La subida del 8% del Salario Mínimo Interprofesional que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes no tendrá coste, como empleador, ni para el propio Gobierno ni para el resto de administraciones públicas: la razón es que la retribución media de sus funcionarios ya duplica el nuevo umbral fijado en 1.260 euros al mes (en doce pagas). De hecho, desde 2018 ha subido más que la del 82% de los asalariados españoles.
El coste que la nueva subida del SMI supondrá para las empresas españolas en un momento de desaceleración de la economía española está en el centro de la polémica estos días
Cepyme (que junto a la CEOE proponía una subida menor, del 4%), ha publicado un duro informe en el que critica que desde 2016 el SMI ha subido un 64,8% mientras la productividad de las pequeñas y medianas compañías ha bajado un 3,6%.
Para la organización que dirige Gerardo Cuerva, con las últimas subidas del SMI se "rompe el principio de vinculación de las alzas salariales a la evolución de la productividad que marca el Estatuto de los Trabajadores", lo que perjudicará la situación de las pymes españolas.
Según sus cálculos, las subidas que se han experimentado desde 2018 han provocado la destrucción de 105.800 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 150.400 empleos, tanto por el incremento salarial como por el de costes laborales (como los impuestos y cotizaciones) asociado.
Los incrementos aprobados por los Gobiernos de Pedro Sánchez para 2019 y 2020 contaron con el respaldo tanto de CEOE como de Cepyme. El desacuerdo se produce cuando el Ejecutivo decide retomar la senda de incrementos en 2021, pese a las condiciones económicas provocadas por la pandemia. Una decisión política que se justificaba para cumplir la promesa de llevar el SMI al nivel del 60% del salario medio antes de las elecciones.
Al margen del enfrentamiento con las organizaciones empresariales, los economistas siempre han advertido del riesgo de que el enfoque político prime sobre el económico en la toma de esta decisión. Algo que achacan a que al Gobierno le sale muy barato tomarla.
Sin coste como empleador
En términos presupuestarios, el impacto se circunscribe al pago de pensiones, prestaciones y subsidios por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial. El coste de subir un 8% se queda en los 100 millones de euros, si bien se verá compensado de sobra por los ingresos por el alza derivado de ingresos, sobre todo vía cotizaciones.
Una cantidad que abonarán los empleadores de los 2,5 de millones de afectados directamente por este incremento (según lo estimado por el Ejecutivo y los sindicatos), más los que lo serán por su repercusión en convenios y otros acuerdos de negociación colectiva.
Desde este punto de vista, el Gobierno será uno de los patrones menos afectados. Según los datos de las bases de cotización de la Tesorería General de la Seguridad Social, la ganancia media de un trabajador del sector público alcanza en el tercer trimestre de 2022 los 2.534,9 euros mensuales (en 12 pagas). De esta forma, el nuevo SMI apenas supone el 49% de la base de cotización de un funcionario, frente al 63% para la media de asalariados.
Hablamos en este caso de un total de 1,2 millones de funcionarios del Estado, comunidades autónomas o entres locales, no de los profesionales sanitarios y educadores, que en su mayoría dependen en de las comunidades autónomas. Si los sumamos, la cifra se acerca mucho más los 3,5 millones de asalariados del sector público que reflejan otras estadísticas como la Encuesta de Población Activa (EPA). Pero el sueldo de estos es más bajo que el de los funcionarios 'puros': según revela la Seguridad Social, los médicos y enfermeros cobran un 57,6% del SMI y los profesores un 56,3%.
Esta ventaja salarial de los funcionarios sólo se ve superada por los asalariados de los sectores más punteros y demandadas para, precisamente, impulsar la productividad de España: las extractivas, los profesionales TIC, los del sector financiero y el energético. Entre todos, suman un total de 962.575 cotizantes, un 21% menos de lo que representan los funcionarios.
De esta forma, estos trabajadores públicos ganan más que el 86% del resto de cotizantes.
Más subidas que los camareros
En el extremo contrario se sitúan uno de los grupos de trabajadores, a priori, más beneficiados por las subidas del SMI: los trabajadores de la hostelería, cuya base media de cotización equivale a un 99,5% del SMI.
Si analizamos la evolución de sus ingresos desde que Sánchez llegó al Gobierno y empezó su ofensiva para elevar el SMI (un 47% acumulado hasta 2023), la retribución media de estos últimos solo ha aumentado un 15%, un desfase que se puede explicar por el peso del empleo a tiempo parcial en este sector.
Una cifra que supone unas décimas menos de lo que se ha incrementado la base de cotización de los funcionarios, pese a que estos cobran prácticamente el doble que los camareros.
El incremento anotado por los funcionarios desde junio de 2018 supera el del 82% de los cotizantes.
Solo lo mejoran los profesores, los trabajadores del sector inmobiliario y otros dos dos sectores beneficiados por el SMI: los del sector del ocio y cultura y los de la categoría de otros servicios (un cajón desastre que incluye desde técnicos de reparación a peluqueros). Todos ellos, en cualquier caso, ganan menos que los funcionarios.
Caso aparte lo supone un selecto grupo de funcionarios: los trabajadores de las "organizaciones y organismo extraterritoriales", que abarcan desde las embajadas hasta los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la OCDE, cuya retribución media ha aumentado un 25%, la mayor de todos los cotizantes, hasta los 2.315 euros. En este sentido caber recordar que en estos puestos los Gobierno y algunas comunidades suelen 'colocar' a sus ministros y altos cargos cuando cesan en su puesto.
Una evolución que refuerza la idea de que muchas decisiones de política económica no se toman por personas muy poco afectadas por ellas como empleadores. Algo que puede explicar la lejanía entre algunas decisiones y la economía real.
