tomar decisiones, será clave si la negociación de estas cláusulas despega en 2023 o se mantiene en los niveles del pasado año.
