La inflación, el bloqueo de la negociación colectiva y el impacto de los cambios introducidos por la reforma laboral han afectado con fuerza a las empresas, que vuelven a mirar a los descuelgues como alternativa. Un total de 3.799 trabajadores se vieron afectados por ellos en enero, un 45% más que en 2022 y la cifra más alta desde enero de 2014, cuando España aún sufría las consecuencias de la 'Gran Recesión'.
El dato de descuelgues de enero es, evidentemente, provisional y no implica que el conjunto del año la tendencia se mantenga. Pero los eneros de 2022 y 2023 tienen interés para analizar cómo las empresas encaran sus ajustes, ya que permite comparar cómo se adaptan a la nueva normativa laboral.
Y es que, aunque la norma no modifica lo referido a las inaplicaciones sí incluye otras novedades relevantes en la negociación colectiva, como la recuperación de la ultraactividad y de la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa.
Quizá como anticipación a estas medidas, enero de 2022 ya fue reseñable en términos de descuelgues, con 2.617 afectados, un incremento del 73% respecto a un año antes. Ello a pesar de que en este mes el impacto de la crisis sanitaria aún condicionaba los acuerdos de negociación colectiva.
Pero en los meses siguientes, la incertidumbre por la guerra de Ucrania limitó el recurso estos procesos, como ya había ocurrido en los años anteriores. A esto contribuyó también la moderación en la negociación salarial, con subidas salariales estancadas en el nivel del 2,8%.
Este año se presenta diferente: sin secuelas de la pandemia, el mayor problema de las empresas es la inflación y el endurecimiento de la financiación provocada por la subida de tipos. Algo que añadirá aún más tensión a los convenios colectivos.
Además, la reforma laboral ya está plenamente operativa y las empresas ya conocen sus efectos, entre los que destaca una reforma de los ERTEs que hace menos atractiva esta opción.
¿Han cambiado los motivos por los que se producen descuelgues? A priori, los cambios son significativos. La primera causa sigue siendo el sueldo: el 54% de los trabajadores afectados por descuelgues lo fueron por cuantía salarial, sistema de remuneración o ambos. Pero el año pasado fueron un 63%, pese a que la presión de la inflación era menor.
La diferencia se explica por el mayor número de trabajadores afectados por cambios en su horario y jornada: llegaron a 644 (un 17% del total), pero esta cifra multiplica por 8,4 la registrada hace un año. Por otro lado, los trabajadores afectados por inaplicaciones que afectan a salarios y jornada a la vez (lo que se conoce como modificación sustancial de las condiciones de trabajo), alcanzaron las 344, el doble de un año antes.
El retorno de los descuelgues
Hablamos de una figura protagonista en la reforma laboral de 2012, con un impacto elevado en el número de trabajadores, sobre todo entre 2013 y 2015. Desde entonces su protagonismo se ha reducido, hasta el punto de que los procedimientos cayeron a la mitad en la pandemia en detrimento de figuras como los ERTEs.
Sin embargo, estos datos son engañosos: en 2020, 2021 y 2022 hubo menos de la mitad de inaplicaciones que en 2019, pero el número de trabajadores afectados se ha mantenido. Esto significa que cada descuelgue aprobado ha afectado al doble de trabajadores que antes de la pandemia.
El año 2023 arranca con un número de procedimientos aún inferior al registrado antes de la pandemia: 90 descuelgues frente a los 118 registrados en enero de 2019. Sin embargo, el número de trabajadores afectados es el doble. Ello apunta a que las que optan por esta vía son las empresas de cada vez mayor tamaño.
Esto parece confirmar las advertencias de los despachos de abogados, que constatan un mayor interés de sus grandes clientes por esta figura para hacer frente a las incertidumbres. Aunque, en todo caso, negociar una inaplicación de convenios no está al alcance de todas las empresas, por la complejidad de unos procesos que, a pesar de lo que parece, en nueve de cada diez casos acaba en acuerdo.
